Ley a medida de un partido

Una ley con nombre y apellido para favorecer a un único destinatario es siempre una mala ley. Es lo ocurrido con la norma sobre financiamiento de los partidos, que tuvo media sanción parlamentaria con la sola aprobación de los senadores del Frente Amplio en sus artículos más controvertidos. Lo votado por el oficialismo merece dos objeciones de peso. Una es la prohibición de que las empresas puedan aportar a las campañas de los partidos. La otra es disponer que la mitad de los espacios gratuitos cedidos para propaganda por los medios de comunicación se asignen en proporción a los votos obtenidos en la elección anterior.

Lo que realmente se necesita es transparencia, eliminando aportes anónimos que puedan esconder la búsqueda de favores indebidos de un nuevo gobierno. En esto todos están de acuerdo. Pero ese peligro se evita disponiendo que todas las contribuciones estén plenamente identificadas, lo que permitirá el control futuro de posible compra de beneficios oficiales. Y eliminar la contribución de empresas no tiene mayor efecto, ya que un empresario puede aportar individualmente en vez de hacerlo en nombre de su firma. La distribución de espacios proporcionalmente a los votos anteriores, por otra parte, viola el principio de igualdad y discrimina entre los partidos, como falló la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el año pasado al declarar inconstitucional un curso similar contenido en la cuestionada ley de medios.

Detrás de estos temas está el intento del Frente Amplio de evitar aportes que puedan favorecer más a otros partidos y de sacar rédito de haber sido el partido más votado cinco años antes. Su objetivo se evidenció en los endebles argumentos del oficialismo para defenderse de las advertencias opositoras de inconstitucionalidad. La senadora Constanza Moreira cargó contra la SCJ por su fallo anterior. Afirmó que "una cosa es hacer el control de la constitucionalidad y otra es intervenir en la política pública", como si toda ley, sin excepción alguna, no fuera de natural competencia interpretativa de la SCJ. Y su colega Charles Carrera cayó en el disparate de afirmar que "el único que puede interpretar la Constitución de la República es el Poder Legislativo". Si así fuera, no tendría razón de ser la existencia de la SCJ como garante exclusivo de la vigencia de la Constitución.

La controversia sobre constitucionalidad, de todos modos, no esconde el obvio propósito del Frente Amplio de aprovechar su actual mayoría parlamentaria para tratar de sacar, como sea, indebidas ventajas publicitarias en la próxima elección, para la que todas las encuestas lo muestran más débil en intención de voto que en las tres anteriores. La forma lícita de ganar respaldo popular es, primero, gobernar bien, campo en el que el Frente Amplio flaquea en muchos frentes. Y en segundo lugar, competir en pie de igualdad con las demás opciones electorales para que los ciudadanos puedan comparar y elegir libremente, en vez de ser inducidos por campañas con más espacios publicitarios o más dinero. El Frente Amplio ha optado por este último curso, lo que no solo lo pone de espaldas a la legalidad constitucional como ya lo interpretó la SCJ, único órgano del Estado facultado para fallar en estos temas. Es además una demostración de debilidad electoral, que pretende atenuar con el manotazo de una ley hecha a su medida.