Los ladrillos en el camino para cumplir con la meta en vivienda

Para algunos puede ser el conocido "sueño de la casa propia". Otros pueden tener ideas un poco menos ambiciosas y proyectar un alquiler que les permita independizarse. Y hay otra cantidad de uruguayos que, entre paredes de chapa, buscan algo tan básico como tener una vivienda digna para ellos y sus familias. Tantos como los integrantes del 4% del total de hogares del país que vive en asentamientos irregulares.

La discusión del proyecto de ley de vivienda popular de Unidad Popular en Diputados –que ahora tiene media sanción– volvió a centrar el debate sobre las políticas de vivienda aplicadas en los 13 años que van del gobierno frenteamplista.

Mientras desde la oposición la crítica es unánime y se entiende que las medidas tienen fallas, desde el oficialismo se reconocen insuficiencias con el matiz de que en este último tiempo se han tomado más cartas en el asunto, traducidas en legislaciones que, afirman, mejorarán esa situación.

Salvador Schelotto, director Nacional de Vivienda, dijo a El Observador que no existen los recursos suficientes para "poder realizar una transformación más rápida y significativa", especialmente de las situaciones de emergencia habitacional. Prueba de ello es que del total del PBI, el Estado destina 0,4% a Vivienda y de ese monto no sobra un peso.

Algo similar planteó la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, cuando hace poco más de un mes reconoció al semanario Búsqueda que "se ha hecho mucha cosa pero no se ha movido la aguja" como el gobierno querría. "Nosotros hemos operado sobre muchos asentamientos y lugares precarios, pero han nacido otros", dijo la vicepresidenta. A principios de este período de gobierno, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) se planteó los objetivos para el quinquenio 2015-2019 y destacó que "los programas de vivienda deben contemplar la heterogeneidad de los hogares destinatarios, buscando la integración y la inclusión de los distintos sectores de población".

Entre esos programas se encuentra, por ejemplo, el Plan Juntos, bebé mimado del expresidente José Mujica durante su gobierno y que con la segunda presidencia de Tabaré Vázquez dejó de recibir donaciones del exmandatario y pasó de la órbita de Presidencia a la del Mvotma. Durante 2016, el plan tuvo el mayor presupuesto de su corta historia (surgió en 2010) y el gobierno aspira a seguir manteniéndolo porque, según había dicho Schelotto hace un año a El Observador, está pensado para satisfacer las necesidades de "los más pobres dentro de los pobres".

Teniendo en cuenta otros programas, como el de cooperativas, entre 2015 y 2017 se finalizaron 28.180 viviendas y hay en ejecución casi 20.000, según cifras del gobierno.

De hecho, Schelotto destacó el programa de cooperativas como el de mayor éxito, por el que se apunta a brindar solución habitacional a través de un sistema que puede solicitar préstamos al Mvotma.

Schelotto también destacó como paso importante que el gobierno haya aumentado los topes de ingresos que se requieren para acceder a los planes de vivienda, que en su versión anterior dejaban a una gran cantidad de la población afuera. El cambio implica que, desde este año, se tienen en cuenta no solo los ingresos sino la cantidad de integrantes por hogar.

Ese cambio incluye a todos los programas para acceder a una vivienda como el de las cooperativas, el de Vivienda de Interés Social (ahora denominado de Vivienda Promovida) y el de compra de vivienda usada con subsidio, entre otros.

Precisamente, el sistema de subsidio fue destacado por Schelotto como uno de los pilares más importantes por ser "progresivo, progresista y justo". "Las familias acceden a una vivienda digna sin importar sus ingresos, hay un abanico amplio y pagan en función de su capacidad de pago, la brecha la cubre el subsidio", resumió.

Pero no todo es color de rosa, o de ladrillo, cuando del acceso a la vivienda se trata. Para el economista Daniel Olesker, exministro de Desarrollo Social, director del Instituto Cuesta Duarte y asesor de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), comparado con otras políticas sociales, la de la vivienda "se encuentra varios escalones abajo".

El economista destacó que desde hace pocos meses hay una ley de subsidio que permite independizar el acceso a la vivienda del poder adquisitivo. Pero insistió en que hay programas –como el de Vivienda Promovida– que siguen estando pensados para sectores de la sociedad que están más cerca de la clase media-alta que de la baja.

También destacó que hubo una recuperación de zonas urbanas y de niveles de inversión, pero que esos niveles siguen siendo insuficientes. En ese razonamiento del "debe y el haber", Olesker mencionó que durante los tres últimos gobiernos se trabajó en vivienda desde el gabinete social y el gran "pero" fue el freno a algunos programas de mitigación de situaciones de extrema vulnerabilidad, como el Siete Zonas aplicado en la administración pasada y anestesiado a partir de 2015.

Olesker resumió el problema actual con tres palabras: falta de financiamiento. "Se podría haber avanzado pero la principal problemática fue esa y hoy es la principal restricción", opinó.