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Los Palomares por dentro, una jungla de bloques dominada por narcos

Mientras el gobierno elabora un plan para terminar con Los Palomares, sus vecinos se ilusionan con un realojo que los saque de la guerra narco
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02 de junio de 2018 a las 05:00
Cuando a Norma le hicieron entrega de la llave de su pequeña casa de bloques en el complejo de viviendas Unidad Misiones (Aparicio Saravia y San Martín), el líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate regresaba de un exilio de 11 años para ser detenido en el puerto por oficiales de la Armada. El 16 de junio de 1984 fue notificada por el Ministerio de Vivienda de la época que por ser madre soltera de cuatro mujeres y por no tener ingresos como para costearse un alquiler, había sido beneficiaria de una vivienda en aquella urbanización que entre los vecinos empezaba a ser conocida como Los Palomares.

Las 520 viviendas repartidas en edificaciones de dos plantas fueron construidas en la década de 1970 con el objetivo de reducir los rancheríos que por aquel entonces comenzaban a formarse en la zona, poblados por los miles que llegaban desde el campo para probar suerte en la ciudad. Se suponía que aquella sería una solución transitoria, mientras se construía una alternativa definitiva, pero tras 43 años el complejo Los Palomares sigue en pie.

Los Palomares
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En los 34 años que pasaron desde que Norma llegó al barrio muchas cosas cambiaron. Los vecinos comenzaron a intervenir las viviendas, les agregaron ventanas y habitaciones, construyeron muros alrededor de las propiedades, y hasta casas enteras en lugares que antes eran de libre circulación.
Esta situación tuvo dos efectos en el barrio: por un lado, muchas viviendas sufrieron daños estructurales graves, ya que eran demasiado precarias para resistir reformas; por otro, el lugar se volvió inaccesible para la policía. Si desde su concepción el proyecto original no incluía calles internas, la situación empeoró con la construcción de muros y habitaciones en las áreas pensadas para la circulación.

Eso convirtió a Los Palomares en el refugio ideal para los narcotraficantes, y toda clase de delincuentes, que aprovechan el desorden del lugar para desaparecer. Por esta razón, el Ministerio del Interior primero, y ahora el presidente de la República, Tabaré Vázquez, buscan acelerar un plan que permita realojar a las familias y derribar parte del barrio para –en una primera etapa– colocarle calles internas que permitan un mejor accionar a la policía en el territorio y luego terminar por derrumbar por completo el complejo.

Entre miedo y la incertidumbre

Norma dormía una noche cuando sintió los gritos de una mujer desesperada. A menos de 50 metros de su casa, integrantes de la banda de narcotraficantes Los Chingas copaban y expulsaban de su vivienda a una mujer y a sus hijos a punta de pistola.

Más tarde, escuchó a la policía llegando al lugar. En ese momento supo que aquella mujer había decidido romper el pacto de silencio que se vive en el barrio y hacer la denuncia en la comisaría. "Ella perdió todo, al barrio no vuelve más porque es boleta", dice Norma. Como aquella mujer, unas 110 personas fueron expulsadas de sus hogares por la banda de Los Chingas a lo largo de 2017. Las viviendas eran utilizadas por los narcotraficantes como depósitos de armas, drogas u objetos robados, o bien vendidas a personas afines al grupo criminal.

Quienes hicieron la denuncia recibieron una solución habitacional de parte del Ministerio de Vivienda que puede ser temporal o permanente dependiendo de sus necesidades. Las palabras de la mujer permitieron iniciar una investigación sin precedentes para desarticular a la banda criminal, con el trabajo coordinado del fiscal de delitos económicos, Enrique Rodríguez, el de homicidios, Juan Gómez, y la de drogas, Mónica Ferrero, y la acción de más de 600 efectivos de la Guardia Republicana, en lo que se denominó el Operativo Mirador, el pasado 20 de diciembre.

Las acciones de la policía permitieron capturar a los cabecillas de esta banda, aunque eso no pudo impedir que continuaran operando, ahora bajo el mando de integrantes más jóvenes y que hasta aquella acción ostentaban una menor jerarquía en la organización.

"Espero que hagan el censo y nos realojen. Tenemos miedo, nunca sabés cuando te puede tocar a vos", dice Norma. "¿Si me sacan de mi casa a dónde voy?", agrega.

Andrea, de unos 80 años, contó a El Observador que una amiga del barrio se vio obligada a abandonar su casa cuando integrantes de la banda de Los Chingas la encararon en una parada de ómnibus y le dijeron que tenía 24 horas para irse. Para convencerla de que la amenaza era cierta, le arrojaron un objeto incendiario por un ducto de ventilación del baño. El fuego no se extendió más allá de aquella habitación, pero el mensaje había sido entregado. Esta mujer no denunció, ya que su hija continúa viviendo en el barrio.

El barrio por dentro

Sobre Aparicio Saravia, a una cuadra de la Seccional 17, hay un autoservicio abandonado al que ya no le quedan ventanas y cuya reja de hierro deformada está cerrada por una cadena. En su interior, todavía se puede ver las góndolas cubiertas de hollín, las paredes negras, y algunas bolsas en el suelo. Son los restos de un incendio.

Según contó un vecino del barrio –que prefirió no ser identificado–, el dueño mató a un delincuente que intentó robarle. El muerto era un conocido criminal del lugar, uno de los integrantes de la banda de Los Chingas.

Tras el hecho, el comerciante y su familia abandonaron Los Palomares. Sabían que la consecuencia de meterse con algún miembro de aquella familia solo podía ser la muerte. Pocas horas después, integrantes de la banda, incendiaron el comercio y la casa del hombre. Para él, volver a al barrio es imposible.

A metros de allí, también sobre Aparicio Saravia, otra casa luce en estado ruinoso. La puerta metálica fue deformada a golpes, los vidrios de las ventanas están por todas partes y en el suelo se pueden ver cientos de bolsas de basura. Quienes habitaban esta vivienda también habían sido víctimas de la banda criminal. Por alguna razón, la vivienda se convirtió en un basurero.
Como esta, son varias las viviendas que fueron arrasadas por el grupo narco, y en varios pasillos casi todas fueron desalojadas. Algunas de ellas se convirtieron en bocas del grupo criminal, otras fueron vendidas. De hecho, una anciana se mudó a una de estas propiedades hace apenas un mes, contó una vecina.

Un laberinto

Para los allanamientos, la policía suele emplear drones que vigilan desde el cielo los techos de Los Palomares. Es que las constantes reformas que han realizado los vecinos en sus viviendas no solo hicieron más difícil el acceso de la policía, sino que también aumentaron las vías de escape para los delincuentes.

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Un vecino, por ejemplo, construyó una escalera que permite acceder desde su propiedad hasta la azotea, la que usa para colgar ropa, aunque la estructura nunca fue pensada para ese fin. Enfrente a esa propiedad se reúne un grupo de adictos que compra en la boca de pasta base del lugar.
La construcción de esa escalera irregular causó que el techo de una vivienda ubicada abajo se desfondara. La familia que vive en ese lugar debió dejar la casa por el riesgo a que el inmueble se viniera abajo.



Los rumores

Juan Carlos, un vecino que ha vivido en Los Palomares por 40 años, dijo que hay preocupación sobre dónde podrían ser realojados, en caso de que Vázquez cumpla su palabra. Para este veterano hay un poco de "exageración y de verdad" en lo que se comenta del barrio. "Yo no he tenido problema con ningún vecino. Voy de mi casa al trabajo", agregó.

Marcela, quien responde a El Observador desde el interior de un local de tragamonedas ubicado en el interior del barrio, asegura que desde que la policía detuvo a los cabecillas de la banda de Los Chingas el barrio está más tranquilo, y apuntó que quizá no le serviría mudarse porque en Los Palomares no paga ni luz, ni agua.

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Antonio, que llegó al barrio hace nueve años, dice que escuchó el rumor de que podría ser realojado en Playa Pascual, algo que no le gustaría. Lo cierto es que el plan del Poder Ejecutivo para Los Palomares es manejado con reserva por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República, y no hay información sobre dónde podrían ser reubicados sus habitantes.
Primero, el Mides deberá elaborar un censo del barrio para analizar los pasos a seguir, algo que todavía no se ha hecho. "Sabemos lo que sabemos por los medios, porque nadie nos ha dicho nada", dijo Antonio y preguntó: ¿Vos sabés algo?

Una recomendación que nadie escuchó

Un informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y presentado en 2005 sobre la situación de Casavalle, señalaba que "si se pretende quebrar la lógica de 'gueto urbano' la demolición (de Los Palomares), es uno de los pasos que hay que dar". El informe agrega que "la implementación de una propuesta de esta naturaleza se pretende en el largo plazo, para lo cual su 'construcción' requerirá de etapas a partir de la definición de una serie de actuaciones".

El informe agrega que la construcción de viviendas de "baja calidad" sumado a la construcción de asentamientos en los alrededores y las ampliaciones irregulares a las viviendas "han dado como resultado un importante nivel de hacinamiento y tugurización (...) la calidad ambiental urbana se encuentra seriamente comprometida".

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