Los riesgos del plebiscito sobre la cadena perpetua

Larrañaga movió fuerte y asumió riesgos políticos. Puso sobre la mesa una iniciativa de consulta popular sobre la "cadena perpetua" y otras medidas en esa línea, justo cuando la sociedad está alarmada por los problemas de delitos y hay un repunte de preocupación por la inseguridad.

La sintonía de la iniciativa con un aparente reclamo popular de dureza en el combate al delito, muestra que el senador blanco tiene chance de lograr éxito en la campaña, pero hay que saber que no es fácil juntar firmas del 10% del electorado, y montar estructura para recopilar y chequear adhesiones.

Es posible que haya otros sectores afines a la iniciativa, pero tampoco es fácil que "Alianza Nacional" consiga socios para esa tarea, porque la campaña electoral implica que los partidos y sectores vuelquen atención en su estrategia y no en la de competidores o asociados.

Los intendentes y otros dirigentes blancos de esa línea (UBD-wilsonismo) se fueron o se quedaron con un pie adentro y otro afuera de Alianza porque no confían en Larrañaga como líder político en proyección, y eso lo hacen aun cuando no tienen a otra figura que se le acerque en popularidad. Si se le suman ahora, sería como abandonar su camino propio.

Desde la otra corriente blanca, Lacalle Pou se apuró a anticipar un apoyo a la propuesta de Larrañaga y pareció quedar embretado, pero cuando conoció el contenido puso una pausa y habló de que iba a estudiar cómo apoyar. Para Lacalle Pou hay más para perder que para ganar con esta campaña que no estaba prevista en su cronograma.

Además, la decisión de Alianza Nacional choca de frente con la estrategia de lograr un lazo entre toda la oposición, o casi toda, para disputar las elecciones de 2019 con buena chance frente al oficialismo.

Por un lado, una iniciativa de esta naturaleza podría actuar como un factor de alejamiento del Partido Independiente o de los desilusionados del Frente Amplio, potenciales socios para esa posible alianza. El PI no se va a sumar a este plebiscito.

Un retorno a 1916 con la implementación de "pena perpetua" y con un mecanismo de insertar en la Constitución de la República asuntos que son de materia legislativa pero no de la principal Carta normativa, no cae bien en esa franja de electorado.

Para cierto votante independiente o frentista desilusionado, la falta de coordinación entre sectores de la oposición genera desconfianza.

Además, el recurso –más allá de que pueda estar inspirado en la buena intención de ayudar a mejorar la seguridad desde ahora– aparecerá como un intento de sumar adhesiones, desde una posición de derrota.

Los ganadores, los que sienten que están en las puertas de un nuevo gobierno, esperan a tomar el poder y aplicar su política con leyes. Los recursos de "democracia directa" están pensados para que los use la gente cuando el sistema político no responde a sus necesidades. Los partidos políticos tienen sus bancas en el Palacio donde se hacen las normas.

Si la campaña fuera exitosa, las medidas entrarían en vigencia en 2020. ¿Si los blancos creen que serán gobierno en 2020, para qué un plebiscito si pueden implementar por ley esas medidas en esa misma fecha?

El que se tenga confianza de victoria no precisa la pesada movilización para el plebiscito.

La propuesta tiene problemas en la forma y en el contenido.

Sobre la "forma", el uso de plebiscito, la Constitución no está para que se le hagan parches como reacción a problemas coyunturales, ni que le inserten cuestiones que no son de materia constitucional.

Sobre el "contenido", el problema de la violencia es grave y debe tener un abordaje desde varios ángulos, pero está claro que no se soluciona con aumento de penas y con la perpetuidad de la prisión.

Hasta el retorno a la democracia en 1985, se habían propuesto al electorado 19 reformas a la Constitución, que se pusieron a votación en 12 instancias de plebiscitos. Todas eran sobre el sistema normativo institucional y las reglas de juego electoral.

Pero en 1989 emergió la primera de las enmiendas peculiares, esas que no son de naturaleza constitucional pero que buscan el espacio de un plebiscito para imponerse: fue aquella sobre reajuste automático de pasividades con indexación al promedio salarial (IMS) y en la misma fecha que el aumento salarial de funcionarios públicos.

Para 1994, los gremios de enseñanza y organizaciones de pasivos impulsaron otras de esas curiosas iniciativas, una para incluir un porcentaje mínimo de presupuesto de educación pública (imposible de asumir) y otra para eliminar cambios al régimen jubilatorio.

En 1999 hubo otro plebiscito con enmiendas sobre presupuesto del Poder Judicial y sobre la incompatibilidad de director de ente y postulación electoral.

Y en 2004, con el impulso del sindicato de OSE y el respaldo del Frente Amplio se votó la enmienda para la estatización de servicios de agua potable y saneamiento.

En 2009, organizaciones de izquierda impulsaron una enmienda sobre una especie de anulación de la Ley de Caducidad, mientras que el FA propuso otra consulta sobre voto epistolar (esta última sí entra en lo que es materia constitucional).

Y en 2014 fue el plebiscito sobre la "baja de edad de imputabilidad penal".

Ahora hay tres en marcha, dos para anular la "inclusión financiera obligatoria" (la primera se caerá y la segunda, de comerciantes del este tiene chance de convertirse en plebiscito) y otra para prohibir impuestos a las pasividades.

La propuesta de Larrañaga puede servir al caudillo blanco para reagrupar sus fuerzas, pero lo puede exponer a una frustración dura. Al Frente Amplio le puede servir para movilizar juventud en una campaña como la del "no a la baja", en este caso con "no volver a 1915"

Pero también puede exponer al oficialismo a chocar con la gente que realmente siente drama por las rapiñas y el aumento de homicidios.

Larrañaga sintonizó con una preocupación y demanda popular (por más represión al delito) pero perdió sintonía con potenciales socios para una alianza de gobierno (otros blancos, el PI, y sectores colorados). Antes del Mundial de fútbol, al ver si la campaña prende o no, podremos saber si el líder de Alianza saldrá con más beneficios o con más costos políticos. Su movida es de alto riesgo.