Los tres puntos que dividen al Frente Amplio respecto a los acuerdos comerciales

La Mesa Política del Frente Amplio analizó este viernes un informe sobre inserción comercial internacional, que marca los consensos que existen en la coalición de gobierno respecto a ese tema, pero también plantea una serie de disyuntivas que serán saldadas el próximo 28 de abril, cuando se reúna el plenario de la fuerza política.

El documento, al que accedió El Observador, evidencia que si bien el Frente Amplio reconoce la necesidad de abrirse al mundo en materia comercial, no hay unanimidad respecto a las formas de aproximarse a los acuerdos ni las condiciones que debe poner Uruguay en las negociaciones.

A raíz de las diferencias en la interna de la izquierda respecto al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile –firmado por el gobierno uruguayo a fines de 2016, pero aún no refrendado por el Parlamento– el Frente Amplio creó en febrero pasado una comisión de inserción internacional, encargada de redactar un documento que abordara las distintas posiciones de los sectores y sirviera como puntapié para la discusión de una postura final del oficialismo.

Esa comisión –integrada por el subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino, el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa), José Bayardi, Julio Bango (Partido Socialista) y Gustavo Buquet (Casa Grande)– entregó este viernes a la Mesa Política su informe, que ahora hará las correcciones que crea pertinentes y enviará el documento al plenario.

El texto, titulado "Orientaciones políticas para la inserción comercial internacional del país en los próximos dos años", expresa que "los acuerdos comerciales constituyen instrumentos de una política de inserción internacional del país" y que "esa política, al igual que el resto de las políticas públicas, debe estar al servicio de la estrategia de desarrollo del país".

Entre los puntos en los que hay acuerdo está la necesidad de excluir "de cualquier acuerdo comercial, económico o de inversiones" a "todos los sectores de servicios vinculados a políticas sociales", como "los derechos humanos, como por ejemplo la salud, la educación, la vivienda, el agua, o la cultura". En ese sentido, se remarca que "los sectores donde Uruguay tiene empresas estatales han de ser preservados en el marco de acuerdos comerciales".

Asimismo, el informe señala que "la negociación de los acuerdos debe estar respaldada por estudios previos que analicen los impactos", tanto previo a la firma como a posteriori.

Si existe una apertura consensuada a los acuerdos comerciales, ¿qué es lo que tranca la aprobación de acuerdos como el firmado con Chile?

De acuerdo al informe redactado por la comisión, existen tres puntos en los que hay propuestas diferentes en la interna de la coalición: la aceptación de listas negativas, la aceptación de cláusulas trinquete y statu quo, y la disposición a incluir el comercio electrónico dentro de los acuerdos comerciales.

La aceptación o no de listas negativas en los acuerdos comerciales es uno de los temas más sensibles en la discusión interna, ya que el TLC firmado con Chile sigue ese esquema.

A diferencia de las listas positivas, por las cuales los países firmantes enumeran los sectores expresamente incluidos en el acuerdo, las listas negativas enumeran aquellos sectores que no quedan incluidos, por lo cual se sobreentiende que todo sector no nombrado en la lista queda automáticamente sujeto a las obligaciones del tratado.

Según una de las posturas dentro del Frente Amplio, mantenida por los sectores más a la izquierda de la coalición, las listas negativas "presentan varios problemas y obstáculos al desarrollo", ya que "sectores y actividades que pueden no estar aún desarrolladas en el país o que no existen, quedan sujetas a las obligaciones". Según esta visión, las listas negativas "pueden representar una especie de trampa al desarrollo", expresa el informe.

Por su parte, una segunda propuesta admite que las listas negativas "presentan problemas y pueden generar obstáculos al desarrollo", pero no se cierra a ellas. Esta línea política plantea que "en caso de ser inevitable la negociación con enfoque de listas negativas, deberán establecerse cláusulas precautorias y de reaseguro ante desarrollos futuros que puedan afectar la soberanía e intereses del país".

A esta última postura se aferra, por ejemplo, el Frente Líber Seregni, sector al que pertenece el canciller Rodolfo Nin Novoa.

Otro punto controvertido es la inclusión de cláusulas en los tratados que restringen las posibilidades de cambiar las reglas de juego, como las llamadas cláusulas trinquetes y cláusulas statu quo.

Según el informe presentado ante la Mesa Política, ese tipo de cláusulas "también presentan riesgos y obstáculos al desarrollo", ya que implican "un tipo de abordaje liberalizador para la negociación de compromisos en los acuerdos".

Sin embargo, como en el caso de las listas negativas, existen dos posturas respecto a dichas cláusulas: una señala que los acuerdos que negocie Uruguay "no deben" incluirlas. La otra posición expresa que ante "la eventual existencia de cláusulas trinquete o statu quo, deberán abordarse teniendo presente la dimensión y el grado de desarrollo de los países con los que se negocia".

Si bien Casa Grande y el Partido Comunista interpretan que el acuerdo con Chile incluye este tipo de cláusulas, tanto Cancillería como el Frente Líber Seregni sostiene que eso no es así.

El tercer punto de la discordia tiene que ver con la inclusión, en los tratados, de capítulos específicos referidos a comercio electrónico.

Mientras que unos sostienen que esa área no debe negociarse en los tratados, otros sectores del FA le abren las puertas a la negociación del comercio electrónico, siempre que se eviten sus "consecuencias negativas", como la concentración de poder de las plataformas multinacionales y las prácticas anticompetitivas.

A partir de ahora, los sectores deberán definir sus posiciones para presentarse en el Plenario, donde además de definir cuál es la posición del FA respecto a los tres puntos, se someterá a votación el TLC con Chile, así como la integración de Uruguay al Tratado de Cooperación de Patentes.

Para ello, será determinante la posición que adopte tanto el MPP como el Partido Socialista, que aún no se han pronunciado sobre el tema. Si bien un informe técnico del MPP sugería oponerse a ambos tratados, la postura de los principales líderes de la agrupación (como José Mujica y Lucía Topolansky) es favorable a su aprobación.

Las posturas conocidas son las del Frente Líber Seregni (que apoya los tratados), y la posición de Casa Grande y el Partido Comunista, que se oponen a la aprobación de los dos tratados.