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Macri se asegura un triunfo político pese a que debe pagar elevado costo

La represión le generó críticas, pero con su ley de jubilados Macri demostró gobernabilidad
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20 de diciembre de 2017 a las 05:00
La controvertida reforma previsional en Argentina supuso una victoria importante para el presidente Mauricio Macri, que derrotó una lógica inherente a la política argentina: que a un no peronista, pasada la mitad de su mandato, se le complica obtener gobernabilidad y triunfos políticos de fondo.

Pero así y todo, pagó un elevado costo político, que sus adversarios comienzan a cobrarle.

El presidente y líder de la coalición Cambiemos estaba esperanzado que el triunfo en las elecciones legislativas de octubre significarían una señal de apoyo que le permitieran consolidar su modelo de gestión.

El contundente triunfo que obtuvo en las legislativas fueron el espaldarazo necesario para implantar un paquete de reformas, entre las cuales se incluía la reforma jubilatoria, aunque con un afán mucho más pretensioso: bajar de cualquier forma el déficit fiscal situado en el entorno del 5%.

El presidente escogió un momento poco propicio para poner a consideración del Congreso la polémica iniciativa, pues diciembre siempre se caracterizó en Argentina por ser un mes que sirve como catalizador de distintas protestas de índole social.

La aprobación en la Cámara de Diputados se produjo en la mañana de este martes, luego de una extensa sesión en la que hubo reproches y recriminaciones por doquier.

Con el preludio de violentos incidentes –promovidos desde grupos de izquierda radical–128 votos a favor, 116 en contra y dos abstenciones marcaron el final de una jornada parlamentaria tensa como pocas.

El proyecto de ley, que consagra un cambio en la actualización del cálculo de las jubilaciones, genera más críticas que apoyos, aunque Macri –en una incontrastable muestra de astucia política– se aseguró de antemano el apoyo de 12 gobernadores, entre cuyas provincias prometió distribuir el monto del ahorro generado por la aplicación de la reforma previsional, estimado en unos US$ 5.600 millones.

Sin embargo, la imagen del presidente quedó en entredicho por la entidad de los disturbios y luego que una jueza ordenara a la Policía –a la que apoyó la Gendarmería– que no utilizara armas de fuego para reprimir a los manifestantes.

Los puntos medulares de una ley polémica

El sistema jubilatorio argentino se convirtió en las últimas décadas en un talón de aquiles para los gobiernos de turno. En 1993, se había aprobado un régimen mixto de capitalización individual, que introdujo la figura de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

Supuestamente, ese cambio drástico hubiera permitido disminuir el déficit fiscal, pero las administraciones kirchneristas no lo entendieron así y en 2008 el régimen fue derogado y se volvió al sistema público.

Casi diez años después, Macri también decidió hincarle el diente al régimen jubilatorio y promovió la reforma aprobada este martes.

El principal cambio introducido por la ley es que, en lugar del ajuste semestral (50% basado en la evolución salarial y 50% en la recaudación) se pasa a un cálculo basado en 70% de inflación y 30% del índice de ajuste salarial.

Además, los aumentos jubilatorios ya no serán semestrales sino trimestrales. El gobierno dispuso que en marzo se pague un bono para compensar las diferencias.

Represión daña la imagen del gobierno

Ciento sesenta y dos heridos y 68 detenidos: ese fue el saldo de las violentas protestas ocurridas este lunes en los alrededores del Congreso y en la céntrica avenida 9 de Julio, luego que organizaciones de izquierda radical enfrentaran a la policía.
En principio, solo efectivos de la policía metropolitana fueron asignados al control de los manifestantes, que arrojaron piedras, botellas, otros proyectiles y hasta explosivos caseros a la policía, que luego fue apoyada por la Gendarmería.
La jueza Patricia López Vergara había dispuesto que la policía descartara el uso de "armas letales" en el procedimiento, pero al final los manifestantes fueron reprimidos con gas pimienta y balas de goma.

Sin llegar a justificar la represión, cuya onda expansiva terminó por afectar –tal como había sucedido la semana anterior– la imagen de su gobierno, Mauricio Macri adjudicó las protestas a una campaña "orquestada" por la oposición y grupos radicales, entre los cuales se incluye el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, algunos de cuyos dirigentes ejercieron un rol clave durante las manifestaciones.

"Ganar la calle", factor de presión

Las protestas callejeras han sido una herramienta decisiva para el movimiento peronista -sobre todo a través de su rama sindical- pero también de los movimientos radicales de izquierda.

"Ganar la calle" ha pasado a ser un factor político de peso, que el macrismo logró contrarrestar a principios de año con una masiva marcha de apoyo al gobierno, luego que gremios de la educación salieran a la calle reclamar mejores condiciones de trabajo y, sobre todo, aumentos salariales.

Lo cierto es que la presión de la calle se institucionalizó como un mecanismo de protesta, que volvió a representarse en toda su magnitud con las manifestaciones de este lunes.

Pero además, esta suele ser una alternativa de presión sobre aquellos gobernantes que no provienen del peronismo, como sucede justamente con Macri, a quién sus adversarios políticos y representantes de organizaciones sociales y sindicales le recuerdan cada vez que pueden su condición de dirigente de derecha.

En este caso concreto, la aprobación de la reforma previsional contó con una doble oposición: la política en el Congreso y la social en las calles

El apoyo crucial de los gobernadores

Más allá de tener mayoría parlamentaria, el presidente Mauricio Macri necesitó del vital apoyo de 12 gobernadores para que los cambios en el sistema previsional tomaran fuerza de ley.

En un país en el que la denominada grieta política entre macristas y kirchneristas es cada vez más evidente, hubiese sido harto difícil poner en marcha una reforma de esa envergadura sin disponer de apoyos políticos.

Y Macri lo consiguió. Pero está claro que para algunos referentes de la oposición, el resultado no fue producto de una negociación sino lisa y llanamente de una operación de chantaje.

De acuerdo con esa teoría, el presidente se aseguró el apoyo político a esta controvertida reforma a cambio de asignar, de manera proporcional, entre esas provincias, los ahorros generados por la implementación de la ley.

De hecho, el presidente aseguró este martes que la gobernabilidad no estaba en discusión.

Lo cierto es que el encuentro previo con los gobernadores, la mayoría de los cuales no responden precisamente al oficialismo, fue la llave que abrió el camino a la aprobación de la ley.

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