La Intendencia de Maldonado busca acelerar el desalojo de terrenos ocupados ilegalmente y para eso solicitó colaboración de las fiscalías y el Poder Judicial.
Desde julio de 2015 hay unas 150 denuncias por ocupación ilegal que están en la órbita de la Justicia penal pero que se encuentran trancadas porque no tienen un fiscal asignado tras el cambio de Código de Proceso Penal (CPP), explicó a El Observador el director de Vivienda de la comuna, Alejandro Lussich. Además de eso se han sumado otras 30 denuncias desde que entró en vigencia el nuevo CPP.
Para destrancar los expedientes, las autoridades de la intendencia se reunieron este lunes con el
fiscal de Corte, Jorge Díaz, que se comprometió a asignar fiscales en las causas que están pendientes. Además, se estableció la conformación de un grupo de trabajo formado por los
fiscales de Maldonado y los abogados de la intendencia para establecer un protocolo ante las denuncias de desalojo. Por otro lado, se le encargó a la directora de Asuntos Legales, Adriana Graziuso, que tomara contacto con la Suprema Corte para agilitar las denuncias penales.
Entre las causas pendientes más grandes está la del asentamiento Los Eucaliptus y la ocupación de la zona de Punta Negra. En esta última causa la intendencia sospecha de la existencia de un organización delictiva que fomenta la ocupación y vende irregularmente los terrenos.
Lussich sostuvo que es importante el desarrollo de un protocolo para agilizar los desalojos ya que este año se prevé un aumento de la demanda de trabajo en la
construcción y se espera un aumento de la migración interna hacia Maldonado, lo que desemboca en la ocupación ilegal de terrenos.