Más presión para Venezuela

No pierde el temple ante las cámaras. Aun bajo las más graves acusaciones, se mantiene calmado y con sonrisa de mármol. Solo hay dos opciones: se sostiene en un convencimiento férreo en la "revolución bolivariana", o tiene un estómago de hierro a prueba de todo tipo de señalamientos.

Lo cierto es que Maduro viene soportando una serie de situaciones que harían tambalear a cualquier mandatario: desde sanciones del gobierno de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, hasta el rechazo de la mayoría de sus homólogos de la región.

Las cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 20 de mayo fueron el detonante de toda esa presión internacional. Lo más reciente está dado por la OEA, organización que afirma tener "fundamento suficiente" sobre la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela cometidos entre 2014 y 2017; informe que podría llevar a Maduro y a otros altos funcionarios de su país ante la Corte Penal Internacional de La Haya.

El otro hecho grave contra ese gobierno es la resolución de la OEA del pasado martes que abre la puerta a una eventual suspensión de Venezuela de la organización, por quiebre del orden democrático. Pero todo esto, ¿qué consecuencias puede tener?

"Un proceso y eventual juicio a altos funcionarios de Venezuela en la Corte Penal Internacional de La Haya es un proceso lento y de difícil resolución porque, como tal, no tiene precedentes. Los casos más cercanos fueron los juicios de Nuremberg a oficiales alemanes por crímenes en la II Guerra Mundial (1945); el juicio a Jean Paul Akayesu (acusado de genocidio en Ruanda en 1995); y el de Slobodan Milosevic (presidente de Yugoslavia, por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio en 2001). Sin embargo, esos precedentes son muy diferentes al caso venezolano porque actuaron tribunales ad-hoc, no el de La Haya. Además, el Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia recién a partir de año 2002", dijo a El Observador Milos Alcalay, exembajador de Venezuela, abogado y especialista en temas internacionales.

El Tratado de Roma, que sí aplica para el caso venezolano, significa que, por ejemplo, los acusados no pueden invocar inmunidad, o señalar que el proceso debe realizarse en su país. Además, los delitos de lesa humanidad no prescriben, por lo que si hubiera una transición de mando en Venezuela, Maduro sería igualmente procesado por sus acciones durante el período de su gobierno.

Ante un posible escenario de que Maduro y su equipo de gobierno sean hallados culpables por la Corte Penal Internacional, la condena se ejecutaría a través de las instancias internacionales. "Un escenario sería esperar a que salgan de Venezuela para arrestarlos en el exterior o que, en el caso de una transición política, las mismas autoridades de ese país los entreguen, como sucedió con Milosevic", dijo Alcalay.

Más allá de los resultados que se logren con un juicio internacional sin precedentes (y por ende con ciertas incertezas), "el hecho de que se abra un caso de estas características contra un presidente en ejercicio en La Haya es un gran paso en materia de derecho internacional público", opinó el diplomático.

Sin embargo, hay que tener en cuenta algo fundamental: aunque la Corte Penal Internacional, llegado el momento, encuentre culpable al gobierno de Venezuela de crímenes de lesa humanidad, esto no significará que necesariamente este tenga que dejar el mando.

Es claro que Maduro y otros altos funcionarios venezolanos serían objeto de un repudio internacional más abiertamente declarado, pero la historia muestra que, aun así, muchos gobernantes se mantienen aferrados al poder.

En la medida en que el gobierno de Maduro solicitó salir de la OEA el 28 de abril de 2017 y ese proceso está en marcha, una posible suspensión de Venezuela por parte de la organización tiene una penalidad más moral que efectiva.

A diferencia de la expulsión, si la suspensión procede, Venezuela podría retornar a la OEA una vez cumpla con los requisitos de democracia y derechos humanos que se exige a los países miembros.

Existen dos precedentes: la expulsión de Cuba (con Fidel Casto, desde 1962), y la suspensión de Honduras (con el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya, en 2009). En el primero, el gobierno de La Habana fue expulsado de la organización por su adhesión al marxismo-leninismo. En el segundo, la suspensión se dio por ruptura del orden democrático. Una vez reestablecido, Honduras retornó a la OEA, en 2011.

Como era de esperar, el gobierno venezolano rechaza la posición de la OEA y la descalifica por "responder a intereses imperialistas".

No obstante, cabe observar que Maduro ordenó la liberación de un nuevo grupo de presos políticos el pasado 2 de junio y sugirió tener disposición a aceptar ayuda humanitaria para que ingresen alimentos y medicinas al país, lo que hasta ahora había rechazado de plano.

¿De qué servirá esto? Será un alivio para muchos venezolanos, pero de nada le servirá al mandatario si su intención fuera cambiar, negociar, o atenuar el proceso de una investigación a su gobierno que se adelanta con toda la fuerza.

Nótese que mientras Maduro muestra esos mencionados "gestos de buena voluntad", en los últimos días no han mermado en Venezuela los arrestos a militares considerados disidentes, ni las amenazas a la población civil, ni el control social férreo a través de la entrega discrecional de alimentos. También se aproxima una reconversión monetaria que no representa ningún cambio de rumbo en el modelo económico de la revolución bolivariana. Ahí se ven las verdaderas uñas de un Maduro defendiendo su posición sin ceder un ápice.

El gobierno de Donald Trump, por su parte, ha dicho claramente que no detendrá sus sanciones contra los altos funcionarios venezolanos "hasta que se instaure nuevamente la democracia en ese país", como si eso tumbara gobiernos.

Más allá de informes y procesos, una realidad se impone: los venezolanos siguen rebuscándose como pueden para subsistir, protegiendo lo poco que tienen y sintiendo que la esperanza es lo último que se pierde.