M'hijo el funcionario público

El asunto de los familiares aparece a la vera de la decisión del presidente argentino Mauricio Macri de cortar una suerte de subsidio por consanguinidad de sus ministros. Y también en momentos en que los autoconvocados del campo piden, con razón y cierta ingenuidad, ahorrar en lo que el Estado dilapida para apoyar a los sectores en reales dificultades.

Varios gobiernos departamentales, mayoritariamente nacionalistas, aparecen ahora con un manejo discrecional a la hora de contratar personal en momentos en que crece el desempleo y la inestabilidad laboral.

Y eso suma y suma a la lista negra de pérdidas y dislates estatales: US$ 800 millones en ANCAP bajo la presidencia de Raúl Sendic, que incluyen ruinosos negocios con cementeras y una fábrica de bebidas en venta que nadie desea comprar. Se agregan las desventuras de la regasificadora frustrada que costó alrededor de US$ 150 millones, pero al menos el FONDES salió un poco más barato ya que no pudo recuperar los US$ 70 millones destinados a empresas autogestionadas al estilo de ALAS U, la aerolínea cooperativa.

De paso, vale recordar el déficit rampante del BPS que se llevará US$ 689 millones el año entrante y 7 puntos de IVA y el de la caja militar, de unos US$ 500 millones.

Capaz que hacer las cuentas es considerada una mezquindad –de derecha o de izquierda, según se mire–, pero, como sea, el crecimiento, nada desdeñable, mayor al 3%, se lo traga el fisco, que ajuste tras ajuste no ha logrado bajar el déficit del 3,5%.

Parecería que frente a los enormes agujeros del gobierno central, algunos estructurales y otros heredados del gobierno de José Mujica, los desvíos de las intendencias son insignificantes. Los números dirán eso, pero la política puede señalar otra cosa.

Para empezar, un decreto de 2003 impide a los jerarcas la contratación de funcionarios que tengan vinculación con su jefe por lazos de parentesco cercano, algo que ha sido ignorado en los casos divulgados por los medios. En particular resalta el del intendente de Artigas, quien contrató a siete familiares, según informó Telemundo.

Podrá argumentarse que el parentesco ofrece a los jerarcas una confianza difícil de conseguir y que en algunos casos es consecuencia directa del esfuerzo electoral para alcanzar el gobierno departamental. Las sospechas de favoritismo y privilegio sólo podrían aventarse con un currículum adecuado a la función de cada pariente contratado, único justificativo plausible para defender la buena gestión y los recursos públicos. Las sospechas que surgen desde las intendencias blancas le restan impacto político a los pedidos de investigación opositores en distintos ámbitos (ANCAP y el Fondes en el pasado, ahora en ASSE).

Contrataciones, parientes, déficit, millones al tacho, alimentan un descreimiento que le pega a todos y la demanda de respuestas diferentes desde el sistema político. Por ahora, no estarían llegando.