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Abogados de imputados cuestionan que no se investigue a padres de víctimas de Operación Océano
El caso de explotación sexual de menores denominado Operación Océano tiene hasta el momento 20 víctimas identificadas –la gran mayoría jóvenes menores de edad– que mantuvieron contacto con adultos y que, en muchos casos, tuvieron sexo a cambio de dinero, lo que está penado por la ley. La fiscal Darviña Viera logró que 33 personas fueran imputadas por participar o contribuir en esta explotación, en la que uno de los delitos más recurrentes fue la retribución o promesa de retribución a menores para mantener relaciones sexuales.
Tras una investigación de varios meses, que tuvo su primera audiencia de formalización a mediados de mayo, Viera ha ordenado la realización de pericias de todos los celulares y dispositivos informáticos de los involucrados en la investigación– y ha recogido evidencias que incluso fundamentan la necesidad de ampliar las imputaciones en más de la mitad de los indagados. Sin embargo, la fiscal ha optado por dejar por fuera de su investigación a los padres de las víctimas, quienes según varios de los abogados de los enjuiciados podrían también tener responsabilidad penal como padres.
“Acá hay claramente una omisión a los deberes de la patria potestad, sin dudas”, dijo el penalista Alejandro Balbi, uno de los abogados defensores, quien aseguró además que “hay clientes que están pidiendo hacer la denuncia” contra los padres.
El delito de la omisión de la patria potestad se aplica a aquel que “intencionalmente omitiere el cumplimiento” de las obligaciones en “la tutela, la cautela o la guarda judicialmente conferida, poniendo en peligro la salud física, psíquica o emocional de las personas a su cargo”, y se castiga con una pena de tres a 12 meses de prisión, según está establecido en el artículo 279 bis del Código Penal.
No obstante, la fiscal Viera, que declaró en varias ocasiones que no consideraba que hubiera delito dijo El Observador que puede haber algún reproche moral contra los padres, pero nada más. “Yo creo que no hay responsabilidad penal de los padres, aunque sí puede haber habido algún descuido, alguna falta de atención, cuidado, o ausencia de conversación con sus hijos, por decirlo de alguna forma”, dijo. “Pero no me parece que haya un abandono”.
Del otro lado, al igual que Balbi, Cecilia Salom –otra defensora de uno de los imputados– cree que es “resorte de la fiscalía” indagar sobre el accionar de los padres, así como en el rol que han tenido en los casos en donde las víctimas recibían dinero para mantener los encuentros con los adultos.
“La fiscalía pudo, puede y podrá indagar porque, además, hay padres que tienen nivel terciario de educación”, aseguró la penalista. “Cuando estás investigando un delito la idea es investigar todos los puntos del delito, si hubo dinero de por medio, a qué cuentas se giró ese dinero, a no ser que sea una investigación flechada”.
Consultada sobre si se refería a que la investigación de Operación Océano estaba flechada, dijo que no tiene “ninguna duda”. “La fiscalía –el órgano. no hablo de personas– ha brindado una opinión absolutamente sesgada de los hechos. Ha hecho tabla rasa de los derechos de las personas a defenderse. Violó el deber de objetividad e imparcialidad de la Fiscalía”, expresó.
En la otra vereda, Raúl Williman, abogado del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, respalda la postura del Ministerio Público. Sigue el razonamiento de que así como las víctimas no son responsables de lo que les ocurrió, tampoco lo son sus padres. Y entre otras normas, citó el numeral cuatro y cinco del artículo 126 Código del Niño y el Adolescente, que establecen que el consentimiento del menor no atenúa la responsabilidad de los imputados, y que los adolescentes, “en el marco de una situación de explotación sexual o de trata, no serán penalmente responsables por los hechos o conductas referidas a esas situaciones”.
Williman –que interviene en la causa como defensor de un grupo de víctimas– se preguntó “por qué les interesa a los imputados la responsabilidad de los padres”, ya que eso no cambia la investigación central del Ministerio Público ni el grado de participación en el delito de los indagados.
Viera no solamente coincide, sino que además está convencida que la estrategia de los abogados de los imputados consiste en generar una distracción.
“Eso es querer desviar el foco. ¿Qué tienen que ver los padres con el delito de la investigación? No van a sacar ni poner nada”, criticó.
