Amado y el Partido Colorado

Lo primero es que el proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo ante el Legislativo tenía este año que hacer algo respecto a uno de los más sonoros y costosos gazapos de los cientos que debemos al régimen frenteamplista: el de haber querido, en 2010, sus capitostes aumentarse el sueldo sin reparar que, haciéndolo como lo hicieran, disparaban un mecanismo legal que equiparaba ese aumento a los de los sueldos de los ministros del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y Corte Electoral.

Y, como corresponde a un sistema administrado por bucaneros presupuestales sin asesoramiento jurídico ni límite de improvisación, todo se hizo en la ignorancia de que el aumento de los sueldos de los ministros judiciales determinaba, por mandato de otra ley presupuestal, el del resto del funcionariado judicial, en escala decreciente, y "hasta el último grado de los escalafones".

A los que llegamos a ver cómo se despedía a un cadete por haber perdido un cheque en un bar de copas aún nos choca que, frente a un mamarracho tan mayúsculo, y en el que se comprometieran por años millones de dólares en recursos públicos, nadie hubiera sido llamado a responsabilidad (y pese a la infaltable petulancia canchera de aseverar que todo se arreglaría "con otra ley"). Bueno: ello explica parcialmente por qué estamos como estamos.

El régimen frenteamplista ya no cuenta con fondos que depredar. Su déficit presupuestal es ingobernable, e irá en inevitable y venezolano aumento. Su angurria tributaria cierra empresas, despide empleados, empuja a la emigración de los más talentosos, aumenta el hambre por rentas vitalicias en el Estado y nos conduce, a tambor batiente, hacia el Uruguay estancado de mediados del siglo XX, llamando a tan triste proceso "progresismo". En tal clima, pagar la factura de su inepcia presupuestal de 2010 le resulta imposible.

De ahí que no haya tenido mejor idea que intentar que el Parlamento aprobara una norma presupuestal cuyo solo propósito era el de borrar, como por encanto, la obligación con los funcionarios judiciales de hoy, o los reclamantes de mañana y con relación a otros multimillonarios furcios frenteamplistas, como el puerto de aguas profundas que nunca existiera.

Y la fórmula mágica la dictó su reconocida barbarie absolutista: que el Poder Ejecutivo disponga por sí y ante sí cuándo debería pagar sus deudas, si ellas surgieran de una sentencia judicial condenatoria.

Aquel art. 733 de la ley presupuestal era un perfecto compendio de la "progredumbre" instalada en el país desde 2005: erradicaba la responsabilidad del Estado por sus actos administrativos; erradicaba la revisión jurisdiccional de tales actos; instauraba una verdadera vasectomía de las sentencias judiciales; mancillaba sin remedio el crédito público; hacía trizas el principio de igualdad en el sostén de las cargas públicas; conculcaba el principio de separación de poderes del Estado.

Y, de paso, arrojaba sobre la Constitución de la República la injuria de aprobar una ley premeditadamente inspirada en su violación.

El art. 15 de la ley de Rendición de Cuentas que el Poder Legislativo viene de aprobar esta semana insiste en esta tropelía. Su proyecto original le abría al Ejecutivo la posibilidad de invocar razones de mejor servicio a fin de incumplir con obligaciones emanadas de sentencias o laudos, eximiéndolo del cumplimiento de plazos legales.

Era y es una transparente chicana, fundada en saber que la norma es inconstitucional por sus cuatro costados y, por ende, pensada para que el afectado tenga que sumar a su reclamo judicial un proceso de inconstitucionalidad de dos o tres años más ante la Suprema Corte de Justicia, en desmedro de su patrimonio.

Y ha sido para ejecutar esta triste faena que el gris régimen se vio en la posición de reclutar al diputado colorado Fernando Amado, apremiadamente dispuesto a aportar el voto faltante, sujeto a una igualmente inconstitucional modificación cosmética de la norma propuesta, a la que, por cierto, no le faltó un toque de zonza gazmoñería: al patearle al afectado su pago hasta el ejercicio siguiente, el todopoderoso Ejecutivo podría hacer una excepción "por razones humanitarias, o de análoga naturaleza (sic)".

El diputado Amado no ha sorprendido a nadie con este paso. Su rumbo es transparente: convencido de que los cardúmenes electorales están en mares frenteamplistas, es un colectivista por conveniencia y cálculo, ansioso por adoptar la agenda del régimen que se desploma con cada día y cada fracaso, en la codicia de adquirir algunas de sus piezas electorales a precio de remate.

El diputado no tiene, pues, problema alguno.

El que sí lo tiene es su partido, tan acoquinado hoy por su falta de mensaje y eco que asiste impávido ante el avance de tan burda amenaza, escudado en aquello de que debe cultivar la diversidad de puntos de vista y la armonía entre sus escasos integrantes.

El Partido Colorado podrá, empero, correr, solo que no puede escapar. Fernando Amado debe, en primer lugar, ser llamado a responsabilidad por su convención: no es y no podría ser, claro, reo de promover ideas divergentes, pero sí lo es de complicidad en la premeditada conculcación de las garantías constitucionales que redactara el mismísimo coloradismo, así como en el fraude ciudadano dispuesto como apaño por parte de un régimen iliberal y de fibra autoritaria.

El secretario general que incurriera en la tontería de pedir en 2015 la conformación de un tribunal de ética que juzgase nada menos que a Jorge Batlle debería estar hoy haciendo su trabajo, a fin de poner a Amado frente a los convencionales.

Y la convención, claro, debe expulsar a Amado. Y lo debe hacer en una sola tarde. Sus integrantes cuentan con la certeza, expresada por Pedro Bordaberry, de que se trata de "una de las peores personas que me tocó encontrarme en política". Han leído sus profesiones de fe colectivista. Están al tanto de su malhadada estrategia exhibicionista: generar confusión y ruido, si ello lo mantiene en los noticieros el tiempo suficiente para llegar a la próxima elección.

Y si el Partido Colorado y su convención no están dispuestos en modo alguno a transitar este proceso, será bueno que lo den a conocer, en tono claro y a la brevedad: así los demás sabremos a ciencia cierta que han renunciado a su tradición y a sus mayores, paralizados por el temor y rehenes de la osadía de un caballo de Troya artesanal, puesto en servicio vaya a saberse a qué precio, por un sistema fracasado.