Anuncian controles a empresas por informalismo de extranjeros

La decisión de abandonar el país natal y buscar nuevos horizontes lejos de casa suele ser traumática. Caminar por un territorio desconocido en esas primeras horas repletas de incertidumbre y miedo no es para nada sencillo, pero aún así hay miles de trabajadores que, por diversas razones, cruzan las fronteras en busca de oportunidades.

Uruguay es un país que sabe de eso. Su historia está estrechamente vinculada a la llegada de inmigrantes, fundamentalmente desde Europa. Sin embargo, en los últimos años el país asomó como un destino apetecible para miles de latinoamericanos.

Ante ese gran crecimiento de pedidos de residencia, y debido a algún caso puntual de abusos por parte de algunos empresarios, los jerarcas del gobierno definieron que este año habrá un especial énfasis en los controles que buscan evitar el informalismo laboral de los extranjeros.

"Hay una mayor presencia de extranjeros trabajando en Uruguay. Vamos a hacer foco en sus derechos como trabajadores", dijo a El Observador Gerardo Rey, inspector general del Trabajo y la Seguridad Social.

Basta prestar un poco de atención para identificar la presencia de nuevos inmigrantes por las calles, más que nada en Montevideo. Los rubros más comunes que han dado empleo a esos funcionarios son la limpieza, la seguridad, la gastronomía y los supermercados, según reseñó Rey.

"A igual puesto, comparado con el uruguayo, esta nueva ola de inmigrantes colombianos, dominicanos, peruanos o venezolanos generalmente tienen un poco más de calificación que sus pares uruguayos", sostuvo el jerarca.

Hubo un caso que encendió las alarmas del gobierno y terminó en los tribunales.

Una empresa constructora tenía 16 colombianos trabajando en negro en dos obras de las calles montevideanas Maldonado y Durazno. Además de carecer de registros ante el Banco de Previsión Social (BPS), varios de los trabajadores, que rondaban los 20 años, no tenían los trámites migratorios.

Luego de constatar esas irregularidades, los inspectores del Ministerio de Trabajo visitaron el lugar donde los colombianos vivían. No había camas para todos, la heladera estaba desconectada y ni siquiera había suficiente agua, según informó el semanario Búsqueda en su edición del jueves 23 de febrero. Los obreros tenían los pasajes de regreso, pero estaban en poder de su empleador. Rey dijo a El Observador que, si bien se trata de un hecho puntual, generó una gran preocupación. Por este hecho, el Poder Ejecutivo presentó una denuncia ante la justicia penal.

El jerarca envió un mensaje de tranquilidad a los trabajadores que vienen de lejos: "Tenemos una mirada especial sobre los extranjeros que vengan a trabajar en Uruguay. Sepan que la Inspección General del Trabajo está para defender sus derechos", sostuvo.

Ante los posibles abusos de parte de las empresas hacia los trabajadores extranjeros, el gobierno decidió enviar un mensaje claro: habrá inspecciones y sanciones.

Contar con trabajadores indocumentados es una de las irregularidades consideradas graves, de acuerdo a lo que establece el decreto 186, del año 2004. Esa reglamentación orienta a la Inspección General del Trabajo respecto a las multas que debe aplicar.

Rey informó que por cada uno de los trabajadores indocumentados que tenga una empresa, deberá pagar una multa de 100 unidades reajustables, unos $ 94.600 de acuerdo al valor de febrero.

Además de pagar, la compañía quedará inmediatamente obligada a regularizar la situación de esos trabajadores de manera urgente.

La Inspección General del Trabajo registró una leve baja en la cantidad de denuncias recibidas en 2016 respecto a 2015. Rondaron las 3.200. ¿Qué denuncian? La mitad, salario y categorías. Del resto, el 35% se queja por cuestiones de riesgos para la salud en el trabajo, desde un andamio en mal estado, el riesgo eléctrico o la indumentaria. El restante 15% son denuncias de acoso sexual y represión sindical.