El gobierno trabaja junto con la comisión de seguimiento de la Comisión para la Paz en el análisis de unos 80 casos que en gobiernos anteriores fueron amparados en la ley de Caducidad, para evaluar su posible desarchivo. “Estamos haciendo una especie de tamizado, sobre todo a nivel de la comisión de seguimiento. Estamos evaluando cuál es el método más conducente: si analizar caso a caso o si hacerlo en su conjunto”, expresó a El Observador el secretario de la Presidencia, Alberta Breccia. Y agregó: “Estamos estudiando toda la situación con insumos del sistema político, jurídico, de los familiares, de los denunciantes”. Consultado sobre una nueva propuesta para terminar con la Caducidad, dijo que hay que tener cuidado de que no se convierta en un “Frankenstein”.
Este miércoles el semanario Búsqueda publica que el presidente José Mujica busca el mejor camino para abrir las investigaciones de los 88 casos relacionados con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y que pidió a un equipo de abogados que investiguen la mejor forma de hacerlo. “Lo voy a hacer”, aseguró Mujica, "la duda es si lo hago caso a caso o lo hago todo junto”. “Yo me inclinaba caso a caso en primer término, pero estoy consultando a los abogados", agregó el mandatario, quien consideró la sugerencia del ex presidente Tabaré Vázquez de derogar la ley 15.848 como “muy sensata”.
Mujica reconoció su preocupación "por la interpretación del fallo de la Corte Interamericana (de Derechos Humanos)" y entiende que es trabajo del Poder Ejecutivo "viabilizar la investigación de todo eso que no se investigó".
Este martes, el catedrático en Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público, Alberto Pérez Pérez, dijo a El Observador que es posible que la Suprema Corte de Justicia emita una sentencia que unifique la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la de inconstitucionalidad de la ley de Caducidad para el caso Sabalsagaray, y se aplique a todos los casos, sin necesidad de estudiar cada uno por separado.
Consultado al respecto, el ministro de la Corte, Jorge Larrieux, dijo a El Observador que “no se ha planteado nada” en este sentido, pero aclaró que “de oficio la Corte no podría ingresar en esa cuestión, sino que tendría que ser solicitada por alguna de las partes del juicio del caso Gelman: por el Estado o por los denunciantes”.
Sin embargo, remarcó que “en principio esto no cambiaría que la prescripción de los delitos (de lesa humanidad) es en noviembre. Habría que estudiarlo, pero no tendría efecto”. Esto significa que la solicitud para esa sentencia general debería tramitarse y tener fallo antes de noviembre de este año.
Al respecto, Breccia opinó que “todas esas posibilidades se manejan, pero por separado. Este es un tema muy complejo, pero el mix puede dar cualquier cosa. Si mezclamos el fallo de la Corte Interamericana, con una posible aplicación general y con la declaración de inconstitucionalidad, que la Constitución dice que es para el caso concreto, puede dar un Frankenstein”.
Por otra parte, fuentes del gobierno expresaron a El Observador que “muy posiblemente la solución (a este tema de la Caducidad) no existe”. “Estamos buscando una solución perfecta y la solución perfecta no existe”, agregó la fuente consultada.
