Burzaco fue uno de los empresarios detenido en Estados Unidos por pagar coimas a los dirigentes de la Conmebol para obtener los derechos televisivos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
El empresario uruguayo Francisco Casal presentó una demanda en la Justicia de Estados Unidos contra la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y ex dirigentes acusados de
corrupción, empresarios y empresas, informó hoy el semanario Búsqueda.
La denuncia fue presentada el 20 de octubre en Florida y tiene como objetivo lograr una indemnización económica por "daños y perjuicios", por no haber sido adjudicado con sus empresas Gol TV y Global Sports de los derechos de televisación del fútbol de la región.
Según el escrito, divulgado por el semanario, Casal acusa a los denunciados de participar "intencionalmente en un esquema" de coimas para favorecer a algunas compañías en la asignación de esos derechos y perjudicar los negocios de Casal. El texto fue corredactado por la ex embajadora de Estados Unidos en Uruguay Julissa Reynoso.
"Los denunciantes buscan una compensación por el daño que sufrieron por la pérdida de los derechos de televisación", asegura el escrito.
La demanda es contra empresas y directivos vinculadas a Fox Sports, Torneos & Competencias y Full Play, además de los ex presidentes de la
Conmebol, Eugenio Figueredo y Juan Ángel Napout.
Entre los empresarios mencionados están
Alejandro Burzaco (ex titular de Torneos & Competencias) y Hugo y Mariano Jinkis ( ex dueños de Full Play), informa Búsqueda.
Por su parte, Figueredo confesó su participación su participación en esos ilícitos ante la Justicia uruguaya.
La demanda también incluye la oferta realizada por Casal y la de las empresas ganadoras. GolTV estaba dispuesto a pagar US$805 millones, mientras que T&C US$ 416 millones.
Figueredo pidió la "libertad por gracia"
Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de la FIFA, pidió la "libertad por gracia" a la Suprema Corte de Justicia por entender "que reparó totalmente el daño causado", según informa el semanario Búsqueda en base al escrito presentado por la defensa del uruguayo.
En el documento, Figueredo reconoce que fue "correctamente procesado", pero señala que no comentió "ningún delito grave". Agrega que el hecho de aceptar ser extraditado a Uruguay "benefició" a denunciantes y autoridades y "fortaleció" el concepto del Poder Judicial del país en el exterior.
También se argumenta que tiene 84 años, es primario y que deberá ser operado próximamente.
