La policía detuvo este martes a cinco integrantes de la banda de
los Chingas, entre ellos la mujer que es señalada como líder de este grupo que en 2017 llegó a expulsar a 110 personas de sus hogares en los Palomares de
Casavalle, informó Subrayado y confirmó
El Observador. Según dijeron fuentes del Ministerio del Interior, la delincuente es la misma que había sido detenida en diciembre en el marco del primer megaoperativo realizado en el barrio, y que fue condenada en marzo a cumplir 15 meses de libertad vigilada.
Los cinco detenidos declararon este martes ante la fiscal especializada en Estupefacientes, dirigida por Mónica Ferrero.
Si bien la policía asegura que la mujer es la cabeza de la organización, el fiscal que llevó su caso cuando fue detenida en diciembre, Enrique Rodríguez, entendió que no tenía una posición protagónica en la banda, sino que asumía distintos roles según le ordenaban, razón por la cual le imputó un delito de extorsión en calidad de cómplice.
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La libertad vigilada, de acuerdo a la ley 19.446 está sujeta al "cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales".
La decisión de la Justicia causó molestias en el Ministerio del Interior ya que la mujer, junto a otros ocho detenidos en diciembre, había logrado reducir su pena acordando con la fiscalía tras asumir su responsabilidad en el hecho. En esa ocasión cinco personas fueron enviados a prisión, cuatro de ellos por el delito de extorsión con una pena de cuatro años. Asimismo, dos fueron condenados por tráfico interno con armas, de los cuales solo uno fue preso por el lapso de 11 meses, mientras que el otro recuperó la libertad pero se le prohibió cambiar de domicilio y portar armas. Asimismo, otra mujer, condenada por receptación, cumple una pena de libertad vigilada.
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Sin embargo, en febrero de 2018 –a dos meses de que fueran detenidos los líderes de la organización y antes de ser condenados-, Los Chingas ya habían vuelto a expulsar vecinos del barrio Los Palomares. Esto continúo hasta los últimos días, incluso después de que e
l Ministerio del Interior realizara un censo en las viviendas e impulsara una serie obras en el complejo, que incluían desde la demolición de algunas construcciones que se encontraban en estado ruinoso –y que eran aprovechadas por el grupo criminal-, hasta la apertura de la calle Gustavo Volpe hacia San Martín.
