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Contrato con Aratirí en el freezer a cuatro meses que expire el tiempo

Gobierno y empresa se pasan la pelota y la definición se sigue postergando

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02 de agosto de 2015 a las 05:00

En diciembre de este año se termina el plazo establecido por ley para que el Poder Ejecutivo y la minera Aratirí (Zamin Ferrous) firmen un contrato de extracción de hierro a gran escala. Sin embargo, hasta ahora la empresa y el gobierno han avanzado poco y nada en las negociaciones, sobre todo porque la firma de origen indio demora la presentación de garantías económicas tanto de mantenimiento del contrato como las ambientales bajo el nuevo marco regulatorio.
Según dijeron a El Observador fuentes oficiales, Aratirí ha enviado "algunas cartas" que en el oficialismo consideran son para "ganar tiempo". En tanto, desde la empresa se informó a El Observador que luego de pasar en limpio el "estado de situación" de las negociaciones, aguardan el llamado de las autoridades para retomar los contactos.

En febrero, el presidente José Mujica (2010-2015) envió un proyecto al Parlamento que tuvo aprobación con votos del Frente Amplio, que amplió hasta el último mes de 2015 el plazo para firmar el contrato. Los contactos en la administración anterior tuvieron idas y vueltas. Hubo momentos de mayor avance y otros de cierta tensión entre la empresa y los actores de gobierno. El cambio de administración, aunque mantuvo a la coalición de izquierda en el poder, frenó el avance de las negociaciones y colocó al proyecto en el freezer.

Hasta ahora, según supo El Observador, la empresa y el gobierno tuvieron algunas reuniones, pero no hay ninguna respuesta concreta de la empresa dando señales de que se van a instalar y cumplir con el pago de las garantías.

Aratirí pretende extraer 18 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro –durante 20 años– con destino a la exportación, de distintos predios que tienen como centro la localidad de Valentines (Treinta y Tres). El complejo minero incluye la construcción de cinco minas y sus áreas de logística asociadas; una planta industrial de beneficiamiento; un mineroducto que saque el hierro hasta el mar, y un puerto en Rocha para subir el producto a barcos. Hasta el momento, la empresa ha aportado distintos estudios de impacto ambiental que exige la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), el último de los cuales fue entregado en mayo de este año y está relacionado con el impacto potencial de la actividad minera en el aire de la zona de extracción y sus alrededores.

La empresa y el gobierno habían estimado que la inversión total del proyecto sería de US$ 2.770 millones. La empresa y el gobierno habían estimado que la inversión total del proyecto sería de US$ 2.770 millones.
El contrato en proceso de negociación establecerá cuál será la inversión total, dato que servirá para determinar garantías y otros detalles como la exigencia de demostrar capital y financiación. Sobre ese punto, de todos modos, no hay mucha información. En abril de 2015 el exministro de Industria, Energía y Minería (MIEM), Roberto Kreimerman, dijo a El Observador que la inversión de Aratirí se estimaba en US$ 2.770 millones. Por lo tanto, para garantizar el mantenimiento fiel del contrato, la empresa debería presentar una garantía equivalente a US$ 139 millones. La ley plantea para ello varias opciones, desde un depósito hasta la presentación de un aval bancario. Si lo hace y se firma el contrato, la empresa tiene luego un año para demostrar su capacidad económica, ya sea con préstamos o líneas de crédito. Si llegado a ese plazo Aratirí no cumple con la exigencia establecida en la ley de minería de gran porte, el contrato cae.

Si las negociaciones no prosperan y se termina el tiempo establecido, la ley establece cómo seguir. En primer lugar, las áreas denunciadas por Aratirí para extraer el hierro ingresarán en el registro de vacancias. Antes de eso, sin embargo, la empresa tiene prioridad para presentar a un nuevo interesado en hacer el negocio, para lo cual tiene 90 días de plazo. Si lo consigue, se activa un nuevo plazo de 120 días sin posibilidad de ser prorrogado, para firmar un contrato.

Si lo anterior no prospera, la ley plantea más de una opción para el gobierno. Entre ellas figura la posibilidad de licitar los permisos para extraer el hierro, o bien constituir un ente público o persona pública de propiedad estatal para que se haga cargo de la tarea.

Un plan B que tiene dificultades logísticas

Antes de dejar el cargo, el presidente José Mujica recibió de parte de la empresa Aratirí una propuesta alternativa para extraer el hierro. Ese plan piloto planteaba la posibilidad de empezar a extraer el hierro, pero a menor escala. Según informó el semanario Búsqueda, la idea consistía en exportar entre un millón y medio y dos millones de toneladas por año, cuando el proyecto inicial tenía previsto sacar al mercado internacional 18 millones de toneladas de concentrado de hierro por año, durante un período estimado de 20 años. Esa posibilidad, sin embargo, nació con más dificultades que el proyecto inicial, ya que debía enfrentar obstáculos logísticos que implican inversiones millonarias, sin contar el aspecto ambiental, que ya le ha traído complicaciones a la firma. Aratirí pretendía, con ese plan más chico, sacar el hierro por tren, pero desde el lugar de las minas no hay vías férreas, y las que pasan cerca no soportan llevar tanto peso hasta Montevideo.
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