Crimen Organizado investigará compra del campo El Entrevero

El fiscal argentino Guillermo Marijuán imputó a Báez y a Pérez Gadín como supuestos integrantes de la red de lavado. Pérez Gadín aparece como indagado además en otra causa. Hoy declarará en el juzgado (ver nota abajo).Por su parte, la Justicia uruguaya comenzó a investigar a estas mismas personas. En base a informes periodísticos presentados en el programa Periodismo para todos –que dirige y conduce Jorge Lanata en Canal 13–, los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido presentaron en el juzgado de Crimen Organizado una denuncia el 26 de abril.

En la denuncia solicitan que “se investigue la posible comisión del delito de lavado de activos por parte de directores, accionistas y apoderados” de una serie de sociedades anónimas radicadas en o vinculadas a Uruguay. En la denuncia, también solicitan que se investigue, por la misma causa, a 14 personas. Entre los nombres, figura el de Daniel Pérez Gadín, presidente de Jumey, la sociedad anónima que pagó US$ 14 millones por El Entrevero.

El 6 de mayo, el fiscal de Crimen Organizado Juan Gómez dio lugar a la investigación al entender que existían los méritos suficientes.
Fuentes allegadas al caso informaron a El Observador que la transacción de El Entrevero se investigará en el marco de este expediente. En ese sentido, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central está investigando la operación y las cuentas bancarias de quienes participaron en el negocio. Cuando reúna la información suficiente, la UIAF presentará una pericia ante el juzgado de Crimen Organizado.

Cooperación binacional

Para que exista lavado se debe probar el origen ilícito del dinero aun cuando el delito se cometió en otro país. La ley de lavado de activos de Uruguay (18.914) penaliza esa conducta “aun cuando el hecho antecedente origen de los bienes, productos o instrumentos hubiera sido cometido en el extranjero, en tanto el mismo hubiera estado tipificado en las leyes del lugar de comisión y en las del ordenamiento jurídico uruguayo”.

Pero la legislación uruguaya difiere con la argentina en los delitos precedentes al lavado. Mientras que la evasión fiscal es un delito precedente al lavado en Argentina, en Uruguay no lo es. Por ello, si se comprueba que la organización acusada por Marijuán lavaba dinero sucio de la evasión fiscal, para las leyes uruguayas no habría delito. En ese caso, si Uruguay no lograra probar el delito de lavado, y la Justicia argentina sí, el fiscal Marijuán podría pedir el congelamiento de los bienes y embargar el campo como medida cautelar.

Esa posibilidad está comprendida tanto en la ley antilavado de Uruguay como en el protocolo de medidas cautelares. El artículo 4 del protocolo de medidas cautelares firmado por Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay en Ouro Preto, en diciembre de 1994, establece que “las autoridades jurisdiccionales de los Estados parte del Tratado de Asunción darán cumplimiento a las medidas cautelares decretadas por los jueces o tribunales de los otros Estados parte, competentes en la esfera internacional, adoptando las providencias necesarias de acuerdo con la ley del lugar donde estén situados los bienes o residan las personas objeto de la medida”.

Fuentes judiciales dijeron a El Observador que una investigación de este tipo puede llevar dos años y señalaron que debido a que en el lavado se mezcla dinero ilegal con legal, resulta muy difícil probarlo.