Javier Milei

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Decretos, consulta popular y volver a debatir en comisión: qué herramientas tiene el Gobierno tras el traspié legislativo

La administración libertaria se encuentra analizando posibles variantes que le permitan lograr la aprobación definitiva de la megaley que comenzó a tratarse a principio de año
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07 de febrero de 2024 a las 11:05

Después de que la ley ómnibus haya sido enviada nuevamente a comisiones por parte de los diputados de La Libertad Avanza, algunos de los protagonistas del espacio se manifestaron y, al mismo tiempo, abrieron la puerta a tener en cuenta posibles variantes para aprobar la norma.

La decisión de refresar el proyecto a Comisión, según el Artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados, implica que, más allá de haber sido sancionado en general, "al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna”.

De esta forma, deberá analizarse desde un inicio en un plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales y cuando se obtenga un nuevo dictamen, se podrá convocar a una sesión en el recinto.

Es decir, queda sin validez la aprobación en general que se dictó el pasado 2 de febrero.

En declaraciones con periodistas acreditados en Casa Rosada, el ministro del Interior, Guillermo Francos, dejó en claro que "hubo algunos compromisos de apoyo y de voto que no se cumplieron en la práctica", y agregó que "me refiero a la responsabilidad política de gobernadores y legisladores que no han dado su apoyo, o sea, de qué sirve declarar una emergencia si no te dan los instrumentos para manejar la emergencia.

También sostuvo que continuarán "gobernando con el apoyo popular que tenemos y sin el parlamento que no tenemos", lo cual le permitió referirse a que "hay elementos que la Constitución permite, que el Presidente seguramente analizará si los lleva adelante o no, puede ser la consulta popular, están los decretos de necesidad y urgencia, hay varios elementos".

En ese sentido, durante la tarde del martes y tras la decisión tomada en el Congreso, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que “no íbamos a permitir que se desguace la ley, que nos destruyan artículo por artículo”, y, al ser consultado por la posibilidad de que se haga un plebiscito, respondió: "Milei va a ser todo lo posible para cumplir con el mandato popular que es sacar a la Argentina adelante. Tal vez la ‘Ley Bases’ sea una pequeña parte de todo lo que necesitamos, pero es parte del camino".

¿Una consulta popular?

Otra posibilidad que se menciona por estas horas, recordando antiguas declaraciones del presidente, es la de realizar una consulta popular. Sin embargo, se trata de una consulta popular que no tiene carácter vinculante ni obligatorio, a diferencia de una votación que determina una elección, y a pesar de que tiene un significado simbólico importante, no obliga al Congreso. La consulta masiva puede reflejar el nivel de apoyo a una propuesta, pero no tiene el poder de tomar una medida por sí misma, sino que se trata de una invitación a la población para expresarse sobre un tema de interés colectivo.

Según lo establecido en el artículo 6 del Título II de la ley 25.432: "Puede ser sometido a consulta popular no vinculante todo asunto de interés general para la Nación, con excepción de aquellos proyectos de ley cuyo procedimiento de sanción se encuentre especialmente reglado por la Constitución Nacional, mediante la determinación de la cámara de origen o por la exigencia de una mayoría calificada para su aprobación. En este tipo de consulta, el voto del electorado no será obligatorio".

A lo largo de la historia democrática argentina, solo se han realizado dos plebiscitos, ambos relacionados con temas limítrofes entre Argentina y Chile. El primero tuvo lugar en la provincia de Chubut en 1901, y el segundo en 1984 para ratificar el Tratado de Paz y Amistad con Chile sobre el conflicto del Beagle.

En caso de que el presidente Milei convoque a un nuevo plebiscito, sería el tercero en la historia del país, y el resultado sería definido por el Parlamento.

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