Desarticulan banda que utilizaba sociedades truchas para evadir a la DGI

Según consigna el matutino, por este caso ya se han realizado inspecciones en 86 empresas que utilizaban las sociedades falsas o su documentación para defraudar al fisco. A partir de esas actuaciones, se presentaron seis denuncias penales y fueron procesadas sin prisión tres personas, que se suman a las dos procesadas con prisión.

En total, se crearon 800 sociedades ficticias, las cuales eran utilizadas de tres formas: por un lado empresas que tenían actividad real, pero que no facturaban, prestaban servicios o vendían bienes a través de estas compañías truchas, para luego descartarlas y comenzar a operar con una nueva. De esta forma, quien figuraba como evasor era esta sociedad de "papel", que como no tenía una dirección real y sus supuestos directores eran personas de bajos recursos que operaban como testaferros, la DGI no tenía a quien reclamarle.

Además, al crearse las sociedades anónimas truchas estas adquirían permiso para imprimir facturas, las cuales después vendían a empresas que querían evadir. De esta forma, las compañías que no tributaban adquirían facturas para poder presentarlas a aquellos clientes que se las reclamaban. Pero una vez más, nadie pagaba impuestos porque la empresa trucha eventualmente cerraba. En tanto, el verdadero evasor se mostraba a sus clientes como alguien aparentemente en regla.

Por último, estas facturas eran utilizadas para inventarse compras que nunca existieron con lo que lograban deducir más IVA e IRAE. El IVA que las empresas pagan por su actividad es la diferencia entre el IVA de lo que venden, menos el IVA de lo que compran como insumo. Entonces al fingir compras por un valor mayor lograban pagar menos. Lo mismo ocurre con el IRAE, que es un 25% de la renta neta. Si se compra más, pero se vende lo mismo, entonces la renta baja y con ella lo que se tributa.

El director de Rentas, Joaquín Serra, dijo que ya fueron auditadas unas 86 empresas que participaban de estas maniobras, a partir de las cuales decidieron denunciar penalmente a seis. Por estas denuncias la justicia ya procesó sin prisión al dueño de una avícola que había fingido compras para deducir impuestos.

Además, la DGI investiga a otras 200 empresas que podrían estar implicadas en la maniobra, agregó Serra. Si bien hasta ahora se estima que el perjuicio generado de esta estafa ronda los $78 millones, Serra dijo a El Observador que se trata "apenas de la punta del iceberg" y que en la medida en que avancen las investigaciones se podrá superar ampliamente esa cifra.

Por este caso, la jueza del caso, María Helena Mainard, decretó el procesamiento con prisión de los dos ideólogos de la maniobra –ambos con antecedentes penales- por "comisión en calidad de autores de un delito continuado de defraudación tributaria", al tiempo que uno de ellos fue autorizado para cumplir prisión domiciliaria, debido a sus problemas de salud.

En tanto, tres personas –sin antecedentes penales- fueron procesadas sin prisión por defraudación tributaria, uno de ellos por utilizar las facturas de empresas truchas, otro por oficiar de intermediario en la provisión de esas facturas y un tercero por ser testaferro de 300 sociedades.

También serán investigados varios escribanos que se encargaron de registrar empresas en la DGI.

Las casi 300 empresas investigadas forman parte de las 12 mil compañías que más aportan al fisco, según explicó Serra. A partir de una disposición de la DGI de 2014, esas empresas están obligadas a entregar un anexo informativo en el que se detallen el 80% de sus compras.

A partir del cruzamiento de datos detectaron que había varias empresas que se utilizaban y se descartaban, además facturas que no correspondían a transacciones reales. Así detectaron que muchas de las empresas descartadas eran creadas por dos estudios ficticios.

Al ser indagados los titulares de esos estudios –ambos procesados con prisión- estos alegaron no ser responsables del uso de las sociedades que creaban, pero finalmente la justicia pudo detectar un vínculo delictivo.