Opinión > EDITORIAL

Dispersión agrava la inseguridad

Se endilgan responsabilidades cruzadas de un sector a otro, a veces con razón pero otras con más gusto a excusa por falta de resultados
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25 de junio de 2018 a las 05:00
La inseguridad pública, que angustia y desvela a todos, solo se atenuará en un plazo cercano si el ministerio del Interior y el sistema judicial actúan con más coordinación aceitada para mejorar su eficacia. Hay otros organismos involucrados y está siempre presente la necesidad de combatir las causas sociales de la delincuencia, tema de solución muy compleja y a largo plazo. Pero en lo inmediato, agudiza la indefensión de la gente ante el acrecido aluvión delictivo la dispersión en lo que tiene que ser una sólida cadena complementaria de sus tres eslabones básicos, la Policía, los fiscales y los jueces.

Se endilgan responsabilidades cruzadas de un sector a otro, a veces con razón pero otras con más gusto a excusa por falta de resultados. El ministro Eduardo Bonomi acusa a los jueces de benevolencia con los delincuentes, citando sonados casos públicos recientes. La Policía arremete también contra algunos fiscales con igual argumento. Pero corresponde tener en cuenta que todos los magistrados, les guste o no, deben ceñirse al nuevo Código del Proceso Penal (CPP), instrumento que el país tenía que darse pero que funciona todavía con altibajos.


El gobierno incluso trata en el Parlamento de reformarlo en varios puntos, especialmente con más recurso a la prisión preventiva, lo que supondría retrotraerlo a una de las peores deficiencias del sistema anterior. El jefe nacional de Policía, Mario Layera, denuncia a otros organismos del Estado por no compartir información pertinente al combate a la delincuencia. Pese a que aumentan los efectivos de una Policía que se ha tecnificado considerablemente, desde el ministerio del Interior se admite aumento de delitos, en tanto Bonomi reclama por los cientos de policías que los jueces afectan a custodiar personas en casos de violencia doméstica. Y está en marcha una recolección de firmas para incorporar militares a tareas policiales, tema que divide al sistema político y cruza fronteras partidarias.


Los fiscales están sobrecargados de trabajo por imprevisión en el cálculo inicial de cuantos se necesitarían para asumir en forma exclusiva las investigaciones que antes compartían con los jueces. Por otra parte, ahora llegan más denuncias a las fiscalías que antes quedaban en la Policía o no se hacían. Se agregan a este panorama las falencias del sistema penitenciario en condiciones de reclusión y programas de recuperación social, manteniéndose como caldo de cultivo para agravar la delincuencia pese a haber bajado el número de presos por menor uso de la prisión preventiva. En esta trabada realidad de todos contra todos y de pasarse culpas, una Policía sobrepasada carga contra la estructura judicial, la escasez de fiscales conspira contra el manejo rápido y más severo de los casos, los jueces aplican el CPP con decisiones a veces cuestionables y el sistema penitenciario sigue funcionando en pésimas condiciones en las principales cárceles viejas.

Es cierto que un gobierno apremiado por angustias financieras no puede asignar de golpe las partidas que ayuden a solucionar los problemas. Pero la tranca mayor no es solo la falta de recursos. Tampoco lo es toquetear el CPP. Antes que nada es imperativo que los sectores más directamente involucrados se complementen eficazmente en su accionar conjunto para aprovechar mejor los instrumentos disponibles. Disimular los que aún faltan se logrará sustituyendo sentido de unidad y de responsabilidad compartida por el actual abanico de riñas y desencuentros. l

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