Ediles de Maldonado recibieron US$ 1 millón en partidas que para la Jutep son inconstitucionales

La resolución de esta partida fue aprobada por unanimidad el 21 de julio de 2015 y se asigna en proporción a la cantidad de legisladores por sublema. El monto resulta de multiplicar los gastos de representación de cada edil por el número de ediles de la bancada. Cada edil recibió una partida económica mensual que, en enero de 2018, era de 37.294 pesos, más de lo que recibe un senador o un diputado.

Una parte de ese dinero, según reconocieron públicamente varios legisladores departamentales, fue destinado al sector político (en ocasiones para saldar compromisos electorales), mientras otra se distribuye entre los titulares y algunos suplentes.

Germán Bonilla, exmilitante del Partido Colorado y candidato a alcalde de San Carlos en 2015, presentó en noviembre de 2017 el caso a la Jutep. El organismo exhortó -tres meses atrás- al ejecutivo fernandino a eliminar la resolución y a "ajustar las partidas de naturaleza indemnizatoria o resarcitoria" a las disposiciones del TCR.

Enrique Antía, intendente de Maldonado que en su momento acordó la reglamentación de las partidas, recibió la documentación pero no se dio por enterado. El jerarca, que no estaba al tanto del informe de la Jutep, aclaró a El Observador que esa partida es para las agrupaciones que la utilizan para "todos sus rubros de funcionamiento político". A su vez, destacó que la Junta de Maldonado ha sido "bastante austera" porque gastó "mucho menos que las reservas que tiene" en el presupuesto. El precandidato a la Presidencia por la agrupación "Mejor País" dijo no saber de cuánto es el monto de la partida que reciben los ediles. 

Antía no recuerda haber recibido la notificación sobre este caso de la Jutep. "He discrepado bastante con opiniones de la Jutep en otros casos. No me interesa mucho lo que diga porque se equivocó feo con Maldonado", dijo.  

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR), por su parte, emitió la séptima observación de esta legislatura sobre el caso. Desde este tribunal se entiende que se contraviene los artículos 86, 211 y 295 de la Constitución y que la medida no se ajusta al régimen de reintegro de gasto y control de las partidas.

Gil Iribarne explicó que el Estado es el que se encarga del financiamiento de los partidos políticos, pero no lo hace a través de juntas departamentales ni de las intendencias. “Que la Junta mande plata de los vecinos a los partidos políticos viola las normas de financiamiento de los partidos”, dijo.

Varios organismos públicos están enterados de la situación pero ninguno ha dado respuesta. Como la Asamblea General tiene potestades sobre el control de las juntas departamentales, desde Jutep pusieron en conocimiento a la presidenta del Poder Legislativo, Lucía Topolansky. Pero tres meses después, no hay respuesta. Como tampoco la hay desde la Corte Electoral, que es el organismo encargado de controlar el cumplimiento de la ley de financiamiento de los partidos políticos.

El caso ahora pasó a la justicia penal y es considerado por la asociación civil Uruguay Transparente.