Pedro Sánchez, presidente de España.
Laura García

Laura García

Analista Financiera

Miradas > Por Laura García

El pacto económico con Cataluña: cómo lo pagarán los españoles

Para lograr la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE negoció dos grandes concesiones: la condonación del 20% de la deuda catalana y la cesión del 100% de la gestión impositiva. Qué significa y cómo afectará al resto de los españoles, que pagarán el precio.
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18 de noviembre de 2023 a las 11:55

Algo se quebró en España. Más allá de los brotes enervados en las calles, algo íntimo fue violentado en el derrotero que Pedro Sánchez aceptó para conservar el poder. 

Dejando a un lado este aspecto de las concesiones a Cataluña (Amnistía- Referéndum) -escandalosas, impensables-, los ejes económicos del acuerdo también suponen un daño potencial para los españoles.

Por un lado, la condonación del 20% de la deuda de los catalanes con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) - 15.000 millones de euros y 1.300 millones de euros en intereses-, el 40% del total. 

También la de un grupo de autonomías que se beneficiarán de una quita pero en una magnitud aún bastante opaca ya que el criterio apenas fue esbozado para evitar una lógica ola de reclamos.

Aquí, la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, insiste: la deuda no crece sino que se limita a cambiar de cajón entre administraciones, ilustra en relación a lo acordado con el ERC para que el PSOE pueda lograr la investidura. 

Y por si no resulta clara, aprovecha: "Esto no es como la absorción de los 35.000 millones de Sareb, el llamado banco malo impulsado por el Ejecutivo del Partido Popular para absorber el ladrillo tóxico de la banca en la crisis anterior, sin la que hubiéramos cerrado ya el año pasado por debajo del 110% de deuda pública sobre PIB".

En 2008, la deuda pública/PBI era del 33%. Fue desde entonces que se registró un salto meteórico, sólo  mínimamente justificado por el avance del producto.

Aquí, el economista José Carlos Díez, presidente de la gestora de capital de riesgo LUAfund y CEO de la consultora Global Economic Analysis, pasa algunas cosas en limpio para no marearse con el relato político. 

"El Estado va a absorber esta deuda. Está claro. Pero hay que decir también que los catalanes elegieron un buen momento. Porque ya no estamos en la era del dinero gratis, del 0%, en que el Estado emitió y transfirió a las autonomías. Así subió 20 puntos la deuda pública desde 2019, de las que las comunidades no asumieron nada y sobre la que ahora de golpe hay que pagar 4%".

Continúa: "A eso le sumas los intereses de la deuda de las autonomías que asuma la administración central. Pues a mí el cálculo me da que los españoles terminarán pagando 13.000 millones de euros en intereses".

Pero Díez va al punto y es que "esto significa que todos pagaremos más impuestos y si es necesario, se harán ajustes por otras vías".

Porque aunque Calviño diga que acá las cosas sólo cambian de cajones, hace un tiempo que en el mundo financiero esa trampa del dinero gratis que duró una década se desvaneció como un espejismo. O que le pregunte a un deudor hipotecario.

Por el otro, hablando de impuestos,  la transferencia del sistema impositivo, esto es la cesión del 100% de los tributos a los catalanes, una medida negociada con Junts que ya dejó al PSOE al borde de nueva legislatura, también implica para los españoles pararse en otro paradigma ya no sólo de modelo fiscal, dinamitado con el cambio, sino de país

Los catalanes quieren un sistema como el del País Vasco y Navarra, que a diferencia del resto de España están bajo el llamado régimen foral: recaudan sus propios tributos y pagan una cantidad a la administración central por las cargas que asume. 

Es una suerte de reliquia histórica ya que se remonta a tiempos medievales pero que fue recogido por la legislación moderna y, fundamentalmente, está amparado por la Constitución.

Los tributaristas, descolocados, alertan que esto implica terminar con la solidaridad interregional que sostiene el régimen común bajo el que opera el resto de las autonomías y dinamita en la práctica el sistema fiscal. 

Díez va un poco más allá: "En España tenemos un gasto más descentralizado. Un modelo cuasi-federal. Esta medida nos lleva a un modelo con-federal. Esto es un Estado sin capacidad de desarrollar políticas públicas, sin Estado de bienestar. Sánchez traicionó uno de los principios fundacionales de su partido".

 

Tapada de deuda 

 

Cataluña está endeudada hasta los dientes. Es la comunidad con más deuda en términos generales (327.346 millones de euros), con un total de 85.456 millones de euros, lo que se traduce en un 33% de su PIB.

Ahora, si miramos la deuda autonómica con el FLA específicamente, que es la que estuvo sobre la mesa, asciende a 73.110 millones de euros, también la más abultada de todas. Cataluña fue, de hecho, la primera comunidad en pedir su adhesión al FLA.

Pero ¿qué es exactamente el FLA? Un fondo de asistencia financiera creado en 2012 durante la crisis económica. A lo largo de ese año, nueve autonomías tuvieron que pedir ayuda al Gobierno que presidía Mariano Rajoy y, ante esa situación de asfixia, fue que se decidió crear el mecanismo, dotado  en ese entonces con 18.000 millones de euros.

El fondo, que hoy cuenta con 191.747 millones de euros, ofrece sus ventajas. Ahora que las tasas 0% no son más que un vaho de nostalgia financiera, los expertos de BBVA Research calcularon que, en ausencia del fondo, las comunidades habrían tenido que asumir un costo promedio adicional en intereses de algo más de un punto.

Esto significa que la tasa media del 1,4% que afrontaron en 2022 habría sido del 2,5%. Un ahorro del 44%.

Desde 2012, Cataluña es la comunidad autónoma que más dinero viene recibiendo del FLA, pese a que en 2019 y 2020 no solicitó ni un euro pero lo hizo del Fondo de Facilidad Financiera, un mecanismo de ayuda similar.

En concreto, la comunidad presidida por Pere Aragonès embolsó en estos últimos once años un total de 102.622 millones de euros del FLA. 

El año que más dinero recibió fue en 2021, cuando Cataluña pidió hasta 13.469 millones de euros. Pero el año pasado y este año las cifras fueron en realidad bastante similares: 12.673 millones y 12.605 millones, respectivamente.

 

Criterio vago 

 

Después de Cataluña, las otras autonomías con mayor endeudamiento son la Comunidad Valenciana (46.274 millones de euros) y Andalucía (25.276 millones de euros).

Pero hay otras 13 autonomías que mantienen deuda viva con el Estado que previsiblemente esperan una quita no idéntica pero equiparable. 

Incluso existen curiosas anomalías como el País Vasco, Navarra y Madrid que no tienen deuda alguna con el Estado. 

Díez hace esta relación: Cataluña concentra el 16,5% de la población y el 40% de la deuda, mientras que Madrid, con una población similar (15%), no tiene deuda. 

"Con esto quiero decir que los catalanes siempre dijeron España nos roba. Pero lo cierto es que gastan 50% más en Salud, el doble en Universidad y sin embargo, Madrid, en una situación mucho más compleja, con más renta por habitante, con más tributación progresiva, no tiene deuda y tiene más creación de empleo, más productividad, etc.". 

De las otras dos autonomías más endeudadas, Comunidad Valenciana representa el 10,9% de la población y el 25,2% del FLA, mientras que Andalucía tiene un número de habitantes semejante al de Cataluña (17,7%) y acapara el 13,25% del fondo.

Por ahora, para determinar la quita, sólo se ha deslizado el boceto de un criterio que contemplaría el impacto de la crisis financiera en la autonomía y el nivel de la ayuda solicitada, que va desde los más de 70.000 millones de euros de Cataluña a los 800 millones de La Rioja y Asturias. 

Para los casos como el de Madrid, se contempla la alternativa de asistir en la cancelación de pasivos con terceros, una opción que también estaría disponible para el resto, en especial si la condonación de la deuda con el FLA no basta para compensar el impacto de la crisis.

Por esta vía Madrid podría cancelar 4.500 millones; La Rioja, 1.800 millones; Castilla y León, 157 millones; y Canarias, 88 millones, sumando 6.500 millones a los 40.000 millones condonables a través del FLA. 

Lo cierto es que si miramos el bosque la deuda autonómica total (no sólo el FLA) se disparó en los últimos años, al punto de multiplicarse 340% desde 2008, esto es más de cuatro veces, según datos del Banco de España. Entonces sumaba 74.500 millones de euros. 

Y si vamos un poco más atrás, en el 2000 era de 39.500 millones de euros, es decir que se multiplicó casi por nueve.

Pero volviendo a las autonomías que hoy se indignan por la concesión oportunista a Cataluña y a la vez se preguntan qué provecho obtendrán como efecto colateral, la política ya está moviendo sus engranajes, una máquina de  calcular costos. 

Nada parecido a la tasa cero de las finanzas. Aunque haya sido sólo una tregua. Pedirle ese dinero a Sánchez resultaría humillante. El proceso ominoso que llevó a ese beneficio podría pagarse con la percepción pública de un orgullo mancillado. 

Escuchen sino a la secretaria general del Partido Popular que ya anda pidiendo no caer en la "trampa" de la quita de deuda.

Fractura en estado puro.

 

El cupo catalán

 

Los catalanes acordaron la cesión del 100% de todos los tributos que se recaudan en la autonomía.

País Vasco y Navarra ya están bajo un régimen foral como al que aspiran los independentistas catalanes: recaudan sus propios tributos y pagan una cantidad a la administración central por las cargas que asume.

Para ser más estrictos, el concierto económico tiene dos vertientes: permite que las regiones forales recauden todos los impuestos y les ofrece autonomía a la hora de configurar su sistema fiscal con la salvedad del IVA (armonizado a nivel de la UE).

Parte del dinero recaudado por las haciendas forales se transfiere a la administración central para sufragar las competencias no asumidas como el gasto en defensa o exteriores, entre otras. 

El dinero que el País Vasco abona al Estado recibe el nombre de cupo y, en el caso navarro, se denomina aportación.

Bien, los expertos impositivos, probablemente los únicos que comprendan cabalmente el tema, remarcan lo siguiente: Euskadi apenas supone el 8% del PIB español cuando Cataluña representa el 20%. Y es, junto con Madrid y Baleares, la única que registra una aportación a la caja común.

El gran riesgo es, por eso mismo, poner en juego la prestación de los servicios públicos fundamentales en las regiones con menos recursos. De ahí que los tributaristas hablen de hacer estallar el mecanismo de solidaridad interregional.

En 2021, último dato disponible pero ilustrativo de la tendencia, Cataluña aportó 2.168 millones de euros a la caja común, por detrás de los 6.613 millones de Madrid. Baleares, por su parte, contribuyó con 334 millones netos. Poco pero aportó.

Y hay una cuestión legal de por medio. Los regímenes forales tienen cabida porque los recoge la disposición adicional (DA) primera de la Constitución y a ella se remiten las disposiciones de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Pero Cataluña no estaría bajo este paraguas. Para incluirla, sería necesario reformar íntegramente el sistema de régimen común, esto es, el que funciona en todo el resto de España.

 

Récord de tributos propios

 

El sistema tributario español no es tan fácil de entender. Establece que determinadas competencias sean asumidas por el Estado y otras cedidas a las comunidades autónomas. 

El Estado recauda el IRPF, el IVA, Sociedades y los Impuestos Especiales (bebidas alcohólicas o tabaco, entre otros) y posteriormente cede a cada región el 50% del IRPF y del IVA recaudado en cada territorio y el 58% de los Especiales.

El IRPF, que es el impuesto a la renta, tiene una singularidad, ya que posee un tramo autonómico. El 50% lo recaudan las autonomías, que a su vez lo pueden modificar. 

Las comunidades que cobran las tasas más bajas son Madrid, Canarias y La Rioja, mientras que el contribuyente más castigado es el de Cataluña. 

A la vez, están los impuestos que fueron cedidos por completo y que las autonomías pueden gestionar como mejor les parezca al punto de bonificarlos al 100% como pasó recientemente con el impuesto al Patrimonio (probando también que si a la administración central no le gusta la libertad de acción es relativa: así nació el impuesto a las grandes fortunas. 

Dentro de esta categoría también están Sucesiones, Donaciones, Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Y finalmente existen tributos propios, no sólo gestionados sino creados por los gobiernos autonómicos. 

Qué comunidad puede ser la que más impuestos impuso a su población. Cataluña es la región que más recauda por tributos propios por lejos. Con un récord de 15 impuestos concentra el 30% de lo que las autonomías obtienen por esta vía.

En España hay en total 76 tributos propios. Muy lejos de Cataluña, Andalucía y Galicia son las más prolíficas con seis cada una. Madrid es la única que no tiene. Los eliminó en 2021.

De todos modos es interesante notar que los tributos propios no parecen resultar muy eficientes como fuente de financiación.

Cataluña, con el 30% de ingresos por estos impuestos, supone apenas 1,7% de los ingresos tributarios totales de las autonomías. Madrid, sin tributos propios, concentra casi el 20% de la recaudación impositiva autonómica.

La cuestión impositiva está muy ligada al incentivo para el regreso de las empresas que se fueron tras el referéndum unilateral de octubre de 2017.

Un éxodo que algunos cifran en 4.000, otros en 7.000, pero que se llevó de Cataluña a muchos de sus emblemas corporativos: CaixaBank (el mayor banco), Naturgy (la mayor energética) y Criteria (el mayor holding empresarial). 

También se alejaron el gigante de telecomunicaciones Cellnex y el de infraestructuras Abertis, además de Banco Sabadell.

Lo primero que advierten en el mercado es que cualquier ayuda de Estado para volver a radicarse en Cataluña sería anulada por la Unión Europea por ser considerada ilegal. 

Pero la pregunta, la que resuena más fuerte, es qué empresa querría volver hoy. Volver en medio de esta bronca. En este clima de institucionalidad degradada. Volver en un país indignado. Sin seguridad jurídica. Volver sin memoria.

 

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