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Las medidas antipáticas que deberá tomar el próximo gobierno

Los privados y calificadoras descartan que déficit caiga a 2,5% para el 2020; corrección será clave para preservar el grado inversor

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10 de septiembre de 2018 a las 05:00

Sea del color político que sea, la próxima administración de gobierno –que tome las riendas del país en marzo de 2020– tendrá dos menudas tareas en su agenda. A corto plazo deberá poner en marcha un ajuste fiscal para corregir el rojo de las cuentas públicas –que implicará suba de impuestos y/o recorte de gastos– para no poner en riesgo la pérdida del grado inversor, según coinciden analistas privados y dos  calificadoras de riesgo. En paralelo, habrá que comenzar a trabajar en una reforma integral del sistema de seguridad social donde jubilarse a los 60 años  será historia. 

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Esto porque hay consenso en que para fines de 2020 no se logrará llevar el déficit fiscal a 2,5% del PIB (hoy está en 3,9%) como fijó en la última Rendición de Cuentas el equipo económico. La evidencia histórica demuestra que mejorar el desempeño de las cuentas públicas en un año electoral es un escenario atípico en Uruguay. 
Perder el grado inversor trae aparejado un encarecimiento del costo de financiarse en los mercados internacionales porque se limita el volumen de potenciales acreedores que estén dispuestos a financiar al Estado uruguayo. 

Ambas medidas son antipáticas para la población y seguramente será difícil ver a los partidos políticos debatiendo en la próxima campaña electoral qué impuestos van a subir o qué beneficios o inversiones van a recortar para corregir la trayectoria de la deuda pública en un contexto internacional que hoy tienen más nubarrones que certezas. 

“La historia muestra que ha sido muy infrecuente que las cuentas públicas mejoren en un año electoral. Esto porque aumente la ejecución del gasto y se ejecuta bastante cerca del máximo aprobado en la Rendición de Cuentas”, recordó en entrevista con Claves Políticas de Nuevo Siglo el socio de la consultora Deloitte Pablo Rosselli.

El experto tiene una “conclusión bastante certera” de que el próximo gobierno va a tener que tomar medidas de ajuste fiscal “porque las cuentas públicas no están en una situación sostenible”. 

Un diagnóstico muy similar trazó la consultora CPA Ferrere en una reciente charla de coyuntura que brindó para clientes. El economista Alfonso Capurro dijo que la meta de llevar el déficit a 2,5% del PIB no es una opción “muy válida” porque ese año ya habrá otra administración de gobierno. Además, señaló que la última Rendición de Cuentas trazó supuestos “optimistas” tanto en el frente a la evolución de ingresos y gastos, en particular con las transferencias a las seguridad social.

“El déficit fiscal va a seguir elevando y las metas de 2019 y 2020 no se van a cumplir. Eso le pone presión al grado inversor”, alertó Capurro.

En tanto, el socio de CPA Ferrere, Gabriel Oddone, añadió que “esta administración no tiene margen para actuar sobre el escenario macroeconómico, por lo que vamos a estar en piloto automático hasta marzo de 2020”. 

Para el analista si desde el frente externo se atraviesa una tormenta más severa que la actual, el gobierno podría postergar gastos e inversores como alternativa, aunque recordó que en años electorales se ajusta “lo menos posible para no pagar el precio político”. 

Oddonde estimó la magnitud del próximo ajuste fiscal debería ubicarse en el orden de 1 punto del PIB, lo que a valores de hoy ronda los US$ 600 millones. Capurro acotó que esa medida será clave para “recomponer la credibilidad de corto plazo y evitar perder el investment grade”. 

“El corazón del sector público está en línea con las metas de trayectoria descendente del déficit fiscal. Reducir el déficit fiscal es absolutamente imprescindible, diría, para estabilizar la relación entre deuda y producto”, dijo el ministro de Economía Danilo Astori en el Parlamento hace dos semanas. 
 

El motivo y un debate ausente

“¿Cómo puede ser posible que sigamos con un déficit fiscal del entorno de 3,5% del PIB si ya hicimos dos ajustes fiscales y se han utilizado las tarifas como buffer (amortiguador) para bajar el déficit?, se preguntó Capurro. 

El experto explicó que esto se debe a que el gasto viene aumentando sistemáticamente y por encima de lo que estaba presupuestado y programado por el propio gobierno. Dijo que los ajustes que se hicieron en el pasado apenas fueron suficientes para compensar esa mayor erogación por parte del Estado.

Rosselli indicó que no “hay ajustes fiscales fáciles” y consideró como escenario más probable que la próxima administración apele a una combinación de subir impuestos con recorte de gastos. “La historia muestra que siempre es difícil cortar el gasto público. Los gobernantes encuentran pocos apoyos sostenidos para instrumentar esas políticas”, comentó. 
El socio de Deloitte consideró que para hacer una esfuerzo “medianamente relevante” el Estado tiene que dejar de hacer cosas. “Y esta discusión nunca está presente en Uruguay. ¿Qué cosas el gobierno debería dejar de hacer?. Nunca está esa discusión. Es una buena discusión para la campaña electoral, aunque es muy dura”, reconoció. 

Por su otro lado, Oddone y Capurro marcaron como impostergable una nueva reforma de la seguridad social, algo de lo cual ya advirtió el actual ministro de Economía Danilo Astori. 
Para CPA habría que abordar una reforma integral de todo el sistema que incluya a todas las cajas (militar, policial, notarial, profesional) además del propio BPS. “Tenemos que discutir sobre las tasas de reemplazo y la edad de retiro”, planteó Oddone. 

Calificadoras alertan por impacto de coyuntura regional adversa

Las calificadoras de riesgo no han puesto aún bajo revisión la nota de la deuda soberana uruguaya, pero advierten por algunos nubarrones en el horizonte. Renzo Merino, analista del grupo de riesgo soberano de la agencia Moody’s, alertó a El Observador  por un “claro deterioro” del desempeño económico de Argentina y Brasil en los últimos meses. “Una posible caída en el turismo e inversión desde estos países también golpearán a la economía uruguaya lo más probable el próximo año”, consideró. Añadió que a nivel global hay un riesgo de que el crecimiento se vea afectado en 2019 por una intensificación de conflictos de comercio entre países como EEUU y China. Esto conllevaría a que el contexto externo para Uruguay sea menos favorable en adelante.

Moody’s había reducido su pronóstico de crecimiento del PIB para Uruguay para 2018 a 2,5% (de 3,3% anteriormente), y a 2,8% para el 2019 (antes 3,2%). “No podemos descartar que volvamos a revisar nuestros pronósticos antes de que termine el año”, anunció  Merino. 

Por su parte, el analista de la calificadora Fitch Ratings para Uruguay, Todd Martínez, había dicho a El Observador que aunque el gobierno ha relajado sus metas fiscales, hasta las nuevas metas parecen “desafiantes”. Además, consideró que el Ejecutivo parece haber quedado “sin margen” para aumentar los impuestos otra vez. “El segundo semestre viene cargado de incertidumbre. En ese escenario con más debilidades que fortalezas es que se moverá la economía local. Si bien las debilidades fiscales no representan una amenaza inmediata para el grado inversor, en la medida que la deuda continúe su trayectoria ascendente en los próximos años sin un plan coherente para estabilizarla, podría poner presiones a la baja en la calificación”, alertó Martínez. 

Al igual que los expertos locales, el analista de Moody’s consideró como “difícil” cumplir con la meta de déficit fiscal del gobierno “a menos que se tomen medidas de ajuste drásticas”. Esto porque con un menor crecimiento económico proyectado, se resentirán los ingresos a la caja del Estado. “Además, como hemos recalcado en el pasado, la estructura de los gastos en Uruguay es relativamente rígida debido a que el componente de gasto endógeno – incluyendo los pagos de intereses de deuda– representa el 66% del total”, recordó. En ese sentido, añadió que usualmente la variable de ajuste por el lado del gasto es la inversión pública, pero en Uruguay esta ya es de por sí relativamente baja. “Estos factores restringen el ajuste fiscal en el corto plazo”, culminó Merino. 

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