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El secuestro de estudiantes en el IAVA

Debe acogerse favorablemente que los alumnos quieran comprometerse con una causa que los moviliza, pero debieron haber informado

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31 de mayo de 2018 a las 05:00

Por Daniel Corbo

Alarma que como sociedad nos cueste debatir con propiedad (racionalidad, argumentos y en base a evidencias) los temas que interpelan nuestra vida pública. Un buen ejemplo de esa incapacidad es la forma en que se trató el episodio que días atrás convulsionó al Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA), a raíz de una intervención del gremio estudiantil. Éste con la intención de sensibilizar a compañeros para la "marcha del silencio" por los desaparecidos, procedió a teatralizar en las aulas el secuestro de estudiantes.

El video de una de esas intervenciones se viralizó rápidamente y desbordó las fronteras del país; profesores de la institución que no habían sido debidamente informados de qué se trataba la intervención se molestaron y alguno quedó emocionalmente afectado por la agresividad y lo impactante de la actuación; varios políticos rechazaron esta forma de presentar las cosas y su intencionalidad política; otras voces criticaron la unilateralidad con que fueron representados los secuestros adjudicados únicamente al aparato del Estado; en las redes se despacharon con insultos de todo calibre y odio contra los estudiantes del gremio.

Seguramente los estudiantes que promovieron esta intervención no quisieron ni buscaron estas secuelas de sus actos y se sorprendieron de la repercusión mediática de su actuación teatralizada. Esto se desprende de un comunicado donde se sienten víctimas de la situación ("estamos dolidos y decepcionados por la cobertura mediática") e intentan justificarse. Alegan que intervenciones ficcionadas de este tipo son tradición en la institución y que logran un impacto emocional y sensibilizan en un grado mayor que con folletos informativos. Su propósito era convocar a la marcha del 20 de mayo y por eso la representación de secuestros durante la dictadura.

El Consejero del CODICEN Dr. Robert Silva solicitó una investigación y que se indagara si se había violado la laicidad. Los dirigentes de ADES lo declararon "persona no grata". El Dr. Julio Ma. Sanguinetti retrucó que ADES utilizaba métodos fascistas y, en un vale cuatro, los interpelados se descolgaron con una filípica contra el ex presidente, acusándolo de manera enredada de complicidad. Para los estudiantes agremiados, Silva no puede plantear una cuestión de laicidad, porque si bien fue electo por los docentes es notoria su militancia en el Partido Colorado. Los estudiantes se equivocan cuando confunden la filiación partidaria de un consejero (todos la tienen) con la imposibilidad de actuar con fidelidad al principio de laicidad. El consejero Silva hizo lo que es su deber: averiguar qué pasó. Saber los hechos y sus implicancias no es perseguir a los estudiantes ni coartar su derecho de expresión. Obviamente que la controversia Sanguinetti- ADES/Fenapes nada aporta a sacar lo mejor de una situación disputable. Los caminos son otros. Así de entreveradas quedaron las cosas.

Hasta lo que conozco de las actuaciones sobre el caso, parecería que nadie en la enseñanza enfocó el tema desde lo que más importa, que es la formación de los estudiantes como ciudadanos éticos de una democracia. Debe acogerse favorablemente que los estudiantes quieran comprometerse con una causa que los moviliza: los desaparecidos de la dictadura. Es una respuesta sensible a la custodia del valor irrenunciable de la vida. Cómo no conmovernos con las familias que no conocen el destino de sus familiares muertos y desaparecidos. Tienen derecho a saber la verdad y a honrar sus restos. Pero los estudiantes deben aprender, también, que más allá de los propósitos y buenas intenciones con que se hagan cosas, la forma en que se hacen y se exhiben en lo público, tiene implicancias y proyecciones de las que deben hacerse cargo. Igualmente, apreciar que si la respuesta a su intervención escénica, es la que fue, deberían preguntarse el porqué de tantas reacciones opuestas, interrogarse sobre las razones por las que mucha gente se sintió dolida e implicada negativamente.

Entre los elementos de su reflexión los estudiantes deberían preguntarse si no incurrieron en errores y deformaciones, aunque no fueran buscadas o conscientes. La actividad consistió en que dos encapuchados irrumpían en las aulas para llevarse a rastras a un estudiante mientras el profesor daba clase, "como forma de representar lo que ocurría en los centros de estudio durante la dictadura". Deben reconocer que se equivocaron, porque en la realidad histórica no existieron secuestros en liceos y menos en sus aulas. Quien les dijo esto a los estudiantes les mintió abiertamente. Por ende la representación teatral que hicieron falsea lo que pasó efectivamente. Segundo: olvidan que en la historia reciente del país también secuestraron personas (30 casos entre 1968 y 1972), algunas luego asesinadas, los movimientos armados guerrilleros, como Tupamaros y el OPR-33 (1). Los secuestrados y los muertos cuentan todos, debemos llorarlos por igual, no es posible valorarlos según el bando. Tercero: los estudiantes deben comprender que no se puede presentar hechos aislados sin incorporar el contexto histórico que permite comprender lo que sucedió y el por qué. Precisamente, el método de intervención al que apeló el gremio estudiantil del IAVA es apropiado para movilizar emociones, pero no lo es para entender la tragedia de violencia que sucedió en el país en esos años. Esto requiere profesionalidad en el estudio de ese tiempo histórico y no meros charladores con involucramiento tendencioso, requiere de información integral y veraz, escuchar diversas campanas, reflexionar desde la complejidad de las circunstancias, sin unilateralizar ni simplificar las cosas. Esto es lo que las autoridades y educadores de la institución deberían implementar en el IAVA (Inspección y profesores de Historia y Derecho), para hacer de un hecho controvertido una oportunidad formativa de los estudiantes y fortalecer el papel educador de la institución.

Los estudiantes agremiados tenían la obligación de informar debidamente los alcances de la intervención que iban a realizar, pero algo no anduvo y algunos no lo hicieron debidamente a sus docentes. No pueden luego no entender la reacción de algún profesor y no hacerse cargo de que pudieron provocar situaciones de riesgo, ante el desconocimiento por los testigos de lo que verdaderamente estaba ocurriendo. El IAVA no puede dejar pasar este hecho sin aprovechar la circunstancia para convertirlo en una oportunidad para que los estudiantes crezcan como ciudadanos críticos. Los estudiantes deben dejar su papel de víctimas y ser autocríticos, para comprender lo que pasó, para aprender de los errores (que al fin de cuentas es como se crece) y para formarse como ciudadanos defensores de nuestra democracia constitucional y del estado de derecho, que son la única y mejor garantía de que no habrá en nuestro mañana más secuestros ni desaparecidos.


(1) En Uruguay se registraron 1.092 casos de violencia política y 98 atentados contra personas antes de la dictadura. Véase el excelente estudio sobre la violencia política del español Eduardo Rey Tristán, "A la vuelta de la esquina. La izquierda revolucionaria uruguaya", cap. VI. Fin de Siglo, 2005.
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