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Empresarios piden que gobierno instale mesa de diálogo por reforma jubilatoria
La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) presentó este lunes una serie de propuestas a implementar en el próximo período de gobierno, aunque no faltaron las referencias a los meses que todavía le quedan a la actual administración.
El presidente de la confederación, Gerardo García Pintos, hizo hincapié en que "es necesario" que algunas medidas sean aplicadas "a corto plazo", como "el abatimiento del gasto público para reducir el déficit fiscal", el "alineamiento" del tipo de cambio para "reducir el atraso cambiario", el "incremento del control del informalismo y el contrabando", la "modificación" de algunos aspectos de la ley de inversiones, la "adopción de las recomendaciones de la OIT en lo referido a regulaciones laborales", y la formación de un ámbito de discusión sobre la reforma de la seguridad social.
"Están todos hablando en la campaña electoral que hay que reformar la seguridad social. Nosotros le vamos a pedir al presidente que cite un ámbito, al menos un ámbito técnico, para empezar a conversar qué cosas estamos de acuerdo, a los efectos de ir avanzando y no empezar el 2 de marzo del año que viene a ver este tema tan grave", dijo García Pintos. La propuesta de los empresarios es crear una mesa de diálogo interpartidario que incluya a la academia, sindicatos y las cámaras empresariales.
"Nosotros mismos desde la confederación nos comprometemos a armar trabajos técnicos porque es un tema en el que hay un déficit muy importante y hay cosas para corregir. Probablemente encontremos un montón de coincidencias", agregó el presidente de la CCE.
Propuestas para el próximo gobierno
Más allá de los reclamos a corto plazo, la presentación de la Confederación de Cámaras Empresariales se centró en las medidas que estiman convenientes tomar en un próximo gobierno.
La larga lista de reclamos incluye la "destitución automática" de los directores de empresas públicas en caso de "incumplimiento" de las metas de gestión, la creación de un sistema de seguro de paro para "empleados excedentarios", la implementación de las propuestas de Eduy21, la derogación de la ley de medios y la aprobación de una ley de regulación de aplicaciones móviles.
Con los precandidatos Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Edgardo Novick escuchando en primera fila, García Pintos leyó las principales propuestas de la confederación, muchas coincidentes con los planteos de la oposición. Por ejemplo, se propone el diseño e implementación de una regla fiscal que "reduzca la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas". Otros reclamos en materia macroeconómica fueron el abatimiento del déficit fiscal por el lado del gasto ("sin aumentar la presión fiscal a las familias y empresas"), la "reducción del atraso cambiario, recomponiendo la flexibilidad cambiaria", así como la reforma del sistema de seguridad social. En particular, los empresarios plantean "adecuar las edades mínimas de retiro y tasas de reemplazo, evaluar la forma en que se computan los servicios y rever los controles para acceder a la jubilación por discapacidad".
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También en línea con los partidos de la oposición, la Confederación de Cámaras Empresariales llamó a una "reducción de la plantilla de empleados públicos y de quienes mantienen otro tipo de vínculos laborales con el Estado, instrumentando esquemas de incentivos para el pasaje de los mismos al sector privado". Eso permitiría, según los empresarios, que la sociedad "se apropie de los beneficios de la adopción tecnológica del sector público a los efectos de mejorar su eficiencia". Asimismo, se propone "crear un sistema de seguro de paro para casos de empleados excedentarios, generando condiciones de igualdad con el régimen de gestión del personal en el sector privado".
En un mismo sentido, los empresarios piden que no se repongan las vacantes en la gestión pública "al menos por el próximo período de gobierno", de modo que "la relación entre funcionarios públicos y la población sea similar a la de países que se ubican en lo más alto de los rankings de competitividad". "Eso corre para intendencias, empresas públicas y organismos del 220", remarcó García Pintos, quien a su vez aclaró que esa disposición deberá tener como excepción las vacantes generadas en educación, salud y seguridad.
"Hay mucha gordura en el sector público y mucha tela para cortar", dijo el presidente de la confederación.
Otro aspecto central de la propuesta de los empresarios refiere a las empresas públicas y sus subsidiarias. La CCE entiende que las tarifas actuales "sacan de competencia" a los privados y que deben fijarse "en función de los precios de paridad de importación". En ese sentido se insiste en la necesidad de "eliminar el monopolio de venta de combustible" y de "modificar la estructura de ese mercado".
También se propone instalar "metas de gestión" en las empresas públicas y un mecanismo de "destitución automática" a los directores en caso de "incumplimiento de esas metas".
En materia de relaciones laborales, los empresarios piden derogar el decreto 165/07, que regula las ocupaciones de los lugares de trabajo, y reclama "propender a una negociación colectiva que atienda la dinámica sectorial", con una "revisión de los grupos y subgrupos de los Consejos de Salarios", atendiendo la "heterogeneidad" de empresas.
