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Estado de situación de la radioterapia: equipos antiguos y atrasos en las habilitaciones

Los diez centros del país funcionaron sin licencia en algún momento entre 2015-2020 y su equipamiento es más antiguo de lo recomendado científicamente

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31 de octubre de 2020 a las 05:00

En algún momento del período 2015-2020 las diez clínicas de radioterapia que funcionan en el país trabajaron sin la habilitación del Estado, lo que significa que las empresas –o servicios públicos– no siempre tuvieron la documentación al día ni cumplieron con todos los requisitos técnicos que exige la Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección (ARNR). 

La falta de habilitación no implica que se haya irradiado en forma dañina a los pacientes o generado contaminación ambiental, pero se trata de una irregularidad que fue advertida por el actual director de la ARNR, Gabriel González.

“Estamos trabajando mancomunadamente con ASSE y el Ministerio de Salud Pública para resolver los problemas con los que nos encontramos”, dijo el físico a El Observador.

Equipos viejos

Entre los problemas detectados por González, figura que todos los centros de radioterapia trabajan con al menos un equipo de radiación que tiene una antigüedad superior a la admitida por los estándares internacionales: la comunidad científica mundial sitúa en el entorno de los 10 y 12 años la vida útil de los equipos, cuando el promedio del parque tecnológico de Uruguay es de 16,5, y en ciertos casos se superan los 20, como surge de un pedido de acceso a la información respondido a El Observador.

Pero no hay una edad exacta que establezca cuándo es conveniente dejar de emplear aceleradores. El tema ha sido objeto de discusión científica. De acuerdo a The Global Task Force on Radiotherapy for Cancer Control, el tiempo máximo de funcionamiento se sitúa en 12 años, mientras que para el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) la vida útil de los equipo es de una década: así lo estableció, por ejemplo, el número 14º de su manual práctico, publicado en 2010.

Pasado ese tiempo no significa que los equipos hagan daño, pero la recomendación es renovarlos en función de la aparición de “técnicas nuevas” y “tratamientos más modernos” que se producen con el avance de la ciencia y la medicina, señalaron a El Observador fuentes científicas.

En el parque tecnológico de Uruguay, todos los centros tienen operativos por lo menos un acelerador que supera esos rangos. La única excepción a la regla es el Hospital de Clínicas, cuyo servicio oncológico cuenta con un Elekta Compact, importado como nuevo en 2013, pero desde principios de julio está fuera de servicio por la rotura de la guía de onda, una de las piezas claves para su funcionamiento.

Una de las clínicas cuyo equipamiento tiene la antigüedad más alta es Oncosur (Florida). Cuenta con un Clinac 600 CD, importado en 2008 con 12 años de uso, por lo que tiene 24 años de edad, de acuerdo a los datos de la ARNR.

 

 

La misma antigüedad tiene uno de los cuatro aceleradores de Clínica de Oncología y Radioterapia (COR) –fundada por el expresidente Tabaré Vázquez, y hoy a cargo de su hijo Álvaro Vázquez–, que es el mismo modelo de Oncosur. La clínica aseguró en  su respuesta que tanto ese equipo –un Clinac 600 CD– como los otros tres fueron instalados con “remanufacturaciones”, lo que significa que parte de su composición interna fue sustituida al momento de su instalación. 

Le sigue en cantidad de años otro de los aceleradores de COR –con 23–, y un equipo del Hospital de Tacuarembó, un Clinac 6/100 del fabricante Varian, importado en 2006 con nueve años, lo que también da una edad de 23. Fuentes de la dirección del centro de salud señalaron que ya tienen otro equipo que fue comprado el año pasado, un MLC 120 modelo Vital Beam, pero que todavía falta adquirir una parte y por lo tanto aún no está pronto para funcionar. 

Leborgne trabaja con dos Clinac, uno de 19 años de edad y otro de ocho, ambos adquiridos nuevos. La empresa informó, no obstante, que por declaración del distribuidor de los equipos –a la que El Observador tuvo acceso–, que el equipo más joven “se encuentra dentro del período de vida útil” y que el otro “se encuentra dentro de los plazos por los cuales el fabricante y el distribuidor garantizan asistencia técnica y provisión de repuestos”.

En COR Litoral (ubicada en Salto) tienen un Clinac 2100 C con cinco años de funcionamiento, pero tienen además otro –Clinac 6X– con 19 años de antigüedad, que según dijo Mauricio Luongo, director técnico del centro, se lo usa como “plan b” para cuando se rompe el otro, ya que por la distancia con Montevideo no pueden esperar durante días hasta que lleguen los ingenieros a repararlo.

En el caso del Instituto Nacional del Cáncer (INCA), el centro no es actualmente propietario de ningún acelerador –valuados todos por encima de los US$ 1 millón–, sino que alquila desde 2014 un Clinac 600 CD con una antigüedad de 15 años. 

Según Álvaro Luongo, quien fue su director desde 2011 hasta fines de agosto de este año, “lo que hizo el INCA fue una novedad en Uruguay y de un altísimo beneficio. Se hizo un arrendamiento y no una compra, lo cual fue una ventaja, porque se tuvo los cinco años el service del equipo, y solo estuvo parado un día”. “Mirá lo que ocurrió en el Clínicas”, puso de ejemplo el exdirector. Agregó que tiempo atrás fue invitado a la Universidad de Harvard para “demostrar que en los países en vías de desarrollo es más económico alquilar equipos, por el alto recambio que hay”. “Porque a los diez años hay que tirarlos y empezar de nuevo”, añadió. 

Las renovaciones

Algunos centros, como el servicio del Hospital de Clínicas y el INCA, operaron durante todo el quinquenio sin actualizar su licencia. En opinión de Luongo, que además de dirigir el INCA fue también presidente de la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer, eso se debió que el organismo de contralor no fiscalizaba los servicios de radioterapia públicos. 

“Ningún servicio del Estado tuvo el famoso licenciamiento. No sé por qué. Se ve que la ARNR, que es la que otorga las habilitaciones, no lo estaba exigiendo”, dijo a El Observador, y agregó: “Pero todas las clínicas privadas sí lo tenían”.

Sin embargo, eso no es así. Salvo el INCA y el Clínicas, los otros servicios públicos –el Hospital Pereira Rossell y el Hospital de Tacuarembó– han tenido las licencias vigentes durante cierto tiempo, según surge de la documentación de la ARNR.

Y no hay ningún centro privado que haya estado al día los cinco años completos. Hay algunos, incluso, que llegaron a operar sin la habilitación del Estado durante varios meses, y en algunos casos el lapso alcanzó los casi dos y tres años.
 


Esa fue la situación de las clínicas del COR,  la del Centro de Oncología y Radioterapia del Litoral, y la de Oncosur.

Las dos clínicas de COR situadas en Montevideo irradiaron sin licencia en al menos cuatro períodos, pero el más extenso fue entre el 25 de mayo de 2016 –cuando venció el primer permiso otorgado a la sede de la calle Soriano del que tiene registro la ARNR– y el 5 de marzo de 2018, cuando se lo renovó. Fueron un año y diez meses.

El COR Litoral estuvo dos años y ocho meses sin licencia –entre el 9 de abril de 2016 y el 5 de marzo de 2018–, y Oncosur lo estuvo entre el 19 de junio de 2016 y el 5 de marzo de 2018: un año y nueve meses.

Los documentos detallan que la clínica que ha funcionado menos tiempo sin habilitación fue una de las dos clínicas Leborgne, que irradió sin licencia durante cuatro meses, entre el 3 de febrero de 2016 y el 29 de junio de ese año. 

Ante la consulta de El Observador sobre esta situación, el principal argumento de los centros –tanto de las firmas privadas y como de los servicios públicos– es que lo que definía que las licencias no fueran renovadas no eran aspectos centrales de su funcionamiento ni elementos “críticos”, sino atrasos “burocráticos” respecto a documentación de sus equipamientos y tecnología.

Eso alegaron desde los servicios de ASSE, y así lo ratificó el exdirector del INCA. “El Estado tenía todos los elementos vigentes para obtener la eventual licencia. Cuando se le pidió al INCA, entregamos todo inmediatamente, y obtuvimos la licencia. Es decir, que no había nada por fuera de la norma, sino que solo faltaba una parte burocrática”, dijo Luongo.

Con la llegada de González al frente de la ARNR, “se intensificaron las exigencias de documentación”, reconocieron allegados a la gestión del Hospital Pereira Rossell.

Desde la clínica Leborgne se afirmó que el lapso en que funcionaron sin autorización fue por “demoras en trámites”. 

El directorio de COR respondió mediante un correo electrónico que “siempre se operó bajo la tutela de la ARNR con sus inspecciones periódicas anuales de funcionamiento y seguridad de los diferentes equipos”. La firma aceptó haber funcionado sin la autorización del Estado, pero lo adjudicaron a las ocasiones en las que renovaban su equipación.

“Cuando se producía un recambio tecnológico de cualquier característica podía haber un intervalo para la nueva licencia porque la ARNR iba a controlar todo el equipamiento existente en esa localización, no solo lo que se modificaba. Nunca se estuvo inhabilitado para operar. Nunca se tuvieron observaciones sobre los equipamientos ni sobre sus condiciones operativos”, respondió COR.

La clínica que pertenece a los Vázquez concluyó: “En ocasiones se nos hicieron observaciones de tipo administrativo o se nos solicitó información/procedimientos que no habían sido solicitados antes y que fueron contestados satisfactoriamente a continuación".

Es decir, se mantenían los controles pese a que funcionaran sin licencia, algo que a Luongo le llamaba la atención. “Eso era lo increíble. Se hacían las inspecciones y no te daban los documentos”, afirmó.

Mauricio Luongo, el director técnico de COR Litoral, afirmó que era común que “la Autoridad de Radioprotección coordinara visitas y después no fueran”, y no reconoció que la empresa funcionara sin autorización. “Ellos revisaban los controles diarios que hacíamos nosotros. Nunca se trabajó sin licenciamiento, ni sin permiso”, dijo.

Por parte de Oncosur, que operó sin estar habilitado durante dos períodos, un directivo que pidió no ser nombrado indicó que las “demoras” se explican porque la autoridad “agregaba nuevos requisitos” de documentación, e intentaba “elevar los estándares” en las inspecciones.

Quienes tienen en trámite actualmente la renovación de las licencias para irradiar pacientes son el Clínicas y el Hospital de Tacuarembó –este último luego de haber funcionado sin habilitación desde 2017 hasta el año corriente.

Ello es así porque González exhortó a los servicios de radioterapia a que renovaran los permisos, pese a que esa es una tarea que corresponde realizar a los centros. Fuentes del Centro Oncológico de Tacuarembó dijeron que desde que se venció su licencia, tres años atrás, los inspectores de la ARNR “no vinieron más”.

Los inspectores retornaron con la nueva gestión de González, indicaron, y estos exigieron que se incorporaran elementos tecnológicos al equipo que tienen en funcionamiento, para lo cual el centro tuvo que pagar US$ 70.000, y ahora esperan por la habilitación.

Informes internacionales y el caso Vázquez
La situación general del sistema de centros de radioterapia actual, pese a las irregularidades, dista bastante de la realidad de 20 años atrás, cuando las autoridades del Ministerio de Salud Pública recibieron un informe de Ramón Baeza, experto de la Organización Panamericana de la Salud, que tenía críticas muy duras sobre el estado de los centros clínicos en los que se trataba a enfermos de cáncer. El estudio se basaba, a su vez, en las conclusiones de una misión que había hecho la OIEA en 1996, y otras dos misiones de expertos argentinos en los años 1997 y 2000.

“La situación es francamente alarmante y requiere de corrección a la brevedad posible”, decía el informe de Baeza, y solo consideraba en un nivel de “técnicamente aceptables” a las clínicas de Leborgne y la del Pereira Rossell. Todos los restantes no estaban en condiciones, de acuerdo al experto.

El abogado Daniel Turcatti, entonces a cargo de la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear (la ARNR todavía no se había creado), recuerda ese estudio. “Se aconsejó que intimáramos a las empresas a que corrigieran los defectos que tenían los equipos. Algunas corrigieron y quedaron habilitadas y otras no y fueron clausuradas”, rememoró.

Pero hubo una que siguió funcionando, pese a que el informe de Baeza especificaba que uno de los equipos con los que trabajaba la clínica –Theraton 80– debía ser “reinstalado o reemplazado”. Se trataba de COR –la empresa de los Vázquez–, y por esa razón estaba incluida en la lista de clausura del MSP, entonces encabezado por el ministro Luis Fraschini, que tenía entre sus asesores a Miguel Ángel Toma. Fraschini, el director de Salud Eduardo Touya y Toma –que habrá de ser años después uno de los hombres de mayor con confianza del expresidente Vázquez en sus dos mandatos– eran los únicos que sabían de la clausura inminente, según reconstruyó El Observador el 7 de abril de 2018.

Unas horas antes de disponer su cierre, una resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería detuvo la decisión, con el argumento de que los equipos de ese centro podrían seguir funcionando con una autorización provisoria. Ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Turcatti sostuvo entonces que el hecho de que COR integrara la lista de los centros a ser clausurados fue por un “error administrativo” y ahora aseguró que sobre ese episodio siempre pesó una “confusión”.

“Lo que recuerdo es que el defecto que tenían no era tan importante. Y el mismo día que les comunicamos la intimación a que lo arreglaran, ellos presentaron un escrito diciendo que lo habían arreglado. Entonces mandamos una nueva inspección, y esa inspección determinó que estaba arreglado, por lo que levantamos las observaciones”, sostuvo.
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