La vicepresidenta argentina Cristina Kirchner, se pronunció este lunes a través de su cuenta de Twitter sobre el rechazo por parte del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de ampliar este martes su declaración indagatoria alegando que estaría "ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial".
Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022
La vicepresidenta argentina se expresa en contestación a la negativa por parte del presidente de tribunal Rodrigo Giménez Uriburu al planteo que había hecho su abogado, Carlos Beraldi, para que la exmandataria pueda defenderse (mediante la ampliación de sus declaraciones) de nuevos elementos introducidos por el fiscal Diego Luciani en su alegato sin que antes hubieran sido debatidas en el juicio, según informaron fuentes judiciales.
La decisión del presidente del Tribunal Oral Federal 2 ocurre en el contexto del juicio donde la Justicia argentina investiga el rol de la vicepresidenta en torno al supuesto direccionamiento de la obra vial pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
En la misma ocasión, Giménez coincidió con sus colegas Andrés Basso y Jorge Gorini en que durante la próxima Cristina tendrá la oportunidad de exponer ante el tribunal en el formato que se conoce como "últimas palabras".
En tanto, la jerarca anunció por la misma vía que se volverá a expresar a las 11 horas de mañana martes demostrando "por qué" les estarían "prohibiendo" hablar en el juicio.
Que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019. Por ello mañana a las 11hs, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022
El fiscal pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por el delito de corrupción.
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