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Fiscales solicitaron procesamiento para los miembros de la secta argentina
Los fiscales federales Carlos Ernesto Stornelli y Alejandra Mangano solicitaron que se procesara a todos los miembros de la presunta secta de Villa Crespo, que traficaba con personas uruguayas haciéndose pasar por una escuela de yoga.
"Se determinó que todos sus miembros conocían cómo estaba constituida la pirámide de poder, quiénes eran las personas que la diseñaron y organizaron, y quién actuó como jefe", afirma la solicitud de procesamiento a la que accedió El Observador.
La organización fue conformada por su máximo líder Juan Percowicz, Marcela Sorkin, María Susana Barneix, Ruth London, Susana Mendelievich, Mariano Krawczky, Mario Leonardo, Gustavo Rena, Carlos Barragán, Georgina Hirschfeld, Marcela Argüello, María del Carmen Giorgi, Daniel Aguilar, Alicia Arata, Silvia Herrero, Luis Romero, Horacio Vesce, Daniel Fryd Trepat, Federico Sisrro y Jorge Novas.
En la denuncia, un testigo aclaró que "Juan Percowicz era el líder de "todo" y que nada se hacía sin su orden: "llegaba Juan al edificio y era como si llegara el mismísimo Dios. Todos acudían a él, había abrazos, besos, toqueteos".
Según se denunció, todos los "alumnos" perdían "todo vínculo con sus familias y allegados, y sus vidas comenzaban a organizarse alrededor de las directivas de Juan Percowicz". Incluso algunas de las alumnas "eran obligadas a mantener relaciones sexuales con personas de elevado poder económico para obtener dinero para la organización".
De todas formas los fiscales entendieron que no solo el líder debía ser procesado.
"Todos sus integrantes acordaron unirse para lograr un fin: recaudar la mayor cantidad de dinero posible de parte de los propios “alumnos” de la organización, de sus explotaciones ilícitas, y de una serie de negocios de esa misma cualidad. Todos asintieron y reconocieron la existencia de una estructura de decisiones", alegaron los fiscales, Carlos Ernesto Stornelli, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 y Alejandra Mangano, titular de la Procuraduría contra la Trata y la Explotación de Personas.
"Los imputados dividieron sus funciones dentro y realizaron una contribución personal, con el propósito de favorecer y garantizar los fines preestablecidos por la asociación, y los delitos por ésta cometidos", sostiene el documento.
La decisión sobre la situación de los imputados quedó en manos del juez federal Ariel Lijo.
Lijo había negado la excarcelación que los implicados habían solicitado. De todas formas, les concedió arresto domiciliario a quien se identificó como líder de la secta y a tres miembros más, bajo supervisión del programa de asistencia a personas bajo vigilancia electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
