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Gobierno autoriza fideicomiso de US$ 28 millones para salvar Casa de Galicia
El Poder Ejecutivo autorizará la creación de un fideicomiso de US$ 28 millones para que Casa de Galicia resuelva las dificultades económicas que atraviesa. Como condición la empresa deberá cumplir con 74 puntos que pretenden asegurar su reestructura, según el acuerdo al que llegaron anoche representantes de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia y del Sindicato Médico del Uruguay (SMU).
El Ministerio de Salud Pública había puesto como requisito para la aprobación del fideicomiso que los gremios de la salud dieran el visto bueno a la propuesta elaborada por el Poder Ejecutivo y la empresa. La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) —que la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia integra— había aprobado la semana pasada una propuesta. Sin embargo, el SMU consideraba que no tenía suficientes garantías de que la empresa fuera a seguir al pie de letras lo acordado, señaló a El Observador Soledad Iglesias, integrante de la Unidad de Negociación del SMU.
En este nuevo acuerdo quedó consignada la creación de una comisión que controlará cómo Casa de Galicia gestiona el dinero y resuelve la situación crítica en que se encuentra. La comisión funcionará durante cinco años, pero se extenderá otros cinco de ser necesario, aseguró Iglesias. Si los encargados de controlar a la empresa detectaran un desvío del plan original, deberán notificar a la Junta Nacional de Salud (Junasa), que tiene potestad para asegurar el encauzamiento.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo se comprometió a que parte del fideicomiso se destine de forma directa al pago de los salarios de todos los funcionarios durante los próximos cinco años. El acuerdo establece que en 2020 la empresa deberá haber generado suficientes ahorros como para saldar la deuda que tiene con el personal médico, al que no le paga salario vacacional desde 2013.
Casa de Galicia atiende a una población de 46.500 usuarios —más del 17% de los cuales supera los 75 años— y cuenta con 1.700 funcionarios, entre médicos y personal no médico.
Parte de su reestructura depende de la Asociación Española y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que acordaron comprarle servicios. La mutualista le compra camas de internación para adultos en cuidados moderados; para niños y adultos en la emergencia, y le va a vender sus servicios de laboratorio. El convenio con ASSE, en tanto, supone que el prestador público le compre camas para adultos en cuidados intermedios e intensivos.
Estos acuerdos no modifican la gerencia de la empresa, que seguirá siendo la misma, expresó Iglesias. La grave situación económica que atraviesa Casa de Galicia se arrastra por lo menos desde 2015, cuando también se planteó la necesidad de crear un fideicomiso para readecuar el pasivo de la empresa.
El SMU entiende que los gerentes de la institución son quienes tienen más responsabilidad, pero consideran que el Poder Ejecutivo ha sido omiso. "Tendrían que haber tomado más medidas, el planteo del SMU siempre fue desde la honestidad y de la evaluación de los resultados públicos", dijo Iglesias, aunque destacó que en el último tiempo el gobierno intentara encontrar una solución.
El representante de las mutualistas ante la Junasa, Luis González, se negó a responder a las consultas de El Observador.
