El traslado de la fiscal penal Gabriela Fossati de la Fiscalía de Flagrancia de 12° Turno a una que atiende casos que se rigen con el viejo Código del Proceso Penal (CPP), sigue generando idas y venidas entre miembros del Ministerio Público. El último capítulo de esta novela, que por momentos parece no tener fin, lo escribió Patricia Marquisá, directora del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación.
Si bien Marquisá no suele responder a críticas sobre el funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), hubo un punto mencionado por Fossati en una carta enviada a la Asociación de Fiscales por el que sintió que debía responder. La fiscal trasladada dijo que uno de los motivos de su traslado respondía a un castigo "por haber solicitado públicamente la semana anterior una investigación a la Depuración, Priorización, Asignación (DPA)- que se encarga de distribuir los casos que reciben los fiscales- por no cumplir con las exigencias impuestas por la ley orgánica: asignación objetiva de los casos".
Fossati dijo en otro comunicado que el traslado la perjudica ya que se encuentra haciendo una maestría sobre el nuevo código, cuyos conocimientos no podrá aplicar porque estará trabajando con el sistema anterior. Y aseguró que la decisión de su jerarca es "un claro mensaje" de que "los díscolos recibirán su castigo".
Marquisá es la jerarca responsable de esa área y, por ende, decidió escribir una nota al gremio de los fiscales, como una de sus afiliadas, en respuesta a una carta de respaldo que la asociación envió a Fossati.
Según Marquisá, la actitud del gremio de apoyar las declaraciones de Fossati fue la de "inclinar la balanza hacia una asociada", pero dejó de lado a otras afiliadas que trabajan con el DPA.
Marquisá indica en la carta –a la que accedió El Observador- que "la puesta en duda sobre la existencia de criterios objetivos para la asignación de casos por la DPA´ que menciona la nota de esa directiva y recoge los dichos aparentemente expuestos en la carta de la doctora Fossati, no hacen más que poner en duda la integridad intelectual y moral de quienes se limitan a aplicar los criterios emanados de las resoluciones del jerarca y de las instrucciones elaboradas, entre otros, por esa gremial".
Según explica en la carta, "los criterios de asignación de denuncias" surgen de resoluciones sobre competencias que se encuentran establecidas en las instrucciones generales de la Fiscalía que "pudieron ser recurridas por cada uno de los fiscales". A su vez, destaca que las instrucciones generales donde se establecen los criterios para investigar y la forma de funcionamiento de la DPA, fueron redactadas por un Consejo Consultivo Honorario integrado, entre otros, por la Asociación de Fiscales.
"Es por ello que desde la función que desempeño, respaldo de manera total y absoluta el proceder de las fiscales, de los abogados y funcionarios de la DPA en las tareas que cumplen –entre otras- de asignación de denuncias basadas en criterios objetivos y transparentes que emanan de las resoluciones e instrucciones generales", remató en la nota, que fue enviada este domingo.
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