El modelo de control se ensayó en Telefónica.
Laura García

Laura García

Analista Financiera

Empresas y Negocios > Por Laura García

La “argentinización” de Sánchez: las grandes del Ibex temen a los “infiltrados” del Gobierno en sus consejos

Pedro Sánchez quiere tener un pie en las empresas estratégicas. Eligió hacerlo con la SEPI. Hasta ahora, liquidaba empresas públicas obsoletas, rescataba a las hundidas y manejaba a las de mayoría estatal. Ahora empezó a hacer salvatajes de empresas privadas y colocar consejeros. Lo de Telefónica no es nuevo. La Moncloa ahora quiere presencia sin rescate. El modelo kirchnerista que copia el Presidente.
Tiempo de lectura: -'
25 de noviembre de 2023 a las 06:43

El caso Telefónica, aunque se manejó con sigilo, no hizo más que ponerlo en evidencia. Y la Moncloa de Pedro Sánchez nunca se esforzó mucho en disimularlo. Su vocación es plantar bandera en el capital de las empresas estratégicas españolas. Ubicando “emisarios” políticos en los consejos de administración, podrá estar en la mesa de decisiones de los grandes nombres del Ibex. 

Repsol, Iberdrola, Endesa o Naturgy serían algunas de las que están en la mira, aunque no las únicas.

Las energéticas no están en los mejores términos con el Gobierno ya que, una vez más, convirtió uno de sus impuestos temporales en permanente. Esta vez, el gravamen a la industria, originalmente pensado por dos años, dejará de ser extraordinario tras el pacto de investidura con Sumar.

En todo caso, aunque este nivel de intervencionismo no se había visto en décadas en España es otro signo de “argentinización” sanchista.

Recuerda al Néstor Kirchner de 2008 -sin reparos y llevado al extremo- nombrando directores del Estado en empresas privadas tras la nacionalización de las administradoras de jubilaciones y pensiones, ya que tenían suficientes acciones de compañías en su cartera de inversión como para acceder al consejo.

La SEPI y una misión nueva 

El instrumento elegido para el desembarco público es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales o SEPI.

De hecho, en el caso de Telefónica la decisión oficial de explorar esta incursión en el capital ante la compra saudí fue manejada con tal reserva que la gran mayoría se enteró por el comunicado al regulador del mercado. Y la gran mayoría incluye desde la cúpula de la empresa, el consejo de administración de la propia SEPI y buena parte del Gobierno.

Para tener presencia en el Consejo de Administración basta con adquirir al menos un 5% de las acciones de una compañía. A precios de mercado actuales, si hablamos de Telefónica supondría un desembolso de algo más de 1.000 millones de euros.

La entrada de la SEPI supondría la vuelta del Estado a una empresa que fue privatizada en dos fases en los años noventa. El proceso, que finalizó en 1997 durante el Gobierno de José María Aznar, supuso también que pasó de ser una compañía deficitaria a otra competitiva.

Pero más allá de Telefónica, si este esquema prospera, como aseguran que es la intención del sanchismo, estaremos frente a una redefinición del rol de la SEPI. 

Se trata de un brazo industrial del Gobierno centrado hasta ahora en el sector público. La SEPI se encargaba de liquidar empresas obsoletas, rescatar aquellas que pendían de un hilo (Correos) y encabezar las empresas cotizadas, algunas públicas como Enagás, Indra y Red Eléctrica, de las que es accionista de control, y participar en otras en la que su presencia es menos relevante como Airbus e IAG.

Aunque su rol está en principio limitado al tejido productivo público, la Moncloa ya viene utilizando el SEPI para actuar en situaciones que van más allá de esa estricta delimitación. Y que buscan defender la “españolidad” de empresas privadas pero que tienen un valor crítico para el Estado.

Así fue como intervino para sacar adelante a Duro Felguera, Abengoa y Celsa. 

Un nuevo relato de rescate público 

Pero en realidad fueron muchas más. La SEPI sacó a flote a por lo menos una treintena de empresas privadas, designando miembros en el consejo, como fue el caso de Air Europa. 

Allí la SEPI puso casi 500 millones para que, a través de Iberia, se comprara el 20% de la aerolínea. Eso la habilitó a designar consejeros e incluso al consejero delegado al mando. Poco tiempo después Iberia ya se había hecho con el 80% del capital.  

Pero acá vemos cómo se va gestando un relato sobre el rescate público al sector privado y ensayando un modelo de intervención con empresas frágiles y defensas bajas.

Este es el derrotero que lleva a la SEPI a una nueva etapa. De los rescates a empresas públicas y el salvataje de compañías privadas a la presencia en sectores privados estratégicos. 

Muchos piensan en estos días en el caso Indra como advertencia de todo lo que puede ir mal cuando el Estado empieza a manejar el negocio. Desde 2022 la SEPI comenzó a aumentar la participación del 18,75% hasta llegar un año después al 28%.

Se convirtió así en el principal accionista de la primera empresa española de Defensa. No había crisis ni debacle de por medio. 

Se argumentó en defensa del aumento de la posición accionaria que fue “debido al renovado compromiso del Estado con una compañía que ha asumido retos de especial trascendencia para los intereses de España y de sus aliados más cercanos".

Más vago, imposible. O una empresa estratégica, digamos.

El Gobierno forzó la salida de su CEO y situó a un histórico del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) como presidente. Posteriormente, asaltó el consejo forzando la salida de los consejeros rebeldes con las políticas gubernamentales y forzó una alianza con Amber Capital (también accionista mayoritario en Prisa) para nombrar un nuevo órgano de control ad hoc. 

Hace pocos meses se logró un acuerdo para que José Vicente de los Mozo (ex presidente de Renault) asumiera como CEO en otro acuerdo político para pacificar la compañía.

Pero la SEPI tiene sus limitaciones. Sus beneficios de 2022 fueron 43 millones de euros, un 73% menos que el año anterior, lo que no invita a fantasear con grandes inversiones. En 2000, el consejo del holding ya exploró con Hacienda la posibilidad de emitir deuda para mejorar sus vías de financiación. 

Tanto la SEPI como sus sociedades participadas mayoritariamente pueden percibir aportaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, así como captar fondos en los mercados a través de bonos que están garantizados por el Estado.

La SEPI tiene una participación directa y mayoritaria en 14 empresas, entre las que se encuentran Correos, la agencia EFE o la naviera Navantia.

Participa de forma minoritaria en otras 10 —con el 27,99% de las acciones de la multinacional tecnológica y de defensa Indra, el 5% de Enagás, el 20% de Redeia (antigua Red Eléctrica) o el 4,12% de Airbus— y, a través de todas ellas, posee participaciones indirectas en más de 100 empresas. También participa en la Corporación RTVE.

El antecedente directo del SEPI fue el Instituto Nacional de Industria.

Desde principios de los años 40 y durante más de medio siglo (hasta su disolución en 1995, que precisamente fue el germen de la actual SEPI) el Estado fue titular de la inmensa mayoría del tejido industrial doméstico.

Su disolución marcó el inicio de un proceso de privatización que vio nacer a algunos de los actuales gigantes del Ibex.

Como un escudo protector 

Más allá de este ánimo del Gobierno por sentarse en los directorios, sigue vigente el llamado escudo anti-OPA, que es -sin ir más lejos- otra de esas medidas que surgieron imbuidas por la excepcionalidad de un momento dado- y terminaron prorrogandose mucho más allá. 

Básicamente, lo que estipula es que una compañía o inversor extranjero requiere una autorización oficial cuando quiera hacerse con el 10% o más del capital social de una empresa española en determinados sectores considerados como estratégicos.

Es una restricción que se puso en marcha en marzo de 2020 para evitar que se compraran empresas españolas “en ganga”, cuya valoración se había desplomado por la pandemia. 

El Gobierno se está valiendo de esta norma con Telefónica para acotar las aspiraciones de compra de acciones y lo hizo con Naturgy (dedicada a la generación, distribución y comercialización de energía)

En 2021, el fondo de inversión australiano IFM lanzó una OPA para hacerse con hasta el 22% del capital de Naturgy, lo que activó el protocolo de protección gubernamental sobre las empresas estratégicas. Se tuvo que conformar con un 10,83%.

En estos dos últimos años, sin embargo, logró ir elevando su participación hasta situarla por encima del 14%, si bien tuvo que aceptar una serie de condiciones que le impuso el Gobierno, relacionadas con el mantenimiento del centro de toma de decisiones de la compañía en España y el apoyo al ciclo inversor de una empresa crítica en el proceso de transición energética.

En cuanto a la implementación de estas barreras, una de las novedades que trajo el nuevo Consejo de Ministros designado el lunes es que será una de las nuevas atribuciones de Nadia Calviño, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, antes aplicada por el Ministerio de Industria.

Pese a que está próximo a dilucidarse su posible nombramiento al frente del Banco Europeo de Inversiones, será por ahora la interlocutora de los inversores internacionales (BEI).

 Y no sólo se trata de Telefónica, sino que en lo inmediato también deberá decidir sobre la toma de Celsa por parte de los fondos acreedores, aunque el camino está allanado ya que el Gobierno impuso ya condiciones como garantizar la entrada a un inversor nacional con más de un 20%. Y las OPA sobre Applus y OPDE.

El blindaje, en verdad, viene desdoblado: el que preserva a las empresas cotizadas españolas ante compras de inversores europeos expira a finales del año tras la última prórroga pero su complemento, el que las protege de adquisiciones de inversores no europeos a no ser que tengan autorización del Gobierno si superan cierto umbral accionario, tiene carácter permanente.

Una kirchnerización incipiente

En el 2008, el Gobierno argentino estatizó el sistema de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Estas empresas privadas administraban las jubilaciones de los trabajadores, por ejemplo, invirtiéndolas en acciones de empresas argentinas que cotizaban en la Bolsa. 

A partir de entonces, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, gestionado por la estatal Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), concentró las acciones previamente dispersas entre las diez AFJP del mercado. Como resultado, el Estado terminó convirtiéndose en accionista de 37 empresas y en 17 además obtuvo el derecho a designar directores.

En un artículo publicado por el Journal of Comparative Economics, Martín Rossi, vicerrector de la Universidad de San Andrés, y Christian A. Ruzzier, director de la Maestría y del Doctorado en Economía de la Universidad del Salvador analizaron el desempeño de 68 empresas argentinas que cotizaban en la Bolsa entre diciembre de 2003 y noviembre de 2013. 

El precio promedio de la acción de las empresas que, además de incorporar al gobierno como accionista, recibieron a uno de sus representantes en su directorio, es de un 23 a 40% inferior al de las empresas sin conexiones políticas tras la estatización.

En noviembre de 2017, Cristina Kirchner dobló la apuesta. El Gobierno oficializó vía un decreto de necesidad y urgencia el aumento de su participación en los directorios de 43 empresas privadas en total, ya que tenía injerencia en otras 11 compañías, en las que tiene acciones a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). 

Cristina derogó de esa manera la disposición que limitaba a 5% el derecho como socio, restricción que alcanzaba a las estatizadas AFJP en el régimen anterior.

Ahora, en la desconocida tierra del presidente electo Javier Milei, sabemos que el sistema volvería a privatizarse, con lo que el futuro de ese pequeño ejército de directores del Estado es tan incierto como la Argentina misma. 

Estamos lejos del sanchismo K. Pero a las industrias estratégicas se las defiende con seguridad jurídica, bajos impuestos y buen clima de negocios. Los inspectores políticos sobran. 

 

Comentarios

Registrate gratis y seguí navegando.

¿Ya estás registrado? iniciá sesión aquí.

Pasá de informarte a formar tu opinión.

Suscribite desde US$ 345 / mes

Elegí tu plan

Estás por alcanzar el límite de notas.

Suscribite ahora a

Te quedan 3 notas gratuitas.

Accedé ilimitado desde US$ 345 / mes

Esta es tu última nota gratuita.

Se parte de desde US$ 345 / mes

Alcanzaste el límite de notas gratuitas.

Elegí tu plan y accedé sin límites.

Ver planes

Contenido exclusivo de

Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.

Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá

Cargando...