La Corte Suprema argentina ratificó la decisión de la justicia jujeña en un caso de corrupción K

“Es un criterio sostenido por esta Corte que la autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias requiere que se reserven a sus jueces las causas que en lo sustancial del litigio versen sobre aspectos propios de esa jurisdicción, en virtud del respeto debido a sus facultades de darse sus propias instituciones y regirse por ellas", señalaron los supremos haciendo valer la autonomía provincial. 

Tras conocerse el fallo, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, celebró la decisión del máximo tribunal argentino y anunció que pedirá que cumpla lo que le resta de la sentencia en una cárcel común.

"A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la condena de Milagro Sala, he solicitado a la Fiscalía de Estado de la Provincia que, como querellante de la causa judicial, requiera que se cumpla la pena en cárcel común", anunció el gobernador jujeño a través de su cuenta de la red social Twitter.
   
Morales, además, consideró que produjo "la desarticulación definitiva del estado paralelo que el kirchnerismo había instalado" en la provincia. "Este fallo reafirma la transformación de la matriz productiva en la Provincia, ya que, si no se resolvía la cuestión de la corrupción imperante y la violencia, no se hubiera podido lograr el desarrollo del litio, las energías renovables, el turismo, el cannabis con fines medicinales, la construcción de 258 escuelas nuevas y otras tantas medidas transformadoras para nuestro pueblo", sostuvo Morales en una carta abierta dirigida al kirchnerismo.

El Caso 

El caso llegó a la Corte después que en 2020 al Tribunal Superior de Justicia de Jujuy rechazara un pedido de Milagro Sala -quien a través de su defensa había solicitado que se declarara inconstitucional el juicio en el que fue condenada- y ratificó el fallo que había sido dictado por el Tribunal Oral Criminal 3. 

Antes, el caso había sido revisado por la Cámara de Casación de Jujuy y también confirmado. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia remitió a fines de diciembre del 2020 las actuaciones a la Corte Suprema. En febrero de este año, el jefe de los fiscales Eduardo Casal, en carácter de fiscal ante el máximo tribunal, se había pronunciado por la desestimación de la queja presentada por Sala ante el Alto Tribunal.

El tribunal jujeño que condenó a Sala también la encontró culpable de haber extorsionado a cooperativistas para hacerse de los fondos que recibían del Estado. La condena es también por haber defraudado al Estado con fondos provenientes de un acuerdo firmado entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.