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La frontera y la otra guerra contra las drogas

Conocer los efectos del coronavirus en las operaciones del crimen organizado tomará tiempo, pero sobre lo que si tenemos más certeza, es cómo la pandemia ha afectado negativamente a los usuarios de sustancias

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10 de octubre de 2020 a las 05:03

Por Cecilia Farfán Méndez y Jaime Arredondo

Como resultado de la pandemia ha habido conversaciones sobre cómo el COVID-19 ha afectado las operaciones del crimen organizado, incluyendo a los grupos de narcotráfico. Por un lado ha habido discusiones sobre la efectividad de la gobernanza criminal en contextos donde las autoridades estatales no han querido o podido implementar medidas contra el contagio así como sí necesariamente habrá una diversificación en las actividades criminales.

Conocer los efectos del COVID-19 en las operaciones del crimen organizado, sin embargo, tomará tiempo. Sobre lo que si tenemos más certeza, es cómo la pandemia ha afectado negativamente a los usuarios de sustancias. Estos problemas son particularmente agudos en la región fronteriza entre México y Estados Unidos, donde convergen traficantes, compradores al mayoreo, vendedores al menudeo y consumidores.

Una zona peculiar en la frontera entre México y Estados Unidos, es la mega-región “CaliBaja” que incluye a todos los municipios de Baja California y los condados de San Diego e Imperial Valley en el estado de California. Con una población aproximada de 6.5 millones de habitantes, es la región con mayor concentración poblacional entre México y Estados Unidos, y alberga el cruce de personas más importantes del hemisferio occidental. Más aún, la integración de actividades económicas, cadenas de valor y de fuerza laboral la ha vuelto clave en conversaciones sobre mercados globales. Para los no-creyentes de la integración, basta decir que el PIB anual de la región ronda los $250 mil millones de dólares.

La idea de CaliBaja también ha generado narrativas sobre la excepcionalidad de esta región fronteriza. En contraste con las expansiones del muro fronterizo, en CaliBaja se construyen puertos de entrada como el Cross Border Express (CBX) que permite a usuarios del aeropuerto de la Ciudad de Tijuana cruzar hacia Estados Unidos sin tener que salir del aeropuerto. Es decir, CaliBaja se enorgullece de ser una región donde se construyen puentes, no muros, que permiten una mejor integración bilateral.

Pero el mito de la CaliBaja ha sido debilitado por las medidas de cierres parciales en la frontera que sólo permiten viajes esenciales. Esto ha sido particularmente visible dados los conflictos con las cadenas de suministro y fuerza laboral, pero poco se habla de las disrupciones en los servicios de reducción del daño, a pesar de la integración entre las organizaciones de sociedad civil que se dedican a ello en Tijuana, Mexicali y el sur de California.

La reducción del daño incluye intervenciones dirigidas a minimizar los riesgos e impactos negativos como resultado del consumo de sustancias. Por ejemplo, los usuarios de drogas inyectables reciben jeringas nuevas a fin de minimizar los contagios de VIH y hepatitis C. Contrario a las narrativas punitivas, la reducción del daño no incentiva el consumo y genera espacios para otras intervenciones que lleven a disminuir el consumo de las sustancias y salvar vidas, como mejorar el acceso a tratamiento sustitutivo de opiáceos (metadona).

En la ciudad de Mexicali, la organización Verter opera la única sala de consumo en América Latina y la cuarta en el mundo que ofrece servicios exclusivos para mujeres. También realiza proyectos comunitarios para evitar el embarazo adolescente e implementa pruebas rápidas de VIH y hepatitis C. Por su parte, la organización Prevencasa opera en Tijuana y dona insumos para usuarios de drogas inyectables, incluyendo el medicamento conocido como naloxona que puede revertir las sobredosis causadas por opioides. De igual manera, ayuda a las personas usuarias de sustancias a navegar el sistema de salud y mejorar la adherencia a tratamiento antiretroviral de VIH.

Notablemente, los usuarios y las ususarias, no son únicamente ciudadanos mexicanos y de hecho reflejan el aspecto binacional de la región fronteriza. Es decir, a quienes se les dan servicios son también estadounidenses quienes viajan a Baja California bajo un esquema de “turismo por uso de sustancias” o quienes simplemente deciden vivir en el lado mexicano a fin de disminuir sus costos de vivienda y manutención

El cierre parcial de la frontera, no obstante, ha impedido que organizaciones como Verter y Prevencasa adquieran los materiales necesarios para proteger y servir a la comunidad binacional. Y es que, siguiendo el espíritu de CaliBaja, estas organizaciones operan gracias, en parte, a los donativos que reciben de organizaciones que otorgan servicios similares en California.

Prevencasa recibió un donativo de 100,000 jeringas que, a pesar de la colaboración de las autoridades locales, aún no han podido ser llevadas a México debido a las restricciones en los cruces fronterizos por los gobiernos federales. Igualmente, la organización A New Path, basada en San Diego, pionera en la reducción del daño en California, estaba dispuesta y lista para donar 576 unidades de naloxona a las organizaciones en Baja California.  Sin embargo, no pueden ser llevadas a México debido a que se considera un medicamento controlado. A pesar de que en Estados Unidos y Canadá la naloxona se utiliza hace más de una década por organizaciones de la sociedad civil financiadas con recursos públicos, en México, quizás dominados por una perspectiva centralista, no hemos entendido que los riesgos de consumo por opioides también están presentes en nuestro país.

La ironía es clara: mientras que los mercados de drogas ilícitas continúan operando, los usuarios de sustancias tanto en México como Estados Unidos son víctimas de la burocracia que precisamente quiere minimizar los daños a la salud. La carencia de jeringas y de naloxona, así como el acceso a otras terapias sustitutivas, se traducen en una mayor probabilidad de contagio de VIH y hepatitis C y de muertes por sobredosis que podrían ser evitadas con un atomizador nasal como los que se utilizan para la descongestión causadas por alergias y gripes.

En estos momentos donde los gobiernos buscan soluciones creativas a un problema global, harían bien en tomar en cuenta los riesgos de una doble epidemia en la región fronteriza: la causada por COVID-19 y la causada por muertes por sobredosis. Los gobiernos en México y Estados Unidos han sido muy efectivos en lograr que CaliBaja integre cadenas de suministro y los gobiernos locales han sido muy eficientes en promover las ventajas de la región. La reducción del daño comienza a nivel local y por ello es un buen momento para que la integración, vía actores subnacionales como Verter, Prevencasa y A New PATH, salve vidas a partir de cadenas de suministro de medicamentos e insumos lícitos.

 

Cecilia Farfán es politóloga y jefa de programas de investigación en seguridad del Centro de Estudios México-E.U.A. de la Universidad de California y Doctora en Ciencia Política por la misma universidad. Es parte del consejo directivo de A New PATH.

Jaime Arredondo es profesor e investigador en el programa de política de drogas en el CIDE Región Centro. Doctor en Salud Pública Global por la Universidad de California, San Diego. Integra el consejo directivo de Verter.

www.latinoamerica21.com, un proyecto plural que difunde diferentes visiones de América Latina.

 

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