Opinión > Editorial

La igualdad ante la ley

Sobre la decisión del TSE de prohibir a Lula como candidato en Brasil

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03 de septiembre de 2018 a las 05:00

La decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) de prohibir al exmandatario Luiz Inácio da Silva (Lula) participar en la elección presidencial de este año debido a su condena por cargos de corrupción, habla muy bien de la independencia de la Justicia, una característica esencial de una democracia sana. La resolución de uno de los dos máximos órganos jurisdiccionales de Justicia es una clara señal de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y la Constitución. 


Lula, el político más popular de Brasil y quien lidera las encuestas de intención de voto, está cumpliendo una sentencia de 12 años por cargos de corrupción. Pese a la sentencia en segunda instancia de la ley brasileña llamada “Ficha limpia” –que prohíbe a candidatos postularse si tienen condenas que han sido ratificadas en apelación–, el Partido de los Trabajadores lo registró como candidato presidencial para los comicios del 7 de octubre, asegurando que es inocente, y ahora incluso anuncia que recurrirá el fallo del TSE.   


A los electores parece tenerlos sin cuidado los fallos judiciales contra Lula. Eso se refleja en que 39%, según la encuestadora Datafolha, quieren que llegue a la Presidencia por tercera vez. En general se trata de votantes de sectores históricamente desfavorecidos que se vieron beneficiados de la bonanza económica de los períodos de Lula en el Palacio del Planalto y de generosos planes sociales que contribuyeron a que millones de personas dejaran de pertenecer a los quintiles más bajos.     


Una justicia valiente debe hacer respetar la ley a rajatabla y sobreponerse a la presión de los partidos políticos e incluso si con ello contraviene la opinión de una parte importante del electorado. Y eso fue lo que hizo el TSE, apegarse al ordenamiento jurídico y no, como dice el Partido de los Trabajadores en un comunicado, haber cedido ante un supuesto deseo de las élites brasileñas para que Lula no vuelva al poder. 


El TSE cumplió con lo que el soberano ordenó en la llamada “Ficha Limpia”, que estableció requisitos más exigentes para la elegibilidad de los candidatos con el objetivo de perfeccionar la práctica de la política en el país. En ese sentido, la ley establece como inelegibles a los condenados que tuvieron los derechos políticos suspendidos por una decisión firme o dictada por un órgano judicial colegiado en asuntos de corrupción, como es el caso de Lula.


El fallo del tribunal respetó los derechos de Lula y en lugar de reflejar un “desprecio” a la sociedad brasileña, contribuye sobremanera al derecho de toda la ciudadanía a tener una elección presidencial limpia y con los candidatos debidamente definidos.   


La decisión era muy esperada por el ambiente de incertidumbre sobre la elección más incierta de Brasil en décadas y que se está reflejando de manera descarnada en la economía. 
Sin Lula como candidato, se espera que el compañero de fórmula, el candidato a vicepresidente Fernando Haddad, un exalcalde de San Pablo, encabece la boleta con la esperanza de heredar la mayoría de los votos de Lula, una posibilidad extremadamente difícil.


En ese escenario, el rival más cercano es el postulante de extrema derecha Jair Bolsonaro, con 19%, una alternativa preocupante por sus ideas populistas, aunque no sería improbable que las preferencias electorales sufran cambios importantes en el próximo mes. 


 

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