La trampa de la gratuidad en la universidad pública

La gratuidad de los estudios en la Universidad de la República, principio consagrado por la Constitución, ha devenido en una trampa. Saque la cuenta y comprobará que, a la larga, empieza a ser más caro y oneroso estudiar en la universidad pública que estudiar en una privada. Esto debido a que quien estudió en la Universidad de la República y cometió el pecado de recibirse, debe pagar un tributo, el Fondo de Solidaridad, que no pagan los que estudiaron en una universidad privada. Antes había que pagar al Fondo de Solidaridad durante 25 años, lo que ya era una cantidad excesiva, pero desde que el gobierno frenteamplista empezó a tener problemas de caja, esto se modificó y ahora hay que pagarlo durante la friolera de 35 años. Incluso si el egresado universitario se jubila, pero mantiene cualquier forma de actividad, aunque no esté relacionada con sus estudios y su titulación universitaria, debe seguir pagando al Fondo.

Los que munidos del discurso “progre” de la solidaridad defienden el Fondo en las condiciones actuales, se golpean el pecho afirmando que no afecta la gratuidad de los estudios universitarios, y remiten para ello al dictamen de la Suprema Corte que desestimó los recursos en tal sentido, sosteniendo que gratuidad quiere decir, específicamente, que no se cobra matrícula en el momento de los estudios universitarios de grado. La Corte dice que no se desconoce el principio de la gratuidad porque “no se grava la escolaridad que permanece gratuita sino el ulterior disfrute económico de la enseñanza acaecida”.

Esto es verdad, pero parece nada más que un eufemismo jurídico, un juego de efecto para encubrir la verdad lisa y llana. Porque el tributo se cobra por haber estudiado en la universidad y no por otra cosa. Ese, y solo ese, es el elemento vinculante. Luego los estudios universitarios públicos no son gratuitos, tienen un costo, y oneroso. El tributo no es por el ejercicio de una profesión, si no se cobraría también a los profesionales egresados de las universidades privadas y a los egresados de los cursos terciarios de UTU o de Formación Docente.

El tributo del Fondo de Solidaridad no se cobra durante el cursado de la carrera, pero te castigan cobrándote durante los 35 años siguientes. O sea, lo gratuito no es gratuito, te cobran lo supuestamente “gratuito”, abusivamente durante el resto de tu vida activa. Eso sí, te lo envuelven con papel regalo. Te le ponen palabras bonitas y te fajan 35 años. Ahí está el abuso.

El concepto parecería indicar que hay algún privilegio en haber obtenido un título universitario. Aquello que estuvo en la base de toda política pública de extensión de los estudios, que cuanto más se educara la gente ello no solo sería bueno para quien adquiriere mejores niveles de cultura, sino que sería bueno para toda la sociedad que se beneficia con la elevación cultural de sus integrantes, no corre más. Ahora te castigan por haber sido exitoso estudiando, como si tener un título fuera un mero ir a la universidad y no supusiera un esfuerzo sistemático durante años de asistencia a cursos y superación de pruebas y exámenes, con los costos consiguientes de esfuerzo anímico e intelectual, de gastos que deben hacerse por libros, apuntes, materiales, locomoción y por el costo indirecto de los ingresos que no se perciben por estar estudiando. Es decir, no se va a una ventanilla y te expiden un título, pregúntesele sino a Sendic. Se requiere esfuerzo, luces y mucha sentadera para llegar. Pero además es discriminatorio, porque a este egresado de la universidad pública, se le cobra como a todos, impuestos indirectos y directos (como IRPF), pero además, se le cobra este tributo por haber estudiado en la Udelar y por “el disfrute económico” que se supone ello le otorga, por más que el disfrute económico ya es materia imponible del IRPF.

Para paliar todo este abuso se levanta el estandarte de la solidaridad intergeneracional, de modo que quien se benefició de estudiar en la universidad pública debe retribuir el esfuerzo social pagando un Fondo de Solidaridad que se vuelca a financiar las becas de los estudiantes más pobres y del interior, que tienen costos adicionales. La función del Fondo y los objetivos del esfuerzo es altruista. O mejor dicho lo era, porque ahora ese esfuerzo ha sido desviado, para pagar también rubros del presupuesto de la Udelar que debían salir de rentas generales, pero que sale también del bolsillo de los solidarios egresados universitarios.

Pero claro está, dado el nuevo y diversificado cometido, lo que se cobraba no era suficiente y, entonces, se pasó a cobrar un adicional al Fondo de Solidaridad, haciendo más oneroso el tributo. Se trata de un colectivo cautivo que debe sufragar sí o sí, y si no paga se lo manda al Clearing o se embargan bienes. De modo que el Fondo de Solidaridad ha crecido de modo suculento y entonces los vivos de siempre, aprovechan. Así, directivos y gerentes del Fondo de Solidaridad pasaron a cobrar sueldos siderales, injustificados, que duplican y triplican otros sueldos de directores de entes. A ellos nadie les reclama por su deuda social. Posan de izquierdistas, hacen gárgaras con la solidaridad, pero se llenan sus suculentos bolsillos burgueses. ¡Ay! Dónde fue a parar el “Hombre Nuevo”.

Creo que habría buena disposición en la mayoría de los universitarios titulados a hacer un esfuerzo solidario con las generaciones que vienen detrás y que padecen diversas limitaciones materiales, para que puedan ellos también alcanzar la meta del título. Pero el sistema tal cual está hoy regulado es injusto y abusivo. No se justifica ni existe legitimidad para requerir un esfuerzo durante prácticamente toda la vida activa de un académico o de un profesional por el solo hecho de haber estudiado en la universidad pública. 35 años de erogación es insostenible.

También lo era 25 años. Creo que esto debería corregirse, de modo que cada uno pagara durante un tiempo igual al número de años que le llevó la carrera. Podría pedirse más a aquellos que usaron del beneficio de una beca, como forma de sostener a los que vienen detrás y requieren sus mismas posibilidades.

El monto debe ser razonable y lo recaudado volcarse a los fines que la ley primigenia planteó. No es admisible que con este fondo se financien otras necesidades de la universidad que deben salir del presupuesto general del estado. Tampoco puede admitirse que se use este esfuerzo para financiar un engordado aparato de empleo ni, éticamente, que los jerarcas de este sistema cobren salarios desorbitados. Esto es una vergüenza sin levante. Por último lo del principio. Flaco favor se le hace a la Udelar al cobrar de este modo desorbitado el Fondo de Solidaridad, porque ello empieza a empujar a muchas familias a hacer cuentas de que la universidad pública puede resultar más cara que la privada y una carga que se lleva toda la vida.

El sistema debe ser revisado, su finalidad reencauzada y los abusivos privilegios de jerarcas frenteamplistas cancelados. Después que hagan esto, hablamos de deuda social y solidaridad.