Ley permite a Justicia argentina embargar campo El Entrevero

El artículo 4 del protocolo de medidas cautelares firmado por Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay en Ouro Preto, en diciembre de 1994, establece que “las autoridades jurisdiccionales de los Estados parte del Tratado de Asunción darán cumplimiento a las medidas cautelares decretadas por los jueces o tribunales de los otros Estados parte, competentes en la esfera internacional, adoptando las providencias necesarias de acuerdo con la ley del lugar donde estén situados los bienes o residan las personas objeto de la medida”.

En marzo de 2011, Traline SA compró las 150 hectáreas de El Entrevero por US$ 14 millones. El presidente de Traline en ese momento era Alejandro Maximiliano Acosta, socio de Leonardo Fariña, el valijero de la presunta red de lavado, quien reveló en conversaciones con el periodista Jorge Lanata, grabadas mediante cámaras ocultas, que esa organización era dirigida por el empresario Lázaro Báez y el expresidente argentino Néstor Kirchner.

En junio de 2011, la presidencia de Traline SA pasó a ser ocupada por Óscar Osvaldo Guthux, gerente de finanzas de Valle Mitre, grupo que administra el hotel Alto Calafate, que pertenecía a Kirchner y hoy es administrado por Báez. En base a esta información publicada por El Observador, el diario argentino La Nación informó el viernes que Guthux no solo figura como exempleado del hotel, sino que además es socio desde 1999 de Daniel Pérez Gadín, contador de Báez en la empresa Organización de Asesoramiento y Consultoría Internacional.
Ante el juez federal Sebastián Cassanello, el fiscal argentino Marijuán imputó como indagados a Báez, a su hijo Martín, a Pérez Gadín y a Fabián Rossi, quien fue implicado por Fariña como el hombre que depositaba el dinero en cuentas de bancos panameños.

En Uruguay, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central investiga la compraventa de El Entrevero y las cuentas bancarias de los actores que participaron en el negocio, informó a El Observador el director de la Secretaría Nacional Antilavado, Carlos Díaz.

Evasión no es delito precedente

Para que exista lavado se debe probar el origen ilícito del dinero aun cuando el delito se cometió en otro país. La ley de lavado de activos de Uruguay (18.914) penaliza esa conducta “aun cuando el hecho antecedente origen de los bienes, productos o instrumentos hubiera sido cometido en el extranjero, en tanto el mismo hubiera estado tipificado en las leyes del lugar de comisión y en las del ordenamiento jurídico uruguayo”.

Pero la legislación uruguaya difiere con la argentina en los delitos precedentes al lavado. Mientras que la evasión fiscal es un delito precedente al lavado en Argentina, en Uruguay no lo es. Por ello, si se comprueba que la organización acusada por Marijuán lavaba dinero sucio de la evasión fiscal, para las leyes uruguayas no habría delito. En ese caso, si Uruguay no lograra probar el delito de lavado, y la Justicia argentina sí, el fiscal Marijuán podría pedir el congelamiento de los bienes y embargar el campo como medida cautelar.

Esa posibilidad está comprendida tanto en la ley antilavado de Uruguay como en el protocolo de medidas cautelares firmado por ambos países en 1994.
Fuentes judiciales dijeron a El Observador que una investigación de este tipo puede llevar dos años. Señalaron que debido a que en el lavado se mezcla dinero ilegal con legal resulta muy difícil probarlo.

Investigación en Uruguay
Por otra parte, si se lograra probar el delito en Uruguay, la Justicia podrá pedir la extradición de los ciudadanos argentinos, pero si llegaran a ser procesados en Argentina, vendrán a cumplir pena en Uruguay luego de que la cumplan en su país. La Justicia uruguaya sí podrá procesar a uruguayos si prueba que participaron en la red de lavado.

El director de la Secretaría Nacional Antilavado anunció en el programa En la mira de VTV que denunciaría la operación ante el Juzgado de Crimen Organizado, pero luego resolvió encargar la investigación a la UIAF para “agilizarla”, explicó a El Observador.

Díaz precisó que cuando la UIAF reúna información relevante sobre la operativa, presentará la denuncia y los documentos al Juzgado de Crimen Organizado. La jueza de Crimen Organizado Adriana De los Santos y el fiscal Juan Gómez prevén citar a los profesionales que participaron en la compraventa y podrán pedir interrogatorios de los empresarios argentinos por exhorto (enviando cuestionario a jueces argentinos).

Los magistrados uruguayos investigan a un grupo de sociedades anónimas denunciadas por los diputados argentinos Manuel Garrido y Graciela Ocaña por ser utilizadas para lavar dinero del gobierno kirchnerista.