Mientras Alberto Fernández gestiona la cuarentena, Cristina Kirchner avanza sobre las empresas

Es una tarea que en general se produce sin mucho ruido, porque se trata de ocupar lugares en segundas líneas de mando, con baja exposición mediática, pero que le asegura a la facción que responde a Cristina Kirchner el acceso a lugares clave.

Los criterios para determinar qué áreas son importantes son claros: primero, la existencia de “cajas” o grandes presupuestos para gestionar; segundo, la posibilidad de tener injerencia o poder regulatorio sobre las grandes empresas del sector privado. Y, finalmente, el control de lugares clave en el poder judicial para impedir la repetición del “lawfare”, como le gusta decir a la expresidente cuando se queja de la utilización de la justicia para perseguirla con fines políticos.

En todos esos puntos, el proceso empezó y se profundiza. Los cargos más importantes ya fueron logrados, al asegurarse gente de la máxima confianza de Cristina en la AFIP –el órgano recaudador de impuestos-, la Anses –que gestiona el sistema jubilatorio, los pagos de planes de ayuda social y ahora también el esquema de asistencia a los afectados por la cuarentena- y el Pami –que gestiona la cobertura estatal de salud para jubilados-.

En estos días, además, se está produciendo un progresivo recambio de gerencias en los ministerios, donde los técnicos que venían de la gestión macrista están siendo reemplazados por funcionarios afines al kirchnerismo.

En cambio, los cargos de mayor visibilidad pública y a los que les toca la tarea ingrata de responder por el desplome de la economía y las tensiones con el dólar son los más cercanos al presidente.

Directores K en empresas privadas

Hasta ahí, la situación transcurre dentro de los carriles normales de la política, con un pacto de reparto de espacios de poder entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Pero el avance del kirchnerismo no se limita a la gestión estatal sino que focaliza, sobre todo, en la influencia sobre el sector privado. Uno de los métodos preferidos para ello es la integración de directores estatales en las grandes empresas.

Se trata de un resabio de la reestatización del sistema jubilatorio, en el primer año de la presidencia de Cristina. En aquel momento, la motivación para la medida había sido más fiscalista que ideológica: con necesidades de hacer caja y tras haber perdido una batalla parlamentaria para subir las retenciones a la exportación de soja, el kirchnerismo vio la oportunidad de recuperar un recurso clásico de todos los gobiernos. La caja administrada por las administradoras privadas –similares a las AFAP- era de US$ 6.500 millones, un botín irresistible para un gobierno necesitado de fondos.

Pero los funcionarios K descubrieron algo en lo que no habían reparado: además de dinero en efectivo, bonos y títulos del exterior, el fondo provisional contaba con acciones de grandes empresas, por más de US$ 2.000 millones. Las tenencias del fondo previsional superaban el 20% del capital accionario en la metalúrgica Siderar, el grupo financiero Galicia, la inversora en bienes raíces Consultatio, la alimenticia Molinos y varias prestadoras de servicios públicos privatizados en los rubros de telefonía, electricidad y distribución de gas. Y, por cierto, también incluía un 9% en el  multimedios Clarín.

De esa forma, el kirchnerismo empezó a tomarle el gusto a sentarse en los directorios de grandes empresas. Le permitía una injerencia directa en los negocios y hasta podía captar divisas sin tener que asumir las incomodidades de dirigir la estrategia comercial de la compañía.

Fue así, por ejemplo, que el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sentó durante dos años en el directorio de Siderar, donde forzó cambios en los planes de inversión, porque argumentó que ponía demasiado énfasis en los planes fuera de frontera.

ALEJANDRO PAGNI / AFP

Cristina Kirchner comprendió el inesperado poder que le daba el hecho de estar en los directorios de las grandes compañías privadas. Y con el regreso al poder, decidió profundizar esa estrategia. De hecho, cuando hace un mes el director de Anses, Alejandro Vanoli, fue eyectado de su cargo, se creyó que había sido por los problemas de gestión para el pago de ayudas estatales a desocupados de la cuarentena, pero el motivo era otro. Lo que no se le perdonó al funcionario fue cierta pasividad a la hora de pelear la reasignación de asientos en directorios de grandes empresas.

Corrieron incluso versiones en el sentido de que Cristina estaba irritada con Alberto Fernández por la reticencia para destituir a los directores que había designado el macrismo en los directorios de empresas.

En los últimos días se constató que la ahora vicepresidente pudo avanzar con su plan, dado que pudo colocar a gente de su confianza, como Eduardo de Pedro –uno de los líderes históricos de La Cámpora- en el directorio de Telecom, un gigante de la telefonía que cuenta al grupo Clarín entre sus controlantes.

Además, también tiene gente de confianza en Edenor, una de las mayores distribuidoras eléctricas del país, y en Techint, el mayor grupo industrial argentino, especializado en siderurgia. En Termium, una de las filiales de este conglomerado, ocupará una silla Augusto Costa, actual ministro de producción en la provincia de Buenos Aires, y hombre de la máxima confianza de Kicillof.

Techint no sólo es estratégico por su facturación y por tratarse de una verdadera multinacional argentina, sino porque su líder, Paolo Rocca, suele adoptar actitudes que el gobierno considera un desafío a su autoridad. Por caso, en el peor momento de la cuarentena efectuó despidos, suspensiones y recortes salariales, en abierta desobediencia a medidas gubernamentales.

 El kirchnerismo, entre Chávez y Merkel

Pero entre los empresarios hay otros temas que causan más preocupación. Por ejemplo, un proyecto de ley de la diputada Fernanda Vallejos, una economista y militante K, que planteó la posibilidad de que las ayudas estatales a empresas en problemas pudieran tener, como contrapartida, la conversión de esos recursos en acciones de las empresas.

La iniciativa generó de inmediato una ola de críticas. Desde el macrismo hubo comparaciones con el chavismo, y se recordó las célebres expropiaciones exprés que hacía el fallecido comandante ante las cámaras de televisión.

Pero la diputada se defiende con el argumento de que su inspiración no es Hugo Chávez sino Angela Merkel. Y mencionó el caso emblemático de Lufthansa, la línea aérea alemana que, tras haber visto desplomarse su facturación, recibirá un salvataje estatal por 10.000 millones de euros, a cambio de una participación accionaria de 9%.

Además, planteó que esa posibilidad de ayuda estatal a cambio de acciones podía ser una forma de proteger a compañías argentinas de compras hostiles por parte de fondos de inversión del exterior. Como por causa de la pandemia las cotizaciones bursátiles se derrumbaron, la diputada argumenta que las empresas argentinas son presa fácil de inversores que quieran comprar activos a precios de ganga.

Del otro lado del mostrador, sin embargo, los empresarios no sólo no le agradecieron su preocupación sino que vieron un inconfundible sello kirchnerista por avanzar sobre el sector privado.

Desde la Unión Industrial Argentina, el dirigente José Urtubey afirmo: “Esa propuesta no tiene sentido porque acá no hay un salvataje, son asistencias puntuales. Es casi lo mismo que a las personas físicas a las que se les dio asistencia después se les obligue a hacer trabajos o a los profesionales que asistieron”.

Y en la oposición política avisaron sobre un “contra-proyecto” para prohibir que la ayuda estatal pueda ser condicionada a resignar el derecho de propiedad.

“Con la plata de todos los argentinos, buscan extorsionar al sector privado con créditos subsidiados a través de los impuestos que pagamos todos, para lograr cargos de directores para los militantes en empresas asfixiadas por la crisis”, protestó el diputado macrista Ricardo Buryaile.

Pero tal vez el más incómodo con esta propuesta no haya sido un empresario, sino el propio Alberto Fernández, que se vio forzado a salir a dar explicaciones. Intentó un equilibrio en el cual dejara en claro que no pretendía violar el derecho de propiedad, pero al mismo tiempo sin decir nada que pudiera irritar a sus socios kirchneristas.

Pero los esfuerzos retóricos del presidente no fueron suficientes para que se disipara la preocupación de los empresarios, que están a la defensiva por la llegada de nuevas medidas intervencionistas. De hecho, ya hay unos 300 casos de compañías que plantean devolver la ayuda que habían recibido del Estado.

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