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Mieres propuso ajustar artículo sobre huelga para limitar únicamente las ocupaciones
El ministro de Trabajo designado, Pablo Mieres, y el futuro subsecretario, Mario Arizti, plantearon en la jornada de trabajo sobre la ley de urgente consideración de este jueves en el hotel Esplendor de Punta Carretas modificaciones a la redacción del artículo que se refiere al derecho de huelga y que para el PIT-CNT lo restringe. Según indicaron participantes de la reunión a El Observador, Mieres solicitó reconsiderar su redacción para ajustarlo a los lineamientos planteados por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sin cambiar el espíritu del artículo, incluido para prohibir las ocupaciones en lugares de trabajo.
Este aspecto había sido mencionado por el futuro ministro luego de una reunión que mantuvo con los representantes de la central sindical la semana pasada. "Si encontramos una redacción que sea más adecuada, en ese sentido estamos abiertos (a hacer cambios en la ley). El objetivo es que quede meridianamente claro que el alcance de ese artículo es estrictamente la prohibición de las ocupaciones", había dicho Mieres tras ese encuentro.
El artículo 349 del borrador señala que "toda medida de huelga deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa".
Mieres planteó ahora al gobierno electo ajustarlo a las recomendaciones de la OIT, que se limita a referirse a las ocupaciones de lugares de trabajo, y no a las medidas de huelga.
El equipo del futuro Ministerio de Trabajo también planteó la necesidad de modificar el plazo previsto en el proyecto de ley de urgencia para que una comisión de expertos elabore un plan de reforma de la seguridad social. La intención es acortar el tiempo prácticamente a la mitad y que el informe final se presente antes del primer semestre de 2021.
De todos modos, hubo planteos que serán analizados e incluso enviados por escrito para que el futuro prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, pueda estudiarlos con más detalle.
En las cinco horas que ministros y subsecretarios trabajaron junto al secretario de la Presidencia designado, Álvaro Delgado, y a Ferrés, recorrieron prácticamente todo el articulado del proyecto de ley de urgente consideración.
La discusión sobre el contenido de la iniciativa tuvo un carácter técnico sobre aspectos de redacción y no hubo una discusión a fondo sobre algunos temas donde la coalición no está toda alineada, dijo uno de los informantes. Varias de las propuestas serán enviadas por escrito e irán en paralelo a las sugerencias que están haciendo llegar los partidos políticos con la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, como intermediara.
“Modificación sustancial no hubo. Sí hubo un intercambio muy productivo entre todos los ministros y subsecretarios. Intercambiamos distintas opiniones que vinculan a más de un ministerio. Pero hoy no hablamos de modificaciones. Tenemos que estudiar las propuestas de la coalición, estudiar las propuestas de hoy y tomar una decisión política de cuál va a ser el resultado final y enviarlo al Consejo de Ministros (cuando se asuma el gobierno)”, dijo Ferrés luego de la reunión.
Importación de combustibles
Según supo El Observador en el área de Industria se planteó quitar el artículo 193 de la ley de urgencia por la que sea crea una sociedad anónima para que sea la encargada de habilitar un potencial negocio de importación. Se consideró que ese artículo no era necesario para realizar esa operación.
A su vez, no se dio la discusión sobre el artículo 192, que deroga el monopolio de la importación de combustibles refinados y derivados por parte de Ancap. Ese artículo que había estado en el borrador del documento Compromiso para el país pero que no había sido acordado con los socios y ahora volvió a aparecer en el proyecto, se discutirá en otra instancia, afirmaron las fuentes.
También se planteó que en la redacción de los artículos que dan mayores potestades a los organismos reguladores como la Ursea quede bien explícito que ni Ancap ni UTE tendrán alguna injerencia a la hora de fijar sus tarifas.
La semana pasada, #ReformaEEPP, un equipo de 20 expertos independientes coordinado por Ceres, presentó ante el comando de Luis Lacalle Pou una propuesta de reforma de la gobernanza de las empresas públicas. Dentro de esos cambios sugería que la ley de urgente consideración diera al regulador la potestad para fijar tarifas públicas a un precio razonable, eliminando la discrecionalidad que tiene hoy el Poder Ejecutivo para mover sus precios en uno u otro sentido.
Otras áreas
En salud, Daniel Salinas y José Luis Satdjian pidieron hacer mínimos ajustes a la redacción del artículo sobre la Agencia de Evaluación y Control de Medicamentos de Alto Precio y Técnicas Complejas, más que nada vinculado a su integración, pero que no modifica en absoluto el espíritu del nuevo organismo.
En vivienda, Irene Moreira y Tabaré Hackenbruch, mencionaron la preocupación por la creación de una Dirección Nacional de Integración Social y Urbana como un órgano desconcentrado del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, en la jornada se acordó que ese tema iba a ser tratado con Argimón por parte de dirigentes de Cabildo Abierto y el Partido Colorado, a los que Moreira y Hackenbruch pertenecen.
Una vez que Argimón reciba las sugerencias de los partidos políticos y que se terminen de remitir las de los ministerios, Ferrés se concentrará en la redacción final del proyecto, a la que también evalúan sumarle algunas modificaciones propuestas por organizaciones sociales. El gobierno entrante pretende que el documento se envíe al Parlamento en los primeros días de su mandato.
