Mónica, ¿la mujer señalada como líder Chinga o la que da cobijo a niños de la calle?

Esta mujer había sido condenada en marzo de este año por el fiscal Enrique Rodríguez como cómplice de esas extorsiones, y cumplía desde entonces un régimen de libertad vigilada por 15 meses, que según la ley 19.446 implica cumplir con "un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales".

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En esa audiencia del 19 de marzo, Rodríguez no pudo probar que Mónica asumía la conducción del grupo, pero sí concluyó que cumplió distintos roles según le ordenaban, en una estrategia que tenía como objetivo hacerse de viviendas en el complejo habitacional de Los Palomares –Unidad Misiones–, para usarlas como depósitos y base de operaciones.

Hasta ese día, Mónica estaba bajo prisión domiciliaria en una casa en donde tiene a ocho niños a su cargo, según dijo a El Observador su abogado, Raúl Estomba.

"Ella lleva adelante una política social: les da abrigo y comida a los niños que están en la calle y vela por que tengan ropa limpia y vayan al médico", dijo Estomba.

En la zona en donde vive su clienta, entre fines de junio y comienzos de julio, el gobierno empezó a implementar un programa de intervención urbana. El fin es mejorar la movilidad interna de Los Palomares –de modo de facilitar, por ejemplo, el ingreso de la Policía–, que incluyó la realización de un censo y luego la demolición de las viviendas irregulares con peligro de demolición.

Fue durante el desarrollo de este programa –que restableció el alumbrado público, entre otras mejoras–, que la Intendencia de Montevideo, UTE y OSE encontraron que Mónica vivía en una vivienda sin títulos de propiedad, y que no pagaba por los servicios de agua y energía eléctrica.

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Por eso es que la fiscal Mónica Ferrero pedirá que se formalice una investigación esta tarde por los delitos de usurpación y hurto. Ante las autoridades, luego de que su vivienda fuera allanada y la Policía encontrara que tenía en su interior dos lavarropas y dos secadoras, declaró que tenía un lavadero y que ese era su sustento, dijeron fuentes de la investigación a El Observador. Pero además, Estomba dijo que ella trabaja de comerciante: compra ropa nueva y usada en el Barrio de los Judíos para revenderla.

Aunque se librara de sus nuevos cargos, no podrá volver a su hogar, una vivienda que se diferencia de las precarias estructuras de los ranchos vecinos, que cuenta con las paredes pintadas, una sólida instalación eléctrica, televisores plasmas, duchas de control digital y consolas de videojuegos, según mostró Subrayado en un video el 22 de diciembre.

No regresará a esa vivienda porque Mónica no está incluida en el Plan de Convivencia que el gobierno está ejecutando en el barrio, y que da soluciones habitacionales a las víctimas de las extorsiones.

"No se realoja a delincuentes y personas que se hayan beneficiado de los procesos extorsivos", dijo el 2 de julio Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y vocero del programa.

Una intimación emitida por la Justicia este martes obliga a Mónica a dejar su domicilio en 24 horas "y retirarse prácticamente con lo puesto", dijo Estomba.