Mujica duda de cerrar el caso Casal por razones “políticas”

El empresario pretende que el Poder Ejecutivo cierre el caso con una resolución firmada por Mujica. De lo contrario, está en condiciones de realizar un juicio millonario por los daños y perjuicios provocados por un embargo de la Dirección General Impositiva (DGI), que le impidió realizar negocios.

Según supo El Observador, tras recibir los informes jurídicos, el presidente está convencido de que tomar la resolución de cerrar el caso es lo correcto. Sin embargo, según explicaron fuentes cercanas al mandatario, duda por las señales políticas que emitiría.

“Si el presidente firma esa resolución, va a tener a todos los periodistas diciendo que cede ante Casal”, dijo uno de los informantes.

La defensa del empresario Francisco Casal, integrada por los abogados Leonardo Costa y Óscar Brum, manifestó meses atrás que lo que se pretende es una resolución del gobierno que dé por cerrado el litigio.

Brum dijo a El Observador en setiembre del año pasado que lo que solicitaron al gobierno fue que revea su caso para que se ponga fin al litigio que desde hace cuatro años mantiene con la DGI.

El abogado indicó que desde hace cuatro años, Casal se ve perjudicado porque tiene sus cuentas embargadas y es señalado por los medios de comunicación como un evasor de impuestos.

El fondo del asunto

El 2 de abril 2008, tras un pedido de la DGI, la jueza civil de primer turno, Loreley Opertti, embargó los bienes de Casal y de ocho socios del empresario por $ 518.737.533, lo que equivalía a US$ 25,6 millones.

En octubre de ese año, la DGI inició juicio penal contra Casal por el delito de defraudación tributaria. El juez Carlos García le tomó declaraciones a Casal y sus socios, pero el caso fue finalmente archivado a pedido de la fiscal Dora Domenech, quien no encontró pruebas de defraudación contra el empresario.

Con el juicio penal cerrado, el juicio civil, de todas maneras, continúa.

En setiembre de 2009, la DGI determinó que Casal debía más de US$ 86 millones por tributos impagos en el período 1998-2007.

Mientras que el organismo recaudador considera que el empresario debió pagar el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC) y el Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE) por la venta de futbolistas al exterior, Casal sostiene que esa actividad no está gravada por esos tributos, punto en el que le dan la razón los informes del fiscal de gobierno Borrelli y uno independiente del tributarista Juan Albacete.

En noviembre de ese año, luego que Casal presentara una garantía de US$ 1,5 millones, el embargo se redujo a 17%, pero aún perdura.

Casal, además de intentar que el gobierno emita una resolución cerrando el caso, inició una causa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para pedir la nulidad de la resolución de la DGI. Esto todavía no es estudiado por los ministros. Mientras tanto, el juicio civil ahora está suspendido.

CLAVES

¿Qué le reclamaba la DGI a Casal? En 2008, la DGI, a cargo de Nelson Hernández, pidió a la Justicia trabar embargo sobre el empresario Francisco Casal y otros contratistas para cobrarles el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC) y el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), por las transferencias de jugadores al exterior entre 1998 y 2007.

¿Qué resolvió la Justicia? La Justicia hizo lugar al pedido de la DGI y trabó embargo genérico por US$ 25 millones a Casal y a los contratistas Daniel Delgado, Jorge Chijane, José Herrera, Gonzalo Madrid, Carlos Aguilera, Sergio Hermida, al corredor de bolsa Ignacio Rospide y el contador del grupo, Julio Szafran. Después, la DGI fijó la deuda en US$ 300 millones.

¿Cómo se dio vuelta el caso? Luego de que la Justicia penal determinó que no hubo delito de defraudación tributaria por parte de Casal en julio de 2009, la defensa de Casal planteó que si no hay delito de defraudación, no puede haber condena civil. La Justicia entendió que no se procedió con engaño y que la omisión estuvo generada por lo que los asesores le informaban. En octubre de 2010, el contratista presentó un recurso de revocación y jerárquico y el MEF le dio vista al fiscal de gobierno Miguel Toma. Casal también fue al TCA.

¿Qué opinó el fiscal de gobierno? Miguel Ángel Toma recomendó realizar una consulta técnica independiente para determinar si esa actividad empresarial se encuentra o no gravada por IRIC y, por ende, si esa actividad se ve comprendida por IVA e Impuesto al Patrimonio. También pidió que se le informara si la actuación de la DGI había sido la correcta.

¿Qué dijo la consulta técnica? El especialista Juan Manuel Albacete, del estudio Guyer & Regules, –a pedido del MEF– concluyó que no se configuró defraudación tributaria y señaló que Casal, asesorado por expertos, estaba “convencido” de que no debía pagar impuestos, por lo que “no puede ser imputada infracción”. Además, señaló que la prescripción de los tributos es de cinco años y no de 10 como planteaba la DGI. Toma concluyó entonces que existió una “inocultable desviación del derecho tributario formal y material”.

¿Qué hará ahora el gobierno? A las opiniones de Albacete y de Toma, se sumó la del otro fiscal de gobierno, Daniel Borrelli, quien coincidió en que Casal no debe impuestos. El gobierno quedó embretado y enfrenta ser demandado por los contratistas, por lo que apuesta a una salida negociada.