Otra situación incómoda para Uruguay

Una vez finalizada la presidencia de Argentina en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), se desató una nueva crisis en una de las instituciones más emblemáticas de América del Sur. De hecho, los seis integrantes suramericanos del denominado Grupo de Lima enviaron una nota al canciller de Bolivia, país que está a cargo de la presidencia de la organización, anunciándole que dejarán de participar en dicho ámbito debido a las diferencias surgidas por el nombramiento del secretario general.

Cabe precisar que hasta el momento en que se elaboró la columna, la decisión tomada por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, no ha sido ratificada por un comunicado de las respectivas cancillerías (lo que por cierto correspondería). De todas formas, el canciller de Bolivia confirmó el recibo de la nota. Una vez que la definición de los mencionados países toma estado público, se desató un debate sobre la situación actual de la organización.

Para entender la crisis actual que atraviesa la Unasur, es necesario recordar sus orígenes. La organización tiene como antecedente la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN), creada en 2004 por todos los gobiernos de América del Sur. Los debates y la aprobación final de la Declaración de Cuzco que constituyó la Comunidad, estuvieron centrados en la importancia de contar con una institución suramericana que permita una cooperación disociada de la OEA. Además del evidente perfil político, en esa época también estaba muy presente el interés económico y comercial, ya que se le otorgaba a la CSN un rol clave en el ambicioso proyecto de convergencia entre el Mercosur y la Comunidad Andina.

Por otro lado, el canciller uruguayo Didier Opertti entendió en su momento que la creación de otra organización regional no era el camino apropiado, ya que suponía embarcarse en un proceso de "inflación institucional", que provocaría una superposición de objetivos con las organizaciones ya vigentes. En los hechos, la OEA cumplía funciones políticas como las pretendidas por la nueva Comunidad, mientras que la ALADI era el ámbito adecuado para llevar adelante la convergencia entre el Mercosur y la Comunidad Andina.

Como es sabido, finalmente primó el interés de Brasil, Argentina y Venezuela que ya en ese momento contaban con mandatarios de corte populista que desplegaron una política con un claro sesgo antinorteamericano. Con habilidad, así como ocurrió en 2005 con la aprobación de la Declaración de Mar del Plata que puso fin al proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsado por Estados Unidos, Lula da Silva se resguardó tras el presidente Chávez y Kirchner para llevar adelante una estrategia que terminaría de posicionar a Brasil como la única potencia regional con proyección global.

Es ese sentido, en 2007 poco tiempo después de crear la CSN se tomó la decisión de modificar el nombre de la organización denominándola Unasur, aprobando al siguiente año su Tratado Constitutivo, el que entró en vigencia en el año 2011 luego de que el noveno país miembro lo ratificara (lo que estuvo a cargo de Uruguay).

Con la conformación de la Unasur se terminó de constituir un foro político que dejó atrás las propuestas de convergencia entre el Mercosur y la Comunidad Andina, un proyecto que podría haber generado réditos en la potenciación de la integración regional (en la actualidad se debate sobre la convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico). La flamante organización se transformó pronto en una caja de resonancia de las políticas populistas, con el claro objetivo de competir con las funciones de la OEA. De hecho, ese fue el objetivo original del Consejo de Defensa Suramericano y del Consejo Electoral. Por otro lado, la Unión estaba totalmente alineada a los intereses de Brasil, que a través de la misma excluía a México que quedaba limitado a su participación en la ALADI y posteriormente la CELAC.

En cuanto a la crisis actual de la organización, si bien se intenta explicar la misma por el bloqueo impuesto por Venezuela y Bolivia a la designación de un nuevo secretario general, la realidad es que las dificultades que enfrenta la organización tienen una explicación más de fondo,como la falta de cohesión debido a los errores cometidos en sus orígenes,o las consecuencias por la incapacidad mostrada por algunos gobiernos a la hora de asumir los legítimos cambios registrados en la política latinoamericana.De hecho, prácticamente todas las organizaciones regionales afrontaron el nuevo perfil de los gobiernos de la región en los últimos años, lo que no solo tuvo implicancias en la Unasur, sino también en el Mercosur, la ALADI, la Comunidad Andina y la potenciación de la Alianza del Pacífico.

El debate actual no tiene necesariamente que ver con la utilidad de la Unasur, ya que siempre es importante contar con foros políticos y organizaciones que fomenten los consensos necesarios para el desarrollo regional. Es más, la organización tiene potencial en las discusiones que los miembros debe enfrentar en términos de infraestructura, salud, seguridad, educación entre otros. Por el contrario, la presente crisis tiene que ver con Venezuela, ya que como ocurre en la OEA, tampoco la Unasur logró aplicar su Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre Compromiso con la Democracia, en este caso debido al apoyo de Bolivia y Surinam al régimen de Maduro.

Este nuevo episodio vuelve a dejar a Uruguay enfrentado a sus socios del Mercosur, lo que ya ocurrió cuando sostenía una posición contraria a la aplicación de la Cláusula Democrática del mencionado bloque, decisión que como es sabido finalmente acompañó. Por otro lado, si bien apoyó la última resolución del Consejo de la OEA, no forma parte del Grupo de Lima y no acompañó la declaración contra el gobierno de Maduro aprobada en el marco de la reciente Cumbre de las Américas.

Respecto a la posición de los seis integrantes de la Unasur que decidieron dejar de participar de dicha institución con sede en Quito, Uruguay comunicó que no se retirará del bloque,pero sin hacer mención a la cuestión de fondo, que tiene que ver con los principios democráticos que deberían cumplir todos los miembros de la organización.

En definitiva, se trata de otra situación que incomoda a Uruguay y lo presiona a tomar una decisión más firme respecto a la crisis en Venezuela.