Países toman victoria antitabaco para enfrentar a otras industrias

Uruguay es un pequeño país de América del Sur. No genera noticias en el mundo salvo por el fútbol, pero en julio 1.021 publicaciones estuvieron relacionadas con esto". De esa manera el responsable del Programa de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública (MSP), Enrique Soto, decidió presentar el fallo favorable a Uruguay en el litigio con la tabacalera Philip Morris en un seminario organizado ayer por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Empezar con la referencia a la atención que concentró Uruguay en el mundo y lo que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) podía resolver con respecto al conflicto con la tabacalera, no parecía una decisión tomada al azar. Por el contrario, la resolución del tribunal de respaldar a un Estado por considerar que estaba defendiendo la salud pública de los ciudadanos marcó un precedente a nivel internacional. De hecho, el seminario tuvo como objetivo que organizaciones sanitarias de Latinoamérica presentaran reflexiones legales sobre el caso, para analizar cómo las políticas antitabaco adoptadas por Uruguay -y respaldadas jurídicamente por el Ciadi- pueden ser replicadas.

Para Paul Reichler, el abogado contratado por el gobierno del expresidente José Mujica para enfrentar a Philip Morris, la resolución del tribunal arbitral "empodera a los Estados y los alienta a comulgar medidas de control de tabaco correctas, sin el temor a que la industria tabacalera los ataque". "La protección de la salud pública ha sido reconocida como una manifestación esencial del poder policial del Estado", indicó el experto durante su presentación en el seminario. Esa "protección" destacada por el Ciadi en su fallo pretende ser aprovechada por países de la región, que quieren utilizar una estrategia similar a la adoptada por Uruguay no solo en la lucha contra el tabaquismo, sino contra industrias de alimentos no saludables y bebidas alcohólicas.

Belén Ríos, directora legal de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) por Argentina, enfatizó que la decisión del tribunal de respaldar a Uruguay marca el punto de partida en la aplicación de políticas para restringir el marketing de alimentos no saludables, alcohol y bebidas azucaradas, así como la regulación de la cantidad de sodio, grasas trans y azúcar en los alimentos. "Ser pionero no implica una obstaculización para que se avance en otras políticas", dijo, en referencia al caso concreto de Uruguay.

Durante el seminario, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), uno de los grandes respaldos del gobierno nacional en el juicio con la tabacalera, no dudó en remarcar su apoyo a cualquier medida que de aquí en más tome el Estado, como cualquier otro país que quiera combatir factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. "Vamos a defender estas medidas junto con los países. Este es el camino a seguir en el futuro para avanzar en otras áreas donde tenemos productos dañinos para la salud", afirmó Nancy Machado, integrante de la oficina de asuntos jurídicos de la OPS.

De esa manera, a la postura firme de Uruguay de seguir combatiendo el tabaquismo se le suma la del resto de Latinoamérica, pero contra todos los factores de riesgo para la salud de la población.