Pasó un mes y medio y el plan de reciclaje para Pocitos no funciona

El 1º de junio la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) lanzó con bombos y platillos el tan esperado plan piloto de clasificación domiciliaria de residuos secos Mi barrio clasifica que pretende en el futuro extenderse a otros barrios. Ese día se presentaron en sociedad los nuevos contenedores que, en una primera instancia, serían repartidos en 340 edificios de 87 manzanas de Pocitos para recibir los desechos reciclables de 15 mil personas.

Semanas antes los vecinos habían recibido folletos e imanes informativos y había publicidad por las calles. Pero 46 días después lo único que está en funcionamiento son los centros de recepción de residuos secos en la entrada de cuatro supermercados y dos estaciones de servicio al que acuden pocas personas a dejar sus bolsas. Lo que prima entre vecinos y autoridades es la sensación de que va a tener el mismo destino que la bolsa naranja.

“Los atrasos se debieron a las demoras de los edificios en adherir al plan”, dijo la intendenta Ana Olivera en el programa De 8 a 10 de radio Uruguay. La participación es voluntaria. No obstante, experiencias similares exitosas, como la de Curitiba, se valieron de la obligatoriedad para lograr la respuesta de la población (ver recuadro). La jerarca agregó como excusa: “Hubo una campaña en contra”.

El concejal Hugo Recalt, impulsor del plan en el Municipio CH, señaló a El Observador que aquellos 340 edificios solo fueron censados pero que ninguno está inscrito al programa. “El argumento de la IMM es que se va a ir a hablar edificio por edificio para convencer a la gente. Si van edificio por edificio pueden demorar ocho años”, opinó. El semanario Búsqueda informó a finales de junio que ningún edificio de Pocitos está participando en el programa y que estudian alternativas para acelerar la adhesión.

La contra
El plan Mi barrio clasifica se encontró con una traba en los primeros días de junio, cuando la IMM pasó por alto un informe de Bomberos que recomienda medidas de seguridad contra incendios, por lo que concejales exigían la suspensión de la iniciativa.

El documento exhorta a que los contenedores sean ubicados en un lugar compartimentado, cuya estructura, al igual que sus aberturas, ofrezca un período de resistencia al fuego mínimo de 60 minutos. Esas estructuras –según Bomberos– también deben contar con ventilación natural o mecánica.

El plan de la IMM preveía que los contenedores fuesen ubicados en donde hubiera espacio: en el garaje o en el fondo, en un pasillo, o incluso, en un salón comunal, sin un detalle específico de las condiciones de seguridad mínimas para su almacenamiento. Los residuos secos, tales como cartón, plástico y textiles, son inflamables. Las construcciones modernas disponen de poco espacio libre, por lo que los recipientes pueden terminar al lado de instalaciones eléctricas, o al aire libre, a merced de que les caiga alguna colilla de cigarrillo.

Alternativas
La falta de acción de la IMM para Pocitos hizo que los vecinos y sus concejales tomaran medidas paliativas. La Seccional CH del Partido Nacional lanzará hoy la red social de control ciudadano Vecino atento para recoger las denuncias relativas al problema de la basura en el barrio. “Vamos a recorrer los lugares y calles donde haya basura desparramada, contenedores desbordados, basurales, focos de infecciones o falta de barrido, y elaborar registros y hacer seguimiento de la respuesta de la comuna”, explicó Recalt.

La iniciativa incluye la designación de un “jefe de manzana” que estará a cargo de la vigilancia sanitaria de las cercanías de su casa.

De los centros comunales de Pocitos y Punta Carretas surgió otra propuesta que será presentada ante el Ministerio de Desarrollo Social. Es un plan para que cooperativas de clasificadores se hagan cargo, de manera formal, de la recolección de la zona, con vehículos suministrados por organismos públicos y combustible subvencionado. “La idea es que la IMM les pague a los clasificadores que cumplan con las contraprestaciones establecidas, lo mismo que nos cobra a los montevideanos por tonelada de basura recolectada, unos US$ 150, y con esos recursos, más lo que obtengan por la venta de basura reciclada, los clasificadores financien sus cooperativas”, dijo el concejal.