Sobre la inclusión en educación

En el "Libro Abierto: Propuestas para apoyar el acuerdo educativo" (www.eduy21.org), EDUY21 desarrolla su visión sobre la inclusión en educación. Lo hacemos desde una perspectiva comparada nacional e internacional que recoge y analiza información sobre visiones, estrategias y prácticas a escala mundial y en contextos diversos. Crecientemente a nivel internacional, la inclusión es entendida y posicionada como el cerno y el barómetro de un sistema educativo que logra materializar el principio que todos los alumnos preocupan por igual. Dicho principio debe reflejarse en las propuestas curriculares –el para qué y qué de la educación y de los aprendizajes-, pedagógicas– el cómo efectivizarlo -, docentes y de centro educativo. Veamos siete principales atributos sobre cómo visualizamos la inclusión desde EDUY21.

En primer lugar, la inclusión implica articular un conjunto de genuinas políticas de inclusión social que son indicativas del compromiso y de la acción de un estado garante de oportunidades de desarrollo para todas y todos. Entre otras cosas, esto implica un abanico de iniciativas en torno a los territorios como espacios de convivencia social, a las familias reconociendo la diversidad de constituciones y de apoyos requeridos, y a los centros educativos como espacios de formación desde cero a siempre integrando familias y comunidades. Sin un soporte potente de inclusión social, la inclusión educativa es más una intencionalidad voluntarista que una estrategia sensata y realizable. Pero también se debe señalar que la inclusión social no basta por sí misma para que la educación tenga un impacto fuerte y sostenido en democratizar oportunidades de aprendizaje. De lo contrario, caemos en la trampa de suponer equivocadamente que basta con mejorar el contexto para que la educación progrese.

En segundo lugar, la inclusión requiere necesariamente de un enfoque que sea transversal a la organización y al funcionamiento del sistema educativo, incluyendo las ofertas educativas y los ambientes de aprendizajes públicos y privados, así como la diversidad de modalidades de educación formal, no formal e informal. La educación inclusiva es, en efecto, la búsqueda de respuestas personalizadas a las motivaciones, las expectativas, las necesidades y los ritmos de progresión de cada alumno entendido como un ser único y especial en las maneras en que se compromete con y se responsabiliza por sus aprendizajes, aprende y se vincula con pares y docentes. La diversidad de cada alumno es una fuente y no una restricción para potenciar aprendizajes. Si ahogamos la diversidad que anida en el centro educativo y en el aula, terminamos más por excluir que por incluir.

En tercer lugar, no hay educación efectiva inclusiva sin formar en los conocimientos y en las competencias –básicamente implica responder a desafíos- que requieren personas, ciudadanos, trabajadores, emprendedores y comunidades para estar al mando de sus vidas. Si la propuesta educativa en su conjunto es irrelevante para colectivos e individuos, toda mejora que resulte necesaria en las condiciones e insumos para enseñar y aprender tendrá escaso o nulo impacto. La inclusión implica que los alumnos gocen y usen los conocimientos y las competencias para prepararse para un mundo adulto del que se desconoce más de lo que se conoce cómo será.

En cuarto lugar, la educación inclusiva necesita de un docente que entienda, aprecie y exprese cariño hacia las diversidades de sus alumnos, ya sean individuales, culturales, sociales, de afiliaciones, de género o de otra índole. Un docente puede "eliminar" la diversidad como fuente de aprendizaje, "recitando" un currículo atiborrado de contenidos prescripto por las autoridades, apelando a estrategias pedagógicas indiferenciadamente y sin reparar en las características de los alumnos, o usando la evaluación con un sentido de sancionar y muchas veces de estigmatizar.

O bien el docente puede ser el principal tomador de decisiones inclusivas en el sistema educativo planteando a los estudiantes múltiples situaciones de aprendizaje que alineadas con la misión de la educación y la propuesta curricular, respondan a desafíos de la vida real, combinando pedagogías para hacer emerger y apuntalar el potencial de aprendizaje de cada alumno y usando la evaluación para apoyar y evidenciar aprendizajes.

En quinto lugar, la inclusión no puede implicar la imposición de un pensamiento, un rutero o una acción única que imponga la perspectiva de un colectivo cualquiera sea éste. Justamente las diversidades de perspectivas se potencian cuando hay referencias universales adheridas por la sociedad en su conjunto, que cobijan la diversidad pero que no se asume ninguna de ellas como una verdad última o dogma que se debe acatar. Es lo que se conoce como un universalismo de valores que es transversal a la sociedad, y a la vez, ampara la diversidad. Inclusión y diversidad van de la mano.

En sexto lugar, la educación inclusiva es un asunto de ida y vuelta con la sociedad que implica afinar, desde el sistema educativo, las capacidades de comprender las expectativas y preocupaciones de las comunidades y de las familias sobre como la diversidad de contextos y perfiles de alumnos puede ser un activo para potenciar las oportunidades de aprendizaje de sus hijos/as. No se aprende a vivir juntos y apreciar la diversidad en sociedades y sistema educativos que dividen y en muchos casos segmentan a los alumnos en función de sus contextos, capacidades y desempeños.

En séptimo y último lugar, la inclusión como conjunción de la inclusión social y de la educación inclusiva, requiere que la sociedad, sus ciudadanos y diversos colectivos, estén convencidos del valor de la inclusión en sus fundamentos éticos, en que genera maneras sanas de convivencia y en que forja una sociedad de cercanías que congenia inclusión, equidad y excelencia. No solo basta con adherir a valores y principios fundamentales que deben ser universales, sino también requiere que el sistema político, exigido por la ciudadanía, tenga la voluntad, la capacidad y los instrumentos para hacer de la inclusión el nervio motor de las políticas públicas.