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Sólida disección empresarial
El gobierno no puede desatender el fuerte mensaje emitido por las cámaras empresariales, que disecciona los principales problemas que tiene actualmente el país y propone fórmulas para enfrentarlos. Ya existen acciones gubernamentales, de eficacia y prontitud variable, en algunos de los temas planteados. Incluyen el control más estricto de las empresas públicas, el mejoramiento de la infraestructura y la inserción internacional a través de tratados de libre comercio u otro tipo de acuerdos por fuera del Mercosur para ampliar nuestra golpeada competitividad. En muchos otros el panorama es más desalentador. El comunicado presentado por la Confederación de Cámaras Empresariales, que reúne a las principales gremiales de empresarios del país, destacó la seguridad, área en la que los resultados escasean pese al mejoramiento de la Policía.
Puso especial énfasis en la educación pública, prioridad en la que simplemente no hay resultados por incompetencia directriz y planes oficiales cambiantes que se quedan en declamaciones. Sobre el estado crítico de la enseñanza estatal, el exministro de Economía Alejandro Atchugarry, uno de los cuatro panelistas que comentaron el documento, sostuvo que no hay “causa más urgente” que asegurar la adecuada formación moderna de los estudiantes más jóvenes. Otros panelistas coincidieron en el apremio de esta tarea, en la que Uruguay sigue irremisiblemente empantanado por inacción oficial en implementar reformas adecuadas, que siguen en el papel o han sido descartadas.
Los empresarios volvieron a exigir la derogación del decreto que habilita las ocupaciones sindicales de los lugares de trabajo en condiciones que violan las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y terminar con la indexación salarial, tema crítico en las actuales negociaciones en los Consejos de Salarios. También destacaron la importancia de mantener el régimen de promoción de inversiones, que algunos sectores del Frente Amplio quieren restringir, camino seguro a frenar el ingreso de capitales productivos externos que el país necesita imperiosamente para reactivar la economía. El documento reclamó normas fiscales más estrictas en el manejo de las finanzas públicas, contrariamente a lo ocurrido en los dos primeros gobiernos frenteamplistas, así como “un marco jurídico homogéneo” para las empresas públicas, teniendo como meta mejorar su gestión y evitar desvíos en malos negocios como los que condujeron a más de US$ 600 millones de pérdidas de ANCAP en los últimos cuatro años.
El vasto abanico abierto por el documento empresarial refleja con precisión temas en los que el gobierno está omiso. En algunos casos la razón es escasez de autoridad ejecutiva. En otros, asegurar soluciones exige recursos que hoy no existen por descuido en el gasto público excesivo. Factores que pueden ayudar a generarlos son la inversión externa, si el gobierno tiene éxito en sus actuales gestiones en varios países, y la previsión de que Uruguay saldría del estancamiento económico antes de lo anticipado, con un crecimiento modesto especialmente a partir de 2017. Si se confirma y el gobierno demuestra haber aprendido la lección sobre cautela fiscal que ignoraron las dos administraciones precedentes, podrán atenderse las urgencias señaladas por las cámaras empresariales y aliviar el peso de los ajustes fiscales descargados sobre las empresas y los trabajadores de clase media.
