La empresa tiene un pasivo de US$ 3 millones y los activos ascienden a casi US$ 7 millones
La empresa Ignapin S.A. (Boreal) puso a la venta la planta de cannabis medicinal con el objetivo de poder saldar todas las deudas generadas a partir de la maniobra que derivó en el cierre de la empresa, el despido de todos los trabajadores y una denuncia por presunta estafa.
La empresa fue inaugurada en setiembre de 2020 con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, el entonces canciller Francisco Bustillo y el otrora ministro de Industria Omar Paganini y por ese entonces los impulsores prometían que la planta sería la más moderna e innovadora del continente en procesamiento y secado de cannabis medicinal.
Pero apenas tres años después la empresa despidió a todos su trabajadores, entró a concurso y cerró en medio de una denuncia por estafa realizada por los inversores canadienses contra el representante y gestor en Uruguay, Gonzalo Aguiar. En la denuncia presentada por los abogados del principal inversionista, John Pollesel, estiman en unos US$ 27 millones el dinero otorgado a Aguiar para llevar adelante la empresa de los que varios millones, siempre según la versión del denunciante, fueron utilizados por el empresario uruguayo para beneficio personal.
Aguiar, que fue asesinado por su expareja a fines de febrero, es investigado por la fiscalía por lavado de activos mientras que su entorno es parte de una investigación por estafa que lo incluía a él hasta su muerte. La investigación penal contra Aguiar no puede seguir tras su fallecimiento, pero el Estado sí puede incautar bienes que provengan del lavado de activos.
En medio de las investigaciones judiciales, la empresa decidió vender la planta en bloque para tratar de recuperar una parte de los fondos y poder pagar las deudas que tiene en el país.
Según pudo saber El Observador, el principal adeudo es con los proveedores de obra pero también están los trabajadores que aun no han cobrado tras el despido. Previo a la Semana de Turismo, los exempleados de Boreal llegaron a un acuerdo con el síndico de la empresa para cobrar una parte de lo que reclamaban pero el cobro está supeditado a la venta de la planta.
“Van a cobrar una cifra menor a la que reclamaban pero mayor a la liquidación que planteaba la empresa”, explicó a El Observador el abogado de los trabajadores, Pablo Perna.
Entre todas las deudas, el pasivo de la empresa asciende a casi US$ 3 millones mientras que el activo es de un poco menos de US$ 7 millones.
La empresa abrió un llamado a público a interesados para adquirir en bloque la empresa. Eso incluye 94 hectáreas de campo, 500 metros cuadrados de edificaciones, herramientas, maquinaria y el stock de mercadería. La presentación de ofertas está abierta hasta el 23 de mayo y 24 horas después se abrirán los sobres.
Perna explicó que el acuerdo es que las ofertas por la empresa no pueden ser menores al 50% de lo que está tasado el activo. Es decir, que las ofertas no pueden ser menores a US$ 3,5 millones, lo que daría para saldar todas las deudas.