Lo que acaba de suceder este martes es de una gravedad inusitada.
Para que se entienda claro y rápido: se trata de un grupo de violentos, con piedras gigantes, y bombas molotov, conducido por Cristina Kirchner, alentado y financiado por parte del Estado, a través del Ministerio del Interior y la secretaría de Derechos Humanos, y tolerado por Alberto Fernández y Sergio Massa, con varios objetivos, simultáneos:
¿Por qué eligieron a Morales como blanco?
Porque doblegó a Milagro Sala y permitió que la justicia de la provincia la juzgara y la condenara, más allá de todo lo que hicieron Cristina y Alberto para evitarlo.
Porque en el caso de integrar la fórmula con Horacio Rodríguez Larreta, podría ser visto como uno de los dirigentes que no tiene miedo a poner orden y reprimir los piquetes y los actos de violencia.
Porque suponen que así meten una nueva cuña en la oposición, al elegir a uno como enemigo, levantarle el precio, y bajárselo a otro, que se sienta ganador.
El intento de golpe institucional, en cambio, es parecido al que quisieron dar en diciembre de 2017, durante el gobierno de Macri, cuando el oficialismo aprobó la nueva fórmula de cálculo de haberes de las jubilaciones.
En ese momento el oficialismo lo percibió como un triunfo de su voluntad. Pero a partir de aquella escena el poder político del gobierno de Macri se empezó a diluir, y las malas decisiones en materia de política económica lo terminaron empujando hacia la derrota de 2019.
Que quieren desviar la atención sobre el femicidio de poder que sucedió en Chacho el 1° de junio pasado, se cae de maduro.
El crimen de Cecilia se asocia con los casos más aberrantes y peores conductas del peronismo:
Emerenciano Sena, su mujer, Marcela Acuña, y el hijo de ambos, representan todo eso, y ahora están presos, a punto de ser condenados, sin ningún atenuante.
Como dijimos más de una vez, Emerenciano es Capitanich, Capitanich es Cristina y Cristina, además de haber sido condenada a seis años de prisión por fraude al Estado, tiene todavía varias cuentas pendientes con la justicia.
Cuentas que va tener que pagar, más tarde o más temprano, aunque intente pudrir todo para evitar la derrota electoral y otras seguras futuras condenas.
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