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Uruguay visto por la OCDE: logros y oportunidades de mejora

¿Por dónde empezar si queremos ser un país desarrollado?

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07 de julio de 2017 a las 05:00

Por Gabriel Rizzo
LL.M por LSE

El proceso de ingreso de un país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no comienza por iniciativa propia, sino de la OCDE. Por eso es importante conocer la visión que el organismo tiene de nuestro país. En 2014-16 el Centro de Desarrollo de la OCDE realizó un estudio multidimensional de las distintas facetas del desarrollo de nuestro país, en el cual muestra su mirada, identificando restricciones y oportunidades de mejora.

La crisis financiera del 2002, si bien generó consecuencias devastadoras en el tejido social uruguayo, dio lugar a un período de crecimiento con clara pendiente ascendente hasta el año 2014. Ello gracias a un marco externo favorable (precios de productos exportables y demanda de los mismos), sumado a políticas macroeconómicas estables que permitieron aprovechar dicho contexto. La bonanza económica permitió una acumulación de excedentes fiscales que financiaron políticas sociales destinadas principalmente a la población más desfavorecida.

Al repetirse el patrón cíclico de las últimas décadas, en 2014 se inició una ralentización de los índices económicos, con impacto en el bienestar general. La caída abrupta de los precios internacionales de la mayoría de los productos exportables, sumada a condicionantes internos (recursos humanos competentes, infraestructura y financiamiento), enfrentan al país a desafíos recurrentes. La OCDE ha señalado los siguientes aspectos en los cuales los índices de nuestro país se alejan de los comparables en los países de la OCDE.

  • Acceso a la vivienda: esfuerzos estatales concentrados en hogares de ingresos medios, a través de los programas de Vivienda de Interés Socia", sin llegar a los segmentos de menores ingresos.
  • Educación: si bien Uruguay destaca por sus altos índices de alfabetización, el rendimiento de sus alumnos en las pruebas PISA ha decrecido en los últimos años. Ello tiene un impacto directo en el acceso al mercado laboral. Existen asimismo diferencias entre escuelas de entornos socioeconómicos privilegiados y desfavorecidos, que tienden a perpetuar desigualdades. Así, la educación pierde dos de sus efectos de mayor impacto social –equidad transversal y movilidad intergeneracional–, especialmente apreciados en Uruguay.
  • Salud: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) multiplicó las opciones servicios y prestadores, pero persisten brechas en el acceso de los distintos colectivos.
  • Confianza en el gobierno, percepción de corrupción pública, y medioambiente (calidad del agua y del aire): se han observado índices muy superiores a los de la región.
  • Seguridad personal: se verificó un incremento sostenido del miedo a la delincuencia e inseguridad, ocupando el lugar más importante entre los problemas sociales que preocupan a los uruguayos.
  • Pobreza infantil: aun con índices bajos a nivel regional, persisten desigualdades en comparación con la población adulta.
  • Distribución del empleo: desigual, con valores mayores en la franja juvenil.
  • Igualdad de género: índices mejores que los de la región, aunque persisten desigualdades a nivel salarial y en el acceso a cargos políticos, legislativos y gubernamentales.
  • Zonas geográficas y pertenencias étnicas marcan diferencias significativas en materia de salarios y cobertura de necesidades básicas.
  • Productividad: disparidad de los distintos sectores productivos, con crecimiento extraordinario del sector primario exportador, pero sin diversificación de la matriz.
  • Educación y productividad laboral: déficit de capital humano a nivel educativo y en las competencias requeridas para acceder al mundo laboral; brecha de productividad laboral respecto de países miembros de la OCDE.
  • Infraestructura: la intensificación del uso de las infraestructuras poscrisis generó un déficit en transporte, ferrocarriles y carreteras.
  • Integración internacional: la OCDE reconoce que Uruguay refuerza su atractivo al formar parte del Mercosur, pero recomienda un programa comercial más activo dentro de la región y asimismo con terceros países y otros acuerdos regionales.

En suma, la OCDE reconoce en Uruguay a un país estable y confiable, en el cual se respetan las reglas democráticas que habilitan políticas de estado tendientes al desarrollo económico y social inclusivo. Por ello destaca los avances verificados en el país, traducidos en una mayor integración a la economía mundial, una mejora en los índices de bienestar, acompañados de una reducción de desigualdades, lo que terminó reflejándose en un aumento de la calidad de vida de la población.

Sin embargo, sobre estos sólidos cimientos aún resta afrontar variados desafíos. El más crítico de ellos es el déficit educativo, que impacta en distintas dimensiones del bienestar: calidad de vida, empleabilidad, movilidad socioeconómica intergeneracional, aprovisionamiento de mano de obra calificada y –en definitiva– el estado de bienestar de los ciudadanos.

"El más crítico de los desafíos de Uruguay es el déficit educativo, que impacta en distintas dimensiones del bienestar: calidad de vida, empleabilidad, movilidad socioeconómica intergeneracional, aprovisionamiento de mano de obra calificada, y –en definitiva– el estado de bienestar de los ciudadanos"

Un segundo ámbito de preocupación es la necesidad de una mayor integración internacional que permita una mejor colocación de los productos exportables y que asimismo genere las condiciones para atraer más inversión extranjera directa, generadora de mayor productividad y empleo de calidad.
Por último, un tercer aspecto que la OCDE ha considerado especialmente crítico es el de la infraestructura de transporte. El camino elegido por el gobierno (PPP) es considerado adecuado, aunque se requiere una revisión normativa tendiente a una mayor transparencia y agilidad, sumada a la definición de un plan nacional de transporte que fije las prioridades y la visión estratégica de futuro para el sector.

La OCDE y las empresas públicas

Uruguay no puede esperar para reformar sus empresas públicas

Ancap

Por Ignacio Munyo
Director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa del IEEM

Luego de analizar la probable hoja de ruta que nos impondría el proceso de ingreso como miembro pleno de la OCDE, surgió que el gobierno corporativo de las empresas públicas es de los puntos críticos en el que tendríamos deberes para hacer.

En primer lugar, es bueno aclarar que el gobierno corporativo es un conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa. Estudios internacionales demuestran que la calidad del gobierno corporativo importa. Las empresas –ya sean privadas o del Estado– que tienen mejor gobierno corporativo son también las más eficientes para generar valor económico y social.

Duele pero no puede sorprender que las nuestras estén al final de la tabla en un reciente estudio elaborado por la CAF, en el que se analiza la calidad del gobierno corporativo de las empresas estatales en América Latina. Nuestras empresas públicas tienen serias limitaciones en la revelación pública de información relevante, en los criterios para la conformación de los directorios y, fundamentalmente, en el ejercicio de la propiedad. El hecho de que el accionista estatal no esté identificado con claridad y que no cuente con la especialización para ejercer la propiedad efectiva de la empresa surge como un punto extremadamente delicado. Y que, dicho sea de paso, es un punto crítico en las exigencias de la OCDE.

La buena noticia es que gran parte de los desalineamientos en las prácticas de gobierno corporativo de las empresas públicas se pueden solucionar con la mera aplicación de la normativa vigente. Para lo cual solo hace falta voluntad.

La mala noticia es que hay una excepción fundamental, que es justo donde estamos peor parados en las mediciones internacionales: el ejercicio de la propiedad. En el marco normativo vigente, el Ejecutivo es la entidad que detenta la propiedad de las empresas del Estado. Sin embargo, en los hechos, el ejercicio de la propiedad recae en el directorio, que a su vez se encarga de la gestión. Por tal razón, el directorio no responde al ministro de Industria, ni al de Economía ni al director de la OPP.


El ejemplo del gobierno corporativo de las empresas públicas es claro. Si diéramos el paso de iniciar el proceso de ingreso como miembro pleno de la OCDE nos forzaríamos a hacer lo que de todas formas deberíamos hacer para tener mejores empresas públicas

Y no tiene por qué hacerlo. Esto genera enormes distorsiones. En las empresas privadas el principal ejecutivo asume la gestión del día a día, y el directorio vela porque las decisiones tomadas no comprometan el futuro. Este sistema de pesos y contrapesos vital para la subsistencia de las empresas no está presente en nuestras empresas públicas, en donde el directorio se encarga de la gestión y también asume compromisos que determinan el futuro.

Para atacar el problema de fondo de la asignación de los derechos de propiedad dentro del Estado, es necesario pasar por el Parlamento. Sí que se puede mejorar la situación de los últimos años con mejores procedimientos de control, tal como hoy lo están haciendo desde la OPP al acordar compromisos de gestión con los entes y como sucedió en el pasado. Aunque no va a ser nada sencillo endurecer los compromisos exigidos cuando no existe la plena capacidad para hacerlos cumplir. También se podrían poner parches, como convocar a una comisión parlamentaria que se encargue de seleccionar a los presidentes de los entes según los criterios adecuados. Me temo que necesitamos ir un paso más lejos.

Si algún día aspiramos a ser miembro pleno de la OCDE, uno de los requisitos exigidos será implementar cambios institucionales para definir con claridad la titularidad de las empresas del Estado. Cuando Chile ingresó a la OCDE tuvo que implementar mejoras legales para aggiornar el Sistema de Empresas Públicas. En Colombia –que están por cerrar el ingreso como miembro pleno– reconocen que detrás de la actual reforma de las empresas públicas está una exigencia explícita de la OCDE.

Para converger a los estándares internacionales es necesario una mejora institucional: un nuevo ente estatal que ejerza la titularidad de las empresas del Estado en nombre de los ciudadanos. Este ente debería ser responsable de la coordinación, el control, y el seguimiento de las decisiones que toman los directorios de las empresas públicas, con los filtros necesarios para que las "malas gestiones" no se puedan materializar Su tarea crítica sería nombrar y destituir –en caso de que fuera necesario– a los directorios a cargo de las empresas del Estado. Y ahí no hay misterio, tendría que elegir a los más aptos.

El ejemplo del gobierno corporativo de las empresas públicas es claro. Si diéramos el paso de iniciar el proceso de ingreso como miembro pleno de la OCDE nos forzaríamos a hacer lo que de todas formas deberíamos hacer para tener mejores empresas públicas.

Novedades normativas del mes

  • DECRETO MEF N° 160/017: Acuerdos anticipados de precios con otras administraciones.
  • DECRETO MEF N° 166/017: Reglamentación de normas sobre
  • beneficiario final.
  • RESOLUCIÓN DGI N° 4525/2017: Normas de información de arrendamientos por entidades financieras.
  • CONSULTA DGI N° 6015/2017: Proyectos de inversión.

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