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Vacunas del VPH: el debate por los formularios para padres y la respuesta de la Institución de DDHH

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25 de marzo de 2019 a las 15:20

La Institución de Derechos Humanos (Inddhh) recibió el 19 de marzo de 2018 una denuncia referida a cómo estaba siendo suministrada la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) en las escuelas. El colectivo denunciante expresaba que la información provista a los padres de las niñas en edad de recibirla era insuficiente para dar un consentimiento informado. Según consignaron, el permiso divulgado por la cartera no explicaba los efectos a favor y en contra del suministro y en qué casos la inmunización estaba contraindicada. Los denunciantes además alegaban que la plataforma Gurí —el sistema de información web de Primaria— solo permitía que los padres estuvieran "de acuerdo" con la vacunación de las niñas, mientras que omitía la opción de "no estar de acuerdo". 

Antes de pronunciarse, la Inddhh tuvo en consideración varios aspectos, además de las posturas del colectivo y el ministerio, y evitó emitir opinión sobre la efectividad de la vacuna. Sin embargo, que esta no fuera de carácter obligatorio adquirió una "dimensión sustantiva en la dilucidación" del caso, ya que a entender de la institución, "el respeto pleno de la autonomía de la voluntad se (mantuvo) como bien jurídico superior frente a la intervención estatal", según consta en la resolución del 5 de febrero de 2019, a la que accedió El Observador.

En ella, la Inddhh recomendó al MSP que ajustara el Certificado Esquema de Vacunación (CEV), "distinguiendo las vacunas obligatorias de aquellas que no lo (eran)". Asimismo, aconsejó que actualizara el formulario de consentimiento informado de la vacuna contra HPV, "consignando su carácter voluntario" y que fuera incluida, "gráficamente, la posibilidad de negar el consentimiento por parte de los adultos responsables". 

La directora de la institución, Mariana Blengio, dijo a El Observador que luego de conocer la resolución, la cartera "creó un grupo de trabajo permanente sobre el tema vacunas, para plantear estrategias sobre el abordaje". De las instancias participarán "representantes de instituciones y dependencias sanitarias", y este viernes será la primera reunión. A su vez, el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, indicó a que en la próxima semana será presentado un informe sobre el tema, que nuevamente está en discusión, ya que que el MSP informó que este año también se vacunará de manera gratuita a los varones de sexto año de escuela autorizados por sus padres o tutores. 

La explicación del caso

Un mes después de presentada la denuncia, la Inddhh solicitó al Ministerio de Salud Pública (MSP) que diera información sobre cuatro aspectos.  En primer lugar, pidió que la cartera estableciera si el documento que entregaba a los adultos era "considerado un consentimiento informado", ya que en este se hacía referencia a una "autorización". La Inddhh además solicitó que la secretaría de Estado explicitara si el permiso necesariamente debía ser firmado por quien tuviera la patria potestad de la menor y si "el procedimiento de vacunación anti VPH (era) igual o (tenía) alguna diferencia respecto a otros tipos de vacunación". Finalmente, la institución preguntó al MSP cómo se aseguraba de que la información hubiera llegado "correctamente" a los adultos responsables.  

Según consta en la resolución, la cartera respondió que el documento sí era considerado una autorización y que era "imprescindible contar con la firma de los responsables del niño/a o adolescente". A su vez, las autoridades sanitarias dijeron que "las autorizaciones (tenían) en el reverso la información de cada vacuna a administrar" y subrayaron que antes de inmunizar a los menores se revisaban "uno a uno" los permisos. 

Sin embargo, esta respuesta no satisfizo las inquietudes del colectivo antivacuna, que contraatacó solicitando más información. La agrupación manifestó que "la vacuna únicamente conferiría protección de cuatro cepas de un virus que posee más de cien cepas" e indicó que el documento podía "generar la falsa creencia de que (existía) protección contra este virus en las niñas vacunadas, desestimando la importancia de los métodos barrera y de detección de VPH". 

Por otra parte, los denunciantes señalaron que la administración de la vacuna en las instituciones educativas no estaba enmarcada en una campaña de educación sexual, que el MSP estaba manejando la información para "coaccionar" a la inmunización, e insistieron en que el documento de autorización —al "no brindar la posibilidad de negarse a la vacunación"— inducía a dar una respuesta afirmativa.

Además, sostuvieron que la no distribución del prospecto de la vacuna —con la indicación de los efectos adversos y contraindicaciones— impedía tomar "una decisión informada" y resaltaron que no existía consenso en la comunidad científica con respecto a su utilidad y posibles perjuicios a la salud de los menores. Entre otra serie de denuncias, la agrupación también expresó que "el formulario de autorización (era) el mismo para autorizar la vacunación de dos vacunas de carácter distinto, una del esquema obligatorio y otra no, sin explicitarlo". 

El MSP respondió a estas inquietudes, respetando el plazo de 10 días dispuesto por la Inddhh. En la resolución de la denuncia consta que la cartera afirmó que la plataforma Gurí no estaba siendo utilizada para recabar la autorización y que los vacunadores tenían "orden expresa" de inmunizar únicamente en caso de haber una permiso escrito y firmado por los responsables de las menores. Asimismo, Salud Pública consignó que la información provista era "clara, veraz y suficiente", ya que el formulario dado a las familias detallaba los posibles efectos adversos de la vacuna. 

Más adelante, el seis de diciembre de 2018, la secretaría de Estado dio una copia del formulario que estaba siendo distribuido en las escuelas. En este, según consta en la resolución de la Inddhh, se recababan datos de la institución educativa, de los responsables de la menor y de la estudiante, y la autorización para el suministro de la vacuna en dos dosis. También incluía un casillero en el que, en caso de negar el permiso, se podía explicitar por qué, e información sobre la vacuna. 

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