En el Hospital Pereira Rossell, donde desde hace años llegan mujeres para asesorarse antes de abortar y vuelven a la consulta luego de haberlo hecho, la ley de interrupción voluntaria del embarazo cambia “poca cosa”, según coincidieron médicos y funcionarios de ese centro. Básicamente, en vez de tener que conseguir el misoprostol en forma clandestina, ahora los médicos pueden prescribir la medicación abortiva legalmente.
Fuentes de la policlínica de salud sexual y reproductiva de ese hospital dijeron a El Observador que durante la primera semana de aplicación de la ley, el “volumen” de consultas para abortar no aumentó demasiado. Allí se están entregando en promedio ocho números por día (a veces hasta 10) para ver al equipo interdisciplinario que constituye la segunda etapa del proceso, llamada IVE 2. Aunque esas usuarias pueden arrepentirse luego de pasar por los cinco días de reflexión que estipula la ley, la inmensa mayoría aborta.
Las fuentes también confiaron que en el Pereira ya se concretaron algunos IVE 3 (abortos) porque si bien hace pocos días que rige la ley, allí ya se estaba haciendo el asesoramiento previo y había varias mujeres “prontas” para interrumpir sus embarazos apenas se pudiera.
El Observador intentó comunicarse con las autoridades del hospital, pero desde ASSE respondieron que no se hablaría del tema.
Aunque la dinámica de asesoramiento previo y posterior al aborto ya estaba aceitada en el Pereira, la vigencia de la ley implicó reorganizar el servicio. Se está logrando agendar las distintas etapas de un día para el otro, según las fuentes, pero se precisará un refuerzo de asistentes sociales para conformar el equipo interdisciplinario. La cantidad de ginecólogos allí es suficiente y se atiende todos los días.
Mutualismo
En el sector privado la reacción ante la ley fue dispar, tanto en lo vinculado a la organización de los recursos como a la respuesta de las usuarias y del equipo de salud.
En estos días se están procesando las primeras objeciones de conciencia de los médicos que por sus creencias u otros motivos personales no están dispuestos a recetar medicación abortiva. Algunas mutualistas tienen en su plantilla varios objetores (ver apunte). Pero por ahora ninguna debió contratar más ginecólogos.
En el Casmu, una de las instituciones más grandes del país, las consultas de mujeres interesadas en abortar ya eran “demasiadas” en las primeras 32 horas de aborto legal, según su presidente, Gustavo Bogliaccini. No quiso dar el número exacto de consultas recibidas hasta el momento. “Se va a aterrorizar”, expresó a El Observador. Relató que el primer día se enfrentaron con la dificultad de que los cuatro ginecólogos que estaban de guardia decidieron interponer su objeción de conciencia y no había quien atendiera las consultas.
Allí, como en varias instituciones consultadas, el cuello de botella para la instrumentación es la falta de asistentes sociales y psicólogos. Algunas mutualistas han contratado especialistas, otras planean hacerlo, y otras han redistribuido a los que ya tenían.
En la Española, otra de las instituciones de más afiliados, hubo nueve consultas en toda la semana, según informó su gerente general, Julio Martínez. La Médica Uruguaya, la mutualista más grande, no da información por el momento.
El gerente de Universal, Alfredo Invernizzi, informó que hasta ahora se procesaron 10 consultas de mujeres resueltas a abortar. Aclaró que aún no se llegó a concretar ninguna interrupción.
El director de Cosem, Álvaro Huarte, aseguró que allí hubo “pocas o ninguna consulta” para interrumpir embarazos. “Hay que ver la evolución de esto; es muy precoz todavía”, dijo a El Observador.
En las mutualistas que conforman la Federación Médica del Interior (FEMI) también hubo pocas consultas hasta ahora, según el presidente de la gremial, Edgardo Mier. “Nada explosivo ni preocupante”, opinó. Agregó que por ahora no han tenido dificultades en la implementación.
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